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25/07/2002 | Corrupción e ignorancia en la salud argentina

Alfredo Lepredour

Primera Parte

 

INTRODUCCION 

La crisis que vive la Argentina tiene dos motores fundamentales, que van de la mano y la retroalimentan llevándola a esta situación terminal: la ignorancia y la corrupción.

Pese ha haber llegado a contar con un sistema educativo que fue el más destacado de América Latina y haber podido extender sus beneficios a amplios sectores de su población, la combinación sucesiva de períodos de autoritarismo y permisivismo que vive este país desde hace casi cuatro décadas, sumada al quiebre de los paradigmas que sostuvieron la vida en común han generado un deterioro significativo en la capacidad gerencial y dirigente y en el nivel de educación general.

En el ámbito público el abandono de la exigencia de idoneidad para ocupar cargos ha privilegiado otras aptitudes como la capacidad de generar recursos –‘hacer caja’-, mantener el statu quo –‘no hacer ola’- y satisfacer órdenes del jefe y pedidos de amigos y parientes –sumisión, amiguismo y nepotismo-.

En lo educativo tanto desde el autoritarismo de fines de los ’60 y principios de los ’70 como con el del proceso, como desde el permisivismo imperante en los ’70 y desde 1983, se destruyeron los valores, el concepto de respeto, de autoridad y de familia, y fundamentalmente el aprecio al conocimiento.

El autoritarismo introdujo el facilismo en la universidad, que el permisivismo llevó al resto del sistema educativo.

Este incremento exponencial de la ignorancia ha llevado a la generalización de prácticas perversas derivadas de la concepción de la salud y de la curación de la enfermedad como una función directa de la ingesta de medicamentos, permanentemente realimentada por una profesión médica cuyo ingreso está vinculado a ese consumo.

ANALISIS

El ministro de salud pública Ginés González García ha dicho que la Asociación Médica Argentina es un shopping de los laboratorios. A excepción de algunos ancianos y prestigiosos profesionales, el resto de los colegas del ministro han permanecido en sugerente silencio, avalando la gravedad de sus dichos.

La grave acusación del ministro estaría ligada al conflicto suscitado entre el gobierno y los laboratorios entorno a la prescripción obligatoria de medicamentos genéricos.

Se denomina así a los productos medicinales que se comercializan en función de los principios activos que contienen, por lo que los costos adicionales que genera el uso de marcas y el propio marketing no pueden ser absorbidos en el precio final.

Muchos países del mundo tienen organizados mercados de genéricos, entre ellos los Estados Unidos, España, Francia, Brasil, lo que redunda en significativas bajas de precio.

En el paper EL MERCADO DE MEDICAMENTOS EN LA ARGENTINA, Estudios de la Economía Real N° 13 del Centro de Estudios para la Producción de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, de septiembre de 1999, realizado por un equipo de la Fundación ISALUD, dirigido por Ginés González García se demuestra que “Al comparar los precios de los genéricos en los Estados Unidos con los precios de las copias en Argentina (genéricos con marca), en la mitad de los casos las copias argentinas son más caras que los genéricos norteamericanos.” p. 84 y 85.

Llama la atención que en el mismo paper se afirme que “La selección de los genéricos en Estados Unidos es muy rigurosa. Para los genéricos es necesaria una aprobación previa. La severa autoridad sanitaria de los EE.UU., la FDA, aprueba los productos genéricos y los califica en función de ensayos de bioequivalencia. Aquellos que demuestran fehacientemente que son “equivalentes” al producto de investigación original, reciben la calificación “A”, que quiere decir terapéuticamente equivalente. Si no lo demostró recibe una calificación “B”, que quiere decir que no está probado que sea terapéuticamente equivalente.”, mientras que la política de genéricos llevada actualmente adelante por el Ministerio de Salud no sigue estos lineamientos, por lo que generará controversias que podrán justificar su futuro reemplazo.

A esta combinación de ignorancia y corrupción aludió el periodista John Manlius Scott en su reciente nota ARGENTINE CORRUPTION DOMINATES INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, en la que cuenta que recién nombrado canciller Domingo Cavallo prometió al Departamento de Comercio de los Estados Unidos la pronta reforma de la ley de patentes de invención, pero que “Cavallo no era ningún experto en cuestiones de propiedad intelectual, a pesar de la atención internacional reciente que el tema había estado recibiendo. Él sabía, sin embargo, que la permanencia a largo plazo del gobierno heterodoxo de Menem dependía en parte grande del éxito de la cumbre de Bush-Menem, que estaba planeada en la ciudad de New York. Cavallo rápidamente ofreció a Hills la seguridad que la Argentina lo haría proximamente. Cuando, sus dos subsecretarios comerciales aconsejaron al antiguo asesor económico de la junta militar de la Argentina sobre el tema --Juan Sánchez Arnau y William Otrera--, ni uno ni otro eran reconocidos por su conocimiento o interés en las cuestiones de los derechos de propiedad intelectual.”

Agrega Scott que “Dado el vacío del conocimiento en el derecho de propiedad intelectual dentro de la administración de Menem, los laboratorios farmacéuticos importantes de la Argentina comenzaron un período de lobbying intenso. Alberto Roemmers (Roemmers) y Sebastian Bagó (Bagó) aceitaron sus cercanos lazos con la comunidad médica y élite de Buenos a Aires por medio de subsidios directos a varios periodistas. Otras dos estrellas ensamblarían la empresa de lobbying. Alberto Alvarez Saavedra (Gador) agregó sus habilidades emprendedoras al esfuerzo. Alvarez Saavedra se había enriquecido en la provincia natal de Menem, La Rioja, donde su padre -- informador de la inteligencia del ejército – estableció y explotó el único casino de la provincia y fundó un periódico incondicional en apoyo a las ambiciones nacionales de Menem. El segundo del staff era Hernán López Bernabó (Microsules-Bernabó), actualmente presidente de Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), persona con los lazos profundos y habituales con el actual presidente Eduardo Duhalde.”

El gasto total en medicamentos en la Argentina habría sido de 5.106 millones de dólares (1997), según González García. Para Laboratorios Phoenix, y a precio de salida de laboratorio, es decir sin IVA ni costos de comercialización, en el año 2000, las ventas ascendieron a 3.400 millones de dólares –dato consistente con el anterior- por la venta de 384 millones de unidades.

Las empresas argentinas se llevan poco más del 53% del mercado, correspondiendo el restante a las empresas extranjeras.

La Argentina tiene alrededor del 1,4% del mercado mundial de medicamentos y estaba entre el ranking 10 y 12 de dicho mercado.

Ante tales intereses en juego los industriales farmacéuticos argentinos para desarrollar su lobbying contrataron a Pablo Marón Challú, un dirigente político de bajo pérfil que había trabajado hasta ese momento como Analista Económico en Jefatura de Inteligencia del Ejército y que había sido Secretario de Comercio en la gestión de Erman González.

La gran batalla se centró en fortificar los vínculos con Eduardo Bauzá y Alberto Kohan –principales operadores del presidente Menem- y en el Congreso donde tarde o temprano habría que debatir la ley de patentes.

Humberto Roggero –entonces presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados- por el justicialismo, Juan Pablo Baylac por la UCR, y sucesivamente Federico Zamora de la UCeDé y Rafael Flores del Frepaso, se convertirían en los hombres clave de CILFA en el Congreso Argentino.

El modo de lograrlo es descripto así por Scott: “Los esfuerzos de CILFA de mantener en sus lazos a los políticos locales incluso llegaron al soborno abierto. Según un artículo publicado en un periódico de Buenos Aires, el diputado Claudio Sebastiani llegó a decir que $25 millones en pagos fueron hechos en la Cámara Baja. Además, varios diputados fueron llevados a un costoso viaje pago a los E.E.U.U. Incluyó una parada en Tiffany para elegir un regalo por parte de las compañeras ocasionales, las esposas, las amigas y las amantes, que viajaron con los legisladores.”

Así la ley de patentes se dictó cuando ya era inevitable en función de los compromisos ante la OMC y siguiendo la letra de los laboratorios argentinos, y sin mayores protestas de Terence Todman y James Cheek, más preocupados en su propio futuro. Tampoco los laboratorios extranjeros hicieron demasiado ya que –señala Scott- “Un interés similar (al de Todman y Cheek) fue demostrado por los encargados de los laboratorios farmacéuticos de los E.E.U.U., cuya misión única de sus ejecutivos durante los años en el timón de subsidiarios locales aparecía ser la de producir ganancias en el corto plazo. Éstos incluyeron un reparto vago de mercado entre CILFA y Cámara la Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), las contrapartes internacionales de CILFA, que permitieron a ambos establecer un cártel verdadero de medicamentos vendiendo al sistema público de salud, dando por resultado beneficios enormes para los miembros de ambas asociaciones.”

Mientras tanto se organizó en la Argentina el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, en reemplazo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sucesora a su vez de la Oficina de Marcas y Patentes.

Este organismo se erigiría en una pieza clave para el control de la situación, ya es el encargado de recibir los trámites de patentamiento, concederlos así como las autorización de comercialización.

Desde su origen, sus autoridades han respondido a los intereses de CILFA y fueron digitadas o por Roggero o por Baylac.

Norma Felix, una abogada del Instituto Nacional de Tecnología Industrial fue la primera en ocupar el cargo, impulsada por Roggero. Diversas irregularidades motivaron la intervención del organismo en 1999.

