Vinculado a la vigilancia electrónica y más específicamente con la cárcel electrónica, uno de los temas de gran debate actual a través de los distintos medios de comunicación, ha sido el relativo a las medidas sustitutivas (tema que abordaremos después), pues a los distintos niveles existen criterios diferentes sobre el particular.

Esta temática debería ser ampliamente analizada y discutida tanto dentro del sector público como privado y entre otros ámbitos en: las universidades, institutos de enseñanza media o secundaria, colegios profesionales, organizaciones civiles y a nivel de la sociedad en general, con el propósito encontrar puntos de coincidencia que permitan implementar una política sobre la materia que cuente con el concurso y aceptación de toda la sociedad hondureña.

Una de las cuestiones que a nuestro juicio debería implementarse o ponerse en vigencia en el país, es justamente la vigilancia electrónica, como ya ocurre en gran cantidad de países, pues justo es reconocer que la delincuencia no tiene fronteras y que hoy en día en el contexto de la globalización, los vínculos o contactos de quienes se dedican al accionar al margen de la ley, tiene un dimensionamiento extraterritorial. Pues bien, este mecanismo ha generado resultados positivos en otras naciones y lo positivo debe incorporarse a nuestro país y en función de nuestras limitaciones internas debemos dar ese paso sustantivo, que sin lugar a dudas sería apoyado por toda la ciudadanía.

La implantación de la vigilancia electrónica permitiría poder observar a quienes caminan por el casco urbano, por los centros comerciales, por barrios y colonias, complejos deportivos y por las inmediaciones de escuelas, colegios y universidades a través de un sistema de cámaras de seguridad que permitiría prevenir y detectar actividades delictivas a los distintos niveles, facilitando enorme y sustantivamente la persecución del delincuente, con la correspondiente sanción de su accionar al margen de la ley.

Un sistema instalado con tal propósito contaría con cámaras de vigilancia conectadas a monitores, que permitirían a la Policía identificar en tiempo y forma no sólo a los ejecutores materiales, sino a quienes intervengan en complicidad con los presuntos malhechores, en todo el casco urbano y en todos aquellos sectores que se consideren como estratégicos y de alta significación social con relación a la delincuencia.

De hecho, en algunas ciudades del país ya se ha iniciado esta dinámica y justamente en San Pedro Sula ya encontramos casos que signan una experiencia positiva en el combate a la delincuencia. Se torna una necesidad que la policía cuente que este auxilio valioso. Piénsese por ejemplo que la Dirección de Tránsito contará con cámaras/monitores cuando menos en los lugares más transitados y que hubiera una vinculación con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, lo cual permitiría por una parte, detectar al instante todo tipo de infracciones a la Ley de Tránsito y por otra, conocer de inmediato los datos del titular del medio de transporte. Ello originaría hasta la automática sanción de las infracciones cometidas, erradicando así todo tipo de nocivas influencias.

A pesar de lo que hemos señalado y de las significativas ventajas que se advierten, es admitido que este novedoso plan de vigilancia electrónica no resuelve del todo la delincuencia en ninguna parte del mundo, pero es una herramienta de gran utilidad, que busca la seguridad y tranquilidad de todo un pueblo, que cada día clama más seguridad. Ello reiteramos, se convertiría en una herramienta o instrumento de auxilio poderoso para la Policía Nacional, de lo cual se derivaría un protagonismo edificante, mismo que sería ampliamente reconocido y valorado por todo el conglomerado nacional.

No faltará quien en el ámbito nacional cuestione lo que aquí estamos proponiendo argumentando que ello violaría el principio constitucional que establece en forma clara y contundente el derecho a la privacidad; pero debemos tener en cuenta que su objetivo fundamental se centra en garantizar la seguridad del ciudadano (a), razón por la que en muchos países lo han implantado, con resultados positivos. Recuérdese que ya muchas instituciones tienen instalado tales sistemas, sobre todo las instituciones bancarias, lo cual ha permitido detectar en forma oportuna a los malhechores, propiciando que su antijurídico accionar no quede en la impunidad.

* Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.

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