Los gobiernos dejan hacer porque es políticamente incorrecto enviar las fuerzas a reprimir estas ilegalidades, cuando el uso de la fuerza es una potestad del estado resguardada por la Constitución. Hay jueces que se animan a disponer los desalojos, pero la policía manejada por el poder político que tiene miedo de cargarse un muerto, no obedece. El país, entonces, pasa lentamente a manos de los ilegales, de los ventajeros, de los vivos, de los comerciantes del orden, de los caratapadas que con palos amedrentan, de los salvajes que por dos pesos (o solo el gusto de matar) se cargan a un padre de familia, a la mamá o a la familia completa. Total, no hay jueces que ordenen, con los Códigos en la mano, a una sociedad atravesada por el comportamiento anárquico de grupos organizados, amparados en la mayor parte de los casos por políticos de tan baja calaña como ellos.

Estamos indefensos en manos de cualquiera que tenga un problema y desee dirimirlo en la calle complicándole la vida a otros como ellos, que necesitan trabajar, comer y descansar, pero a veces no lo logran por la anarquía que impera, donde el más fuerte juega su pulseada de poder.

El Estado y el gobