La carnetización de colombianos en Sucumbíos, emprendida por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), sirvió como fachada a un hombre de las FARC para moverse libremente en la frontera.

Un seguimiento hecho por Inteligencia en Sucumbíos, luego del bombardeo en Angostura, cuando murió el jefe de las FARC Raúl Reyes, devela que Fredi Ipólito Castillo Vicente era cercano a Ignacio Chauvín, ex secretario del Ministerio de Gobierno, miembro de la Aldhu y detenido por su amistad con los hermanos Oztaiza, imputados por comercializar droga de las FARC.

Castillo se convirtió en integrante activo de la Aldhu y realizó periódicos viajes a Puerto Nuevo, población fronteriza que limita con una zona dominada por el Frente 48 de la guerrilla. 

Según un informe de Inteligencia, al que este Diario tuvo acceso,  el pasado 1 de agosto los militares del destacamento  Cooper, ubicado entre Nueva Loja y Puerto Nuevo, registraron el paso de una camioneta Chevrolet D-Max blanca, de placas CBN-275.

En el vehículo iba Castillo junto a una comisión de siete personas, todos  identificados como integrantes de la Aldhu. Dijeron que iban a Puerto Nuevo para coordinar con las autoridades la creación de una oficina de DD.HH., para evitar que los militares  de Colombia ataquen al poblado (en el pasado se hallaron disparos y esquirlas de bomba en viviendas, así como personas heridas).

Según el registro del control militar de Cooper, donde rezan todos los nombres de los miembros de la comitiva, uno de los viajeros era Diego Marcelo Benítez Osejo,  quiteño, de 32 años.

Se identificó, según el registro, como Director de Asuntos Jurídicos de la Frontera Norte; ahora está detenido, involucrado en la operación Huracán de la Frontera, como abogado de Jooamy Ema, firma de Jefferson Ostaiza, quien enviaba droga de las FARC a México y a Estados Unidos, según una investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES).

En la comitiva también estaba,  según la bitácora militar,  Luis Alfredo Chauvín, hermano de Ignacio Chauvín, quien en la frontera era conocido como el ‘Comandante Nacho’ y antes de entregarse a la Justicia se declaró amigo de Raúl Reyes, con quien dijo haberse reunido   siete veces.

En agosto, la comitiva se reunió con integrantes de la Junta Parroquial de Puerto Nuevo, de forma reservada, hasta pasadas las 19:00. El informe de Inteligencia puntualiza otros desplazamientos de Castillo a Puerto Nuevo, quien abrió una oficina de la Aldhu en Nueva Loja para entregar carnés a los pobladores colombianos de la frontera.

Por ejemplo, el pasado 4 de mayo, el nexo de las FARC con Ecuador utilizó la misma camioneta D-Max blanca para transportar un cadáver desde la morgue de Nueva Loja hasta el sector Chone 1. Pasó por el destacamento de Cooper y adujo que ayudaba a la familia del fallecido.

Según Castillo, la Aldhu financió el féretro y cumplía una tarea humanitaria. El fallecido era Samario Bonilla Blandón, muerto con tres disparos en la cabeza.

En Cooper, donde se registró al menos siete veces el paso de Castillo,  los militares puntualizaron que el miliciano utilizaba la credencial de la Aldhu para evitar  la revisión del vehículo (la camioneta D-Max  blanca).

El  11 de noviembre, Castillo estuvo en un acto público junto a Ignacio Chauvín y  Juan de Dios Parra, secretario de la Aldhu. Los tres vistieron chaleco habano, con las siglas de la organización, y se reunieron nada menos que para recibir a un funcionario del Gobierno, el entonces viceministro de Defensa, Miguel Carvajal.

 Los cuatro se sentaron en la misma mesa, en Puerto Nuevo, para escuchar testimonios de los habitantes, sobre supuestos abusos por parte de los militares colombianos y ecuatorianos.
Este Diario buscó ayer las versiones de Carvajal, ahora ministro de Seguridad Interna y Externa, y de Parra. Pero en los dos casos  señalaron que estaban ocupados, pese a que sus asistentes conocieron que se buscaba su versión frente a la participación de Castillo en las tareas de la Aldhu.

Parra sigue en Quito

Juan de Dios Parra,  secretario de la (Aldhu), aún no abandona el país, como señaló el lunes.
El  presidente de  la República, Rafael Correa, firmó el Decreto 1582, que eliminó la inmunidad jurisdiccional de la Aldhu y sus exoneraciones tributarias; tras lo cual, la cúpula del organismo decidió mudar su sede a Montevideo, Uruguay.
Desde el fin de semana,  las oficinas de la Aldhu  en Puerto Nuevo y General Farfán están cerradas y no entregan credenciales a los colombianos. 5 000 documentos se han entregado.