La crisis del VRAE ha sido respondida con propuestas levantadas por prominentes fujimoristas que integran el actual gobierno. El almirante Luis Giampietri pide declarar zona de combate el VRAE, desplazar a la población y bombardear 12 mil kilómetros cuadrados de territorio –caiga quien caiga–. Por su parte el ministro Rafael Rey pide abrir el VRAE a la instalación de bases militares de EEUU, extendiendo el Plan Colombia al país. Ricardo Soberón nos recuerda que la presencia norteamericana en el VRAE ya existe con el beneplácito del gobierno aprista, a través de “una gran cantidad de ingenieros del Comando Sur de EEUU que han ingresado a esa zona en los últimos años en el marco de la operación Nuevos Horizontes”.

Soberón recuerda que éstos han tomado parte en más de diez acciones militares en los últimos años en Huanta, Huamanga, Pichari, Palmapampa, donde han realizado labores de inteligencia. “Actualmente –añade– se está construyendo, a petición de EEUU, un centro de inteligencia que está al lado de la base militar de Pichari” (“Propuestas de Rey y Giampietri favorecen a Sendero”, La primera, 7/9/09). La presencia de tropas extranjeras en el país tendría consecuencias muy graves, y una proposición así no puede levantarse a la ligera para encubrir a ineptos.

Los otros dos hechos que muestran que estamos ante un tema crecientemente preocupante tienen que ver con dos dirigentas políticas de distinta filiación. En primer lugar, la detención de Max Caller, un ex asesor de la congresista Nancy Obregón, mientras transportaba 140 kilos de droga. Por cierto, este hecho no implica que la congresista sea responsable de las acciones de su ex asesor pero, dada su condición de representante de los cocaleros, el tema es serio y tiene que ser completamente esclarecido. El otro es la aceptación de Lourdes Flores Nano de la presidencia del directorio de la compañía aérea Peruvian Airlines, propiedad de César Cataño, quien está siendo investigado por el presunto delito de lavado de dinero. Nuevamente, se trata de un tema muy serio. Lourdes Flores ha desestimado las acusaciones que pesan contra su patrón, incluyendo las que afirman que éste cambió de identidad para escapar a una investigación por narcotráfico, y ha dicho que pondría las manos al fuego por él.

Lourdes Flores ha asumido una enorme responsabilidad, puesto que el Reniec canceló el DNI de Cataño el 3 de agosto último (resolución 2237-2009/SGD/GRI/RENIEC), por haber sorprendido a las autoridades de esta institución. El Reniec ha dispuesto que Adolfo Carhuallanqui Porras no podrá usar más el nombre de César Ricardo Cataño Porras, que usó durante los últimos 25 años.

El Reniec afirma además que Carhuallanqui-Cataño cambió su identidad en 1984 dos veces, adulterando los nombres de sus progenitores y su fecha de nacimiento. Un año antes Carhuallanqui había sido comprendido en un proceso por tráfico de drogas junto con su madre doña María Porras (“Al destape: Revelan pasado de César Cataño Porras”, El Comercio, 5/9/09). Si a esto se añade las contradicciones en las que Carhuallanqui cayó en el programa televisivo de César Hildebrandt, declarando utilidades por 10.5 millones de dólares y el pago de impuestos por 30 millones, hay bastante que investigar.

Quizá Lourdes Flores haya decidido retirarse de la política a la actividad privada, pero sería una pena que termine empañando una trayectoria de limpieza reconocida por todos.