La frontera entre Oaxaca y Chiapas se ha convertido en un foco rojo ante la ola de delincuencia generada por diversas bandas guatemaltecas ligadas a Mara Salvatrucha.

El Instituto Nacional de Migración urgió la aplicación del programa “México Seguro” en la zona, donde en este año se ha registrado más de una docena de ejecuciones.

Según la versión del subdelegado estatal del INM, Jesús Tobilla López, algunos integrantes de la Mara Salvatrucha logran abordar el ferrocarril Chiapas-Oaxaca/ Mayab para cobrar una cuota a los ilegales centroamericanos que intentan llegar a la frontera norte entre México y Estados Unidos.

Los indocumentados pagan hasta con su vida la cuota impuesta por los pandilleros de la Mara Salvatrucha, quienes amenazan con arrojarlos del ferrocarril en movimiento.

Tan solo en este año, las autoridades estatales han encontrado más de una decena de cadáveres, al parecer de presuntos indocumentados que son obligados abandonar por la fuerza el ferrocarril.

Los cadáveres presentan además de varios golpes en diversas partes del cuerpo, el tiro de gracia.

Juan Bermúdez, de 19 años y originario de Guatemala relata haber sido testigo de la muerte de su primo Rubén, quien tras recibir un disparo en la cabeza fue arrojado del ferrocarril, ya que no tenía dinero para cubrir la cuota de transporte que han impuesto los miembros de la MS13 en el tren.

“Yo corrí con suerte por que alcance a pagar dos mil 500 pesos mexicanos, además de que dejé una cadena de oro y un reloj que me regaló mi padre antes de salir de mi natal Guatemala”.

Bermúdez trabaja en Ciudad Ixtepec como mesero de un bar donde espera ahorrar lo que le hace falta para seguir su camino en busca de la frontera norte.

Admite que se conforma con llegar a Tijuana, donde tiene un tío que le ofreció trabajar en un tabledance de esa ciudad.

Los integrantes de la Mara Salvatrucha, cobran a inmigrantes o polleros mil 500 pesos por persona que quira subir al tren.

Las ganancias permiten a los pandilleros rentar casas de seguridad, adquirir armas y equipos de comunicación, como radios de alta frecuencia y celulares.

Los fondos recaudados además les sirven para mantener a miembros de la banda presos o para pagar su libertad.

Según las autoridades del INM los pandilleros burlan la autoridad al confundirse entre los inmigrantes, ya que tienen la consigna de no tatuarse.

El funcionario del INM reconoce que México es un “paso obligado” de pandilleros centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

“Nosotros somos un país de paso de los pandilleros y eso nos afecta, porque al cruzar el territorio mexicano pueden contaminar nuestra sociedad”, apuntó el funcionario

Los indocumentados también son víctimas de la complicidad de empleados de la empresa ferrocarrilera Chiapas-Mayab y de agentes de la Policía Ministerial, quienes en ocasiones los asaltan y despojan de sus prendas y pertenencias.

En la ciudad de Oaxaca la presencia de la Mara Salvatrucha es menor, reconoce el director de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas.

Indicó que esa corporación policiaca sólo cuenta con información del tránsito de esa banda por el territorio estatal, pero que no se tiene registro que hayan establecido un centro de operaciones en la entidad.

“Hay grafitis que hemos detectado y que borramos, los cuales no han vuelto a ser pintados, eso nos señala que no hay Maras en Oaxaca, ya que las pintas de los graffitis es para delimitar su territorio”

También policías
La subprocuraduría de Asuntos Internos en la PGJ ha iniciado al menos 17 investigaciones internas para lograr la detención de diversos agentes de la Policía Ministerial, quienes han asaltado el ferrocarril Oaxaca/ Chiapas/Mayad, extorsionando a grupos de presuntos ilegales que se trasladaban a la capital del país.

La procuradora, Patricia Villanueva reconoció que hasta el momento, solo tres agentes de la Policía Ministerial de Oaxaca han sido consignados ante un juez, acusados de estos ilicitos.

Los uniformados, portando uniforme y placa detuvieron el paso del ferrocarril Oaxaca/Chiapas/ Mayab bajando a sus ocupantes, la mayoría indocumentados, a quines dejaron en libertad tras exigirles 200 pesos a cada uno.

Según el delegado regional del INM, Jesús Tobilla, en el transcurso del año se han recibido hasta 200 quejas contra agentes de la policía estatal, que han sido señalados de presuntos actos de extorsión contra ilegales centroamericanos.

Un indocumentado de nombre Gunter Adolfo Aburto Zamora, originario de Nicaragua, denunció el pasado 11 de junio que diversos agentes de la Policía Estatal utilizado armas largas los encañonaron y a gritos los despojaros de sus pertenencias.

Otra denuncia presentada por la hondureña Jazibe Rubel, de 19 años ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, evidencia la abierta de trata de blancas por parte de autoridades de la Policía Ministerial de Oaxaca.

La quejosa reconoce que fue detenida en un retén localizado en la salida del municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec por un grupo de tres agentes de la policía oaxaqueña, quienes para exigir el pago de la cuota la obligaron a trabajar hasta por tres meses en burdel del Puerto de Salina Cruz.

“Me pidieron hasta cinco mil pesos y me obligaron a trabajar de bailarina en un table dance conocido como “Acapulco Loco”, antes de dejarme ir”.

Sin embargo, después me obligaron a trabajar en la cercanía de la ciudad de Oaxaca, donde cada semana pasan a cobrar su cuota de hasta mil 500 pesos.

Dijo haber pedido la intervención de la CEDH una vez que también hubo acoso sexual e intento de violación.

En la queja 176/2005 Jazibe Rubel denuncia al comandante regional de la PM en Juchitán y a tres agentes de la misma corporación, integrantes del grupo de Robos, quienes han buscando el amparo de la justicia federal para evitar su detención.