La dramática situación que ha vivido la ciudad brasileña de Río de Janeiro este fin de semana ha puesto de manifiesto que las facciones criminales, cuando se lo proponen, siguen teniendo la capacidad de sembrar el pánico en la ciudad más turística del país. El más reciente capítulo del enconado conflicto armado entre narcotraficantes y agentes policiales se extendió por varios puntos de la zona norte de la ciudad y se saldó con 14 muertos, ocho heridos, ocho autobuses incendiados y un helicóptero de la Policía Militar derribado a tiros desde una favela.

Ante la gravedad del conflicto, el Gobierno de Río reforzó la seguridad en las calles con 2.000 policías adicionales, activó la alerta máxima en los cuarteles y suspendió los días de descanso de todos los agentes.

Se sabe que las organizaciones criminales cariocas no tienen disciplina interna ni una organización creíble frente a una de las policías mejor entrenadas del planeta en el pantanoso terreno de la guerrilla urbana.

Sin embargo, grupos delincuentes como Comando Vermelho o ADA (Amigos Dos Amigos) continúan fuertemente armados, algo que les otorga un poder de fuego que preocupa sobremanera a las autoridades cariocas, principalmente de cara a los Juegos Olímpicos de 2016.

La circulación irregular de armas, íntimamente ligada al tráfico de drogas, es una de las facturas pendientes en una ciudad donde los narcos se jactan de tener acceso a armamento antiaéreo.

La ONG Viva Río presentó el pasado jueves en Brasilia un preocupante informe en el que se pone de manifiesto que el control de las armas de fuego que circulan en Brasil es aún muy precario.

Crimen armado

"En general, el país va muy mal", confirma Antônio Rangel, uno de los coordinadores de la investigación. "En el fondo, sigue existiendo una simpatía de los sectores atrasados de la sociedad brasileña hacia las armas. Una simpatía que no cuestionamos, porque están en su derecho de que les gusten las armas. Sin embargo, como ciudadanos no tienen el derecho de ignorar que el crimen en Brasil es un crimen armado, letal. Ésta es la diferencia entre la violencia brasileña y la de cualquier otra sociedad", resume el sociólogo, especialista en violencia y armamento.

En términos absolutos, Brasil es el primer país del mundo en número de homicidios provocados por arma de fuego. Si se toman como parámetro los homicidios por número de habitantes, la situación sólo es peor en El Salvador, Venezuela y Suráfrica. Según la investigación, el problema radica en que buena parte de las armas incautadas por las fuerzas de seguridad regresa tarde o temprano a las manos de los narcotraficantes.

Esto se debe al elevado nivel de corrupción instalado en la Policía Militar. No existen depósitos centrales de armas, ni bancos de datos mínimamente fiables y, lo más grave, tampoco existe voluntad política para mejorar la situación.

Paradójicamente, el informe de Viva Río pone de manifiesto que Río de Janeiro es, tras el Distrito Federal, el Estado brasileño que actualmente ejerce un control más eficaz del armamento y las municiones que circulan por sus calles. No obstante, el dato parece no tener un reflejo en los niveles de violencia con armas de fuego, que siguen siendo alarmantes, como se ha comprobado este fin de semana.

17 millones de armas

Según datos del investigador Pablo Dreyfus, desaparecido en el reciente accidente aéreo del Airbus de Air France, en Brasil circulan 17 millones de armas de fuego, de los cuales el 90% está en manos de la sociedad civil, legal o ilegalmente.

El dato es preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta el submundo del crimen han llegado 3,9 millones de esas armas, el 86% de fabricación brasileña. De esta manera, el informe de Dreyfus tira por tierra las teorías que insisten en que los narcos se nutren de fusiles y pistolas provistas por el tráfico internacional.

La infructífera política represiva aplicada tradicionalmente por las autoridades de Río de Janeiro para controlar la situación en las favelas ha experimentado un giro radical durante el último año. La puesta en marcha de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que ya están presentes en las favelas Dona Marta, Jardim Batam, Cidade de Deus, Babilônia y Chapéu Mangueira, ha supuesto un rayo de luz en la difícil gestión de la seguridad pública en Río. El proyecto está cosechando sus primeros frutos y estas comunidades, que vivían bajo la tiranía del crimen, respiran ahora un cierto clima de tranquilidad y distensión.

El pasado viernes, la prensa local se hacía eco de un curioso dato: el cónsul general de EE UU en Brasil y ex consejero político del comandante general de las tropas estadounidenses desplegadas en el este de Afganistán, Dennis Hearne, visitó la unidad pacificadora desplegada en Dona Marta. Ante los periodistas, el diplomático no confirmó ni desmintió que su presencia en la favela pueda estar relacionada con la posibilidad de exportar el modelo carioca al conflicto afgano, enquistado desde hace años.