Prueba número uno: reconozca este paisaje. Una campiña floreada con un pueblo pintoresco que produce el mejor champagne del mundo. En el centro una central nuclear. ¿Qué es? El departamento de Ardenas, al norte de Francia, que elabora el célebre espumoso.
Prueba número dos: elija entre estos supuestos. Pagar 1.000 euros al año de factura eléctrica procedente de energía solar (o eólica) o pagar 100 si el origen es de una central nuclear. Difícil elección, ¿no?
Esto que parece una partida de trivial, son en realidad algunos de los parámetros que rigen la política energética de España. El objetivo es compartido, tener un suministro energético fiable que no dependa del exterior. Los caminos que llevan a él, lo son menos. ¿Dónde situamos las centrales? ¿Cuánto estamos dispuesto a pagar por la electricidad dependiendo de la fuente energética de la que provenga?, y sobre todo, ¿cómo articulamos un sistema que custodie con la máxima seguridad el combustible gastado?
En España se generan residuos radiactivos en la producción de energía eléctrica así como en distintas ramas de la industria, la medicina o la investigación. De la duración de la actividad de sus isótopos radioactivos depende la forma en la que deben tratarse y procesarse estos residuos.
Los de baja y media actividad —componentes contaminados que en menos de 30 años reducirán su radiactividad a la mitad— tienen resuelto el problema de su almacenamiento. La instalación de El Cabril (Córdoba) tiene capacidad suficiente como para cubrir el total de las necesidades actuales de este tipo de materiales. El problema llega a la hora de gestionar los residuos con elevados niveles de contaminación.
ATC: el proyecto que no llega
La estrategia para resolver el rompecabezas de los materiales de alta actividad viene plasmada en el VI Plan General de Residuos Radioactivos. La solución se llama ATC –Almacén Temporal Centralizado—. Su misión es la de custodiar el combustible gastado de todas las centrales nucleares españolas.
La idea que más ha sonado durante años para ponerlo en práctica es la de un almacén geológico profundo, sellado y vigilado. En la superficie se proyectaría un centro tecnológico de investigación para Enresa y un parque empresarial. Con una inversión prevista de más de 500 millones de euros y en plena recesión económica, sobran los motivos para desarmar los argumentos ecologistas y el casting de municipios se prevé surtido. Dinero y cientos de empleos. Un regalo para cualquiera. Sólo le falta el lazo.
El Gobierno tiene previsto sacar a concurso después del verano la convocatoria para las administraciones locales interesados en albergarlo, pero no es la primera vez que lo hace.
En 2006 el Ministerio de Industria abrió un periodo de consultas para todos aquellos municipios que quisieran recibir información de los requisitos necesarios para postularse como candidatos. A la luz de las peticiones recibidas, el Ministerio que ahora dirige Miguel Sebastián auguraba una avalancha de aspirantes.
Centrales saturadas
Entonces otro factor indicaba que el impulso final estaba a un paso. Varios informes advertían de que la saturación de las piscinas de almacenamiento de combustible nuclear gastado de alguna de las centrales nucleares españolas podría llegar a ser un problema a partir de 2010. Era urgente empezar a organizar la gestión de los residuos radioactivos de alta actividad mediante el ATC y desde todos los ámbitos se señala que es una opción mucho más rentable y segura, que el mantenimiento de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en cada una de las centrales españolas, tal y como está desarrollado el modelo actual. Uno es más fácil de controlar que diez diseminados por todo el territorio. Y mucho más fiable. En el mismo sentido se ha expresado en reiteradas ocasiones la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten.
Pero el baile de ministros —Montilla dio paso a Clos y éste a Sebastián en menos de dos años— paralizó de nuevo el proyecto. Desde entonces todos los departamentos, instituciones o responsables implicados han ido pasándose una pelota con mensaje oculto. Si para 2010 no existe una forma operativa de almacenar los residuos radioactivos de alta intensidad (los que proceden de combustible gastado), España deberá pagar casi 50.000 euros al día para que le guarden la basura. La cifra no asusta, es horrenda. Escalofriante. Asciende a 17.280.000 millones de euros al año, un poco más si es bisiesto y descontando el aumento de la inflación. Una factura cara para las mermadas arcas españolas, que pasará por el bolsillo del contribuyente vía recibo de la luz.
El contrato suscrito con el grupo estatal francés de tecnología nuclear Areva contempla la vuelta a España de residuos nucleares de alta actividad procedentes del reprocesado del combustible de la central de Vandellós I. En 1994 fueron enviados a Francia para que fueran gestionados por la empresa estatal. El acuerdo costó 250 millones de euros y estipulaba su recuperación en 2010 para su tratado en España o la multa ya nombrada.
Conseguir que la empresa estatal francesa perdone esa penalización requeriría de mucha persuasión gubernamental y no es ni de lejos comparable con pedirle a Sarkozy una silla prestada para asistir al G-20. Por lo que todo indica que españa tendrá que desembolsar los casi 18.000.000 millones de euros (más inflación).
Por otra parte, unos 600 kg de plutonio y 100 toneladas de uranio enviados a Gran Bretaña por la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña deberán hacer también el camino de retorno a casa entre 2008 y 2011. Afortunadamente en este caso, el contrato es prorrogable. Resta saber a que precio está ésta moratoria.
El combustible gastado de la central burgalesa, Iberdrola y Endesa (propietarias de Garoña) tienen un contrato firmado con British Nuclear Fuels que se hace cargo por unos 300.000 euros al año del material radioactivo. La razón de este precio es que para la empresa inglesa, ese material aún puede ser reprocesado por lo que tiene todavía valor.
«El ATC es un sueño para el sector nuclear español. Sólo unos pocos países tienen uno», afirman desde una importante empresa del sector. Efectivamente siete vecinos europeos (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Reino Unido, Suecia y Suiza), además de Rusia y EE.UU., disponen ya de un almacén para albergar por una largo periodo de tiempo los residuos más peligrosos.
Ya no hay tiempo
Este año debería decidirse el emplazamiento. De nuevo el sueño se puede tocar con la punta de los dedos. Sin embargo es tarde. La dejadez del Gobierno español y su tardanza en decidir en un tema tan crucial «han provocado que incluso aunque el almacén comenzara a construirse mañana mismo no estaría listo para hacer frente al compromiso con Areva. No queda otra salida que pagar la penalización», afirman fuentes cercanas al sector. Aunque se acometiera la obra este mismo año, el plazo para tenerla lista no bajaría de los cuatro años.
El progresivo cierre de las centrales nucleares pretendido desde Moncloa no sólo obecede a consignas ideológicas por encima de razones económicas o estratégicas, sino que entrañan un propósito secundario. Si no hay centrales, no hay combustible gastado y por tanto no hay que buscar un emplazamiento que los custodie ni pagar cifras astronómicas porque otros carguen con él. Por eso Garoña ya no es una central nuclear. Es el símbolo de lo que queremos para el futuro.