Pero la remoción de aquélla, no significó un cambio de régimen. Horacio Jaquenoud, un hombre de Roggero ocupó el cargo. Su gestión, dice Scott, “será recordada por las cenizas a que un incendio intencional redujo los pedidos de derechos exclusivos de comercialización” formulados por laboratorios extranjeros. Con él colaboró el ex diputado Federico Zamora.

El cambio de gobierno en 1999, motivo reemplazó de hombres, pero no de prácticas, las que se verían facilitadas por la exclusión del representante del Ministerio de Salud y el ascenso de Baylac al rol de vocero presidencial. Sendos amigos de Fernando de la Rua –Germán Voss- y de Raúl Alfonsín –Mario Trincheri- ocuparían el directorio.

Al igual que Jacquenoud, ninguno de ellos tenía conocimientos elementales del derecho de propiedad intelectual, las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, etc.

Según Scott “El INPI, mientras tanto, se ha convertido en un Caja de Pandora”-. Viajes al exterior “para la cual nunca ha habido una contabilidad pública de sus resultados o costes. El gasto superfluo en consejeros nunca fue contenido”, pese a las bajas de recaudación. “El gasto desenfrenado ha comprometido la impresión y la distribución del público oficial del boletín del instituto” y “su website está a la deriva”; “a pesar del hecho de que el personal que trabajaba para el instituto se ha triplicado desde su creación, debido a una tarifa del ausentismo de casi 60 por ciento.”

“La ignorancia manifesta de los derechos de propiedad intelectual” parecen ser la regla según el periodista norteamericano, que destaca el incumplimiento de la ley de confidencialidad y apunta que “Los escapes de la información son tan desenfrenados que la oposición a las varias peticiones del registro ha sido recibida por la oficina incluso cuando esas peticiones no se han hecho públicas.”

Voss y Trincheri lograron sobrevivir los primeros meses del gobierno de Duhalde, continuando las prácticas de sus antecesores, pero a principio de junio se les solicitó la renuncia.

Algunos creyeron ver la posibilidad de que se abandonaran las prácticas perversas que se venían desarrollando y que el juego de intereses espurios que dominó la institución desde su creación perdiera fuerza. Si bien Pablo Challú el gran arquitecto de la estrategia de CILFA había sido designado nada menos que Secretario de Defensa de la Competencia por el presidente Duhalde a comienzos de su gestión, al poco tiempo tuvo que abandonar el cargo por uno menor, lo que –no advirtieron los optimistas- no le quitaba el directo acceso al presidente que comparte con López Bernabó.

Los rumores de designación de personas del staff de Roggero era tomada con incredulidad por muchos que creían que la extrema debilidad del gobierno argentino le impediría seguir recurriendo a conductas de enfrentamiento con los Estados Unidos en el tema patentes y de evidentes lazos con la corrupción.

Scott da cuenta de esta situación cuando afirma que “Un líder sindical del INPI se lamentó tristemente en público” y afirmó “La embajada debe hacer algo. La embajada a la que él se refería, por supuesto, es la representación de los E.E.U.U. en Buenos Aires.”

La esperanza del trabajador estatal fue vana. Ni Jimmy Walsh ni sus colaboradores impidieron la continuidad los intereses en el INPI.

El 24 de junio en La Rioja se encontraron el presidente Duhalde y el ex presidente Menem. Más allá de los esfuerzos del ministro Mazkin y del secretario general de la presidencia Aníbal Fernández por el lado de Duhalde y de Alberto Kohan, Eduardo Bauzá y Eduardo Menem por el de Menem, quien los convocó objetivamente fue Alberto Roemmers. Roemmers es el laboratorio que maneja el 10,96% del mercado argentino, según el citado paper de Isalud.

Formalmente la reunión nada tenía que ver con los medicamentos. Simplemente y sin que les costara un peso, ya que lo hicieron con diferimentos impositivos, los Roemmers inauguraron en La Rioja una fábrica de aceitunas cuyo costo ascendió a $ 3.000.000.

A la semana siguiente Duhalde, el 2 de julio firmó el decreto N° 1148/02, designando al contador Mario Roberto Aramburu y al licenciado en economía José Luis Díaz Pérez como presidente y vicepresidente del INPI.

El currículum de Aramburu da cuenta de cierta especialización en energía y manejo de economías provinciales. Ha sido también asesor de Roggero. EL de Díaz Pérez el de un consultor de distintos organismos burocráticos.

En ambos casos la relación con la propiedad intelectual son los vínculos con Roggero. Suficiente certificado de aptitud para la ‘caja’. Con eso basta.

Las decisiones no las tomarán ellos ni ningún otro burócrata. Tampoco los diputados. Para eso están Pablo Challú y sus socios de CILFA.

Offnews.info (Argentina)

 


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