Es natural. ¿Quién quiere padecer lo que estamos viviendo aquí, si puede evitarlo? Sobre todo en un país como Estados Unidos, cuyo consumo de drogas es el mayor del mundo. Si la narcoviolencia estuviera en función del nivel de consumo de drogas que existe en cada nación —como sugiere la postura mexicana de que la lucha contra los capos se libra debido al consumo interno—, Estados Unidos viviría una situación de caos e inestabilidad similar o peor a la que prevalece en Irak o en Afganistán. Sin embargo, para fortuna de los estadunidenses, la violencia no es una función del consumo interno de drogas, sino de la estrategia elegida por los gobiernos. Y los estadunidenses, ni estando locos, aplicarían una como la de Colombia en los noventa o la de México ahora. Aprendieron bastante bien la lección arrojada por la amarga experiencia de la prohibición del alcohol, en los años veinte.

Así, nosotros retamos de frente a los capos con gran valentonería (“los estamos esperando”, les espeta Fernando Gómez Mont), con una estrategia que eleva la inseguridad, la violencia, el número de víctimas (también de ciudadanos no involucrados, incluidos varios menores), militariza las calles y carreteras, incrementa las violaciones a los derechos humanos, desprestigia al Ejército, debilita al Estado, proyecta una pésima imagen internacional y ahuyenta al turismo y la inversión extranjera. Pero no se traduce en la reducción del consumo de drogas, que continúa incrementándose. Mientras tanto, los estadunidenses van por un lado diametralmente distinto. En California, uno de los estados precursores de la despenalización de la mariguana con fines terapéuticos (aun para enfermedades como la migraña, la inapetencia o el insomnio), donde hay cultivos y tiendas legales de la hierba, se discute seriamente la posibilidad de dar un paso más en esa ruta, incluso para fines recreativos, lo que además permitiría extraer impuestos sobre el comercio de la yerba. En San Francisco, de hecho, ya hay operando cafés como los de Holanda, donde puede uno consumir diversos tipos de mariguana sin incurrir en un delito o infracción. Se estima que la industria de la mariguana en California genera de dos mil a tres mil millones de dólares. “Hay mucha gente haciendo gran cantidad de dinero”, comenta Richard Lee, dueño de uno de esos cafés para consumo de la yerba, además de ofrecer cursos en la Universidad de Oakseterdam sobre cómo cultivarla dentro del marco de la ley (CBS, 12/VII/09).

Por su parte, el legislador local Tom Ammiano impulsa una mayor liberalización de la mariguana, aplicando un impuesto de 50 dólares por 11, lo que podría generar ingresos al gobierno californiano de 1.5 mil a dos mil millones de dólares. Pero Rosalie Pacula, del Rand Drug Policy Research Center, considera que el impuesto debe ser menor (pues, en el mercado californiano, la onza de mariguana se cotiza en 150 dólares). De lo contrario, no se desincentivará el mercado negro de manera eficaz, pues los consumidores preferirían obtener de ahí los narcóticos, pero lo harían en el mercado legal y el alza del precio no es excesiva (de cualquier manera, los ingresos para el gobierno serían considerables). En cuanto al uso terapéutico de la mariguana, el doctor Donald Abrams, del Hospital General de San Francisco, comenta que esa yerba ha sido una medicina legal por siglos: “Sólo en los últimos 70 años ha dejado de serlo en este país”. Y abunda, “soy médico de cáncer. Cuido de pacientes que han perdido el apetito, tienen náusea, dolores, dificultades para dormir y depresión. Y receto la mariguana, que puede aliviar todos esos síntomas, como alternativa a cinco distintos medicamentos químicos que generan adicción. La mariguana, en cambio, no genera adicción”.

Se puede estar de acuerdo o no con la opinión de esos ciudadanos estadunidenses, pero el hecho es que, mientras allá se está discutiendo seriamente una mayor despenalización, se cultiva abiertamente ese estupefaciente y se compra con receta médica, nosotros nos estamos destrozando internamente en una estrategia radicalmente distinta de la que se sigue en Estados Unidos. Ese gobierno aplaude, evidentemente, que hagamos el trabajo sucio de este lado de la frontera y paguemos elevadísimos costos que allá se ahorran en su territorio. El zar antidrogas de EEUU, Gil Kerlikowske, nos propone dar rehabilitación a los consumidores y adictos, en lugar de enviarlos a la cárcel. Buena medida, que enfoca el problema como lo que es, de salud pública, en vez de convertirlo, como lo hemos hecho, en de seguridad pública y nacional. Y es que, ante el cuestionamiento sobre la eficacia de la actual estrategia contra las drogas en México, personeros del gobierno nos responden, para nuestra tranquilidad, que 90% de las víctimas son sicarios del narco o personas involucradas con los cárteles. Lo cual sería un alivio si no conllevara también los enormes costos sociales, económicos, de seguridad pública, derechos humanos, debilitamiento y desprestigio de las instituciones (incluido el Ejército), así como los crecientes riesgos para la seguridad nacional. Y todo ello afecta al conjunto de la sociedad, y no sólo a los miembros de los cárteles.

EEUU aplaude que hagamos el trabajo sucio de este lado de la frontera y paguemos elevadísimos costos que allá se ahorran.