Los datos difundidos dan cuenta de un aumento de más de 900.000 empleados estatales en los últimos siete años, pasando de 2.182.000 a 3.130.000, una suba del 40%. Las cifras son más que alarmantes, dado que clarifican en que se han gastado (y continuarán gastándose), los cuantiosos recursos que recaudan los Gobiernos nacionales, provinciales y municipales.

Las cifras son elocuentes y traen a colación diversas interpretaciones y conclusiones sobre un fenómeno que la Argentina ya vivió, y en que cierto sentido todo indica que volverá a repetirse. Una primera aproximación se da en el sentido de refutar una de los supuestos puntos fuertes del modelo kirchnerista: la recuperación y creación record de puestos de trabajo desde el 2003 y que permitió bajar la tasa de desempleo de más del 26% al 8% que informa el INDEC.

La cuestión es que buena parte del empleo creado se verificó en el sector público, actuando como un virtual seguro de desempleo, ya que a priori no se encuentran demasiadas justificaciones para contratar semejante cantidad de empleados en un Estado que no sólo no ha ampliado sus funciones, sino que las realiza de una forma ineficiente. Salvo las estatizaciones (que solo representaron un 3,3% del total de los nuevos cargos públicos), los bienes y servicios que el Estado presta siguen siendo los mismos.

Esta situación es similar a la vivida a fines de los ochenta, caracterizada por un empleo público desbordante, sobre todo en las empresas estatales, y que “garantizaba” que la tasa de desempleo se mantuviera en un dígito. En ese sentido, el estudio de FIEL sostiene que si el número de empleados estatales se hubiera mantenido constante el desempleo sería del 16,6%.

Y si el número de empleos públicos creado se guiase por el crecimiento de la población, la desocupación se ubicaría en el 12,8%. A todas luces, el “real” desempeño en materia de creación de puestos de trabajo en los últimos años se parece más a un mito que a un logro brillante.

Por ello no debe extrañarnos que la situación actual sea calificada de “ochentista”, en cuanto a tener un Estado despilfarrador que debe acudir a la emisión monetaria para seguir financiando altísimos niveles de gasto público record (42% del PBI), un record histórico que sin duda se le debe reconocer al kirchnerismo.

Este dato es de sobremanera preocupante, ya que la cifra es mayor que la de países como España y cercana a la de Francia. La diferencia es que en esos países la gran mayoría de la población no debe contratar educación, salud y seguridad privada, lo que deja en evidencia la completa ineficiencia del gasto argentino y su fuerte peso sobre la sociedad.

En concreto, hoy un 21,2% de los ocupados trabaja para el Estado, cuando en el año 2002 la cifra era del 18,6%. En las nombradas España y Francia ronda el 22%, mientras que en Noruega y Suecia, dónde el Estado brinda casi todos los servicios, la proporción es del 28%. Hacia allí vamos en cuanto a la cantidad de empleos públicos, pero por cantidad y calidad en prestación, el camino es decreciente.

Continuando la comparación con los años 80, es evidente que en algún momento esta cuestión deberá ser abordada y resuelta, si es que se quiere encontrar una solución de fondo a funcionamiento del Estado argentino. Pero el panorama no es alentador, ya que, como antecedente en el tema, en su momento el gobierno de Menem contaba con la ventaja de apuntar contra los ñoquis de las corruptas e ineficientes empresas públicas, sobre todo YPF y los trenes.

Actualmente, y salvo el caso de Aerolíneas, no se podrá volver a invocar aquella razón. El desafío que tendrá el próximo gobierno en ésta materia será de gran magnitud y las salidas no son muchas. Una de las reales y verdaderas herencias de los Kirchner está a la vista; las soluciones, aún no.