No obstante, hay que reconocer que la focalización es un paso en la dirección correcta cuando el subsidio representaba un costo de $145 millones al Estado, en una coyuntura en la que el ahorro fiscal es determinante para el crecimiento económico de nuestro país.

Además del aumento del gasto público, el subsidio ha tenido como consecuencia delitos de contrabando en la región, desperdicio del recurso al fomentar mayor consumo, y la pérdida de creatividad en la búsqueda de otros recursos sustitutos. Un subsidio mal focalizado es un problema en un país donde hay tantas otras necesidades apremiantes de pobreza. Como tantos otros subsidios, al volver a los ciudadanos dependientes de la ayuda, el subsidio al gas no arregla el problema, más bien lo perpetúa, ya que el dinero usado para el subsidio podría ser invertido en políticas que incentiven la creación de riqueza para los ciudadanos más pobres, que ya no tendrían que depender de la ayuda.

Uno de los aspectos más criticados del nuevo sistema de asignación de asistencia diseñado por el gobierno, es el tiempo que tomará a los beneficiados dirigirse a las instituciones que devolverán en efectivo la diferencia entre el precio real del gas y el precio subsidiado. No obstante, este aspecto puede ser una ventaja, puesto que ayudará a excluir del beneficio a aquellos que no se encuentran en una necesidad que justifique la inversión de tiempo para conseguir la asistencia.

Lo anterior es especialmente relevante, ya que a pesar de los ejercicios de focalización hechos por el Ministerio de Economía, aún el 70% de los hogares continuará gozando de los beneficios de la asistencia social. Según datos de 2009 (DIGESTYC), la población en situación de pobreza en el país es del 37,8%, y los hogares en condición de pobreza extrema, son el 12%. En ese sentido, una focalización más afinada debería velar por que los beneficios sean recibidos exclusivamente por esos hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, que no son el 70% de los hogares salvadoreños.

Muchos actores políticos han aprovechado la situación para obtener popularidad electoral, brindando su apoyo para mantener las condiciones del subsidio, olvidando que ya que el fin de los subsidios es ser una herramienta de apoyo para grupos de pobreza extrema o con alta vulnerabilidad, estos deberían ser temporales, pues su propósito es que los grupos vulnerables salgan de ese estado, y no perpetuarlos en el mismo. Las intenciones de estos grupos políticos son entendibles: cuando FUSADES recomendó la focalización durante pasadas administraciones, el ex presidente Saca se negó, diciendo que quitarlo sería “incendiar” el país.

La administración de Saca mantuvo el subsidio, entre otros gastos públicos de similar estructura, y sin embargo, no redujo la pobreza (la pobreza pasó de un 31% a un 40% de la población, y la extrema pobreza de un 10 a un 12%). Saca culminó su periodo presidencial con una aprobación de más del 50% de la población. Lo anterior prueba que la mayoría de veces, los subsidios son más beneficiosos para los gobernantes que para los ciudadanos. Al final, terminan siendo reducidos a un intercambio: se cambia ayuda por votos, y no como un mecanismo para potenciar el desarrollo y eliminar la pobreza.

Cristina López es Licenciada en Derecho, columnista de El Diario de Hoy y Directora Ejecutiva de CREO (http://www.creo.org.sv/).

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 9 de enero de 2011.