De cumplirse lo dicho por las fuentes iraníes, el régimen de Teherán cede en principio a la presión internacional, pero sólo en parte, ya que sigue condenada a muerte. Amnistía Internacional (AI), que lleva a cabo una campaña de firmas para salvarla, asegura que en el comunicado del Gobierno iraní sólo se dice que no va a ser lapidada pero no menciona que vaya a conmutarse su pena de muerte, por lo que puede ser ejecutada "en cualquier momento". El método de ejecución más usual en Irán es "el ahorcamiento", añade AI.

La sentencia a muerte por lapidación para Ahstiani, de 43 años y madre de dos hijos, implicaba ser enterrada hasta el pecho y golpeada hasta la muerte con piedras que no sean tan grandes como para matarla de forma instantánea ni tan pequeñas que no le causen daño, tal como establece el código penal de la República Islámica.

"No hay pruebas en su caso que justifiquen esta sentencia inhumana", denunció la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, la primera en dar la voz de alarma. La campaña respondía al llamamiento del abogado de Ashtiani, Mohammad Mostafaeí, quien, agotadas todas las instancias, difundió el caso en su blog. Desde entonces,  Amnistía y Human Rights Watch, entre otras, se han sumado a la movilización internacional pidiendo su perdón.

El código penal vigente en Irán desde la revolución islámica de 1979 establece la lapidación para los adúlteros, pero de acuerdo con esa polémica interpretación de la sharía (ley islámica), el delito debe probarse por la confesión repetida del acusado o el testimonio de cuatro testigos varones (o de tres hombres y dos mujeres). El ayatolá Mohammad Ebrahim Yannati asegura que no hay base religiosa para ese castigo.

Ashtiani había sido condenada con anterioridad a 99 latigazos por "relación ilícita" con el presunto asesino de su marido. Sin embargo, otro tribunal reabrió el caso y decidió que dicha relación se había producido en vida del finado, por lo que constituía "adulterio", a pesar de carecer de testigos. En el juicio, la mujer se retractó de la confesión que hizo durante el interrogatorio porque dijo que había sido coaccionada. Desde entonces ha negado la acusación y pedido clemencia. Además, según su abogado, tiene dificultades para entender el persa, porque pertenece a la minoría azerí que habla un dialecto turco.

Según Amnistía, "las circunstancias que rodean el caso de Ashtiani no son la excepción, sino la regla en Irán", donde al menos otras ocho mujeres y tres hombres corren el riesgo de ser lapidados. Como resultado del diálogo con la UE, el poder judicial decretó una moratoria de esa pena en diciembre de 2002. Igual que otros avances conseguidos durante el mandato del reformista Mohamed Jatamí, no se convirtió en ley. Así que se han seguido pronunciando veredictos de lapidación y los jueces más conservadores las han ejecutado. El último caso conocido se produjo en enero del año pasado en la ciudad de Mashhad.