Los casos más radicales de legislación contra el aborto se dan en Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana donde no se puede abortar aún cuando la vida de la madre esté en peligro. En Nicaragua el cambio es reciente aún cuando es un gobierno de izquierda. Una historia similar es la de Uruguay donde el presidente Tabaré Vázquez decidió vetar una ley de plazos (similar a Europa, Estados Unidos o la ciudad de México), cuando 60% de la población y ambas cámaras apoyaban la iniciativa. En Colombia y Argentina se permite el aborto para situaciones de violación, malformación del feto y riesgo de vida de la madre pero hay reportes de grupos feministas de que se niega el servicio o no se informa a las mujeres de su derecho a decidir.

Esta breve investigación nos da perspectiva sobre qué tan similar o distinta es la situación en México. Es más, nos lleva a entender mejor lo que ha venido en poco la mitad de las legislaturas de los estados del país, al reaccionar en contra de posibles iniciativas de despenalización del aborto, como una manera de prevenir lo que sucedió en la Ciudad de México en 2007, fecha en que se despenalizó el aborto. De manera poco pública, pero para los preocupados por el tema muy escandalosa, alrededor de 16 legislaturas de diversos estados del país han tomado medidas para endurecer las penas a mujeres que decidan abortar.

A diferencia de muchos lugares en América Latina, el debate en México se abrió durante la pasada elección federal, un partido político que intentaba lograr su registro, el Partido Social Demócrata, hizo del tema una de sus banderas de campaña. Por ello es posible analizar el tema como política pública y como propuesta de campaña.

Mientras en otros temas de campaña de la pasada elección la opinión pública se movió, en mayor (pena de muerte) o menor medida (como despenalización de consumo de drogas), en el caso de despenalización del aborto la predisposición del ciudadano no cambió. En lo que se consideran las causales que actualmente permiten el aborto legalmente como violación (56%), peligro a la vida de la madre (65%) o malformaciones del feto (60%) los niveles de acuerdo son bastante claros. Sin embargo, cuando se esgrimen “carencia de recursos económicos” (74%) o “proyecto de vida de la madre y su derecho a decidir” (78%) no hay aceptación y son francamente rechazadas.

La única perspectiva con la que se admite más el aborto, y aquí sí se registra un cambio a favor en el Distrito Federal, es cuando se le considera sin condicionantes. Es decir, cuando se le plantea a la población si se puede interrumpir el embarazo en un plazo que no supere las 12 semanas, el porcentaje de aceptación supera al de rechazo y tiende a la alza (52% vs. 39%). Este incremento, aunque ligero (6%) se ha observado en los últimos dos años en que se legisló en la Ciudad de México. Si esta tendencia se mantiene se podría argumentar, a diferencia de lo que la Iglesia sugiere, que la población no rechaza el aborto en sí mismo, es sólo que su opinión está condicionada por lo que hoy es ley.

Al comparar la situación con América Latina, cambios legales y de opinión en México-país y México-ciudad, tenemos una mejor perspectiva. Da la impresión que fuera de la Ciudad de México, donde la ley es similar a la cubana, europea o estadounidense, el resto del país se parece más al resto de América Latina, donde hay un endurecimiento de legislaciones o prácticas antiaborto.

Lo cierto es que para bien del país, ha habido apertura y debate público en el tema. Aunque es probable que este debate no debería de parar sólo porque las campañas electorales terminaron. Tal vez sería sano darlo de manera más abierta. Por ejemplo, algunas de las legislaturas locales podrían exponer en qué términos plantean la discusión del tema, si consideran que es un tema moral o de salud pública, como se hizo en la Asamblea del Distrito Federal en su momento. Claro con la convicción y esperanza de que éste no sea otro de esos temas que nos dividan como sociedad.

**Director de Parametría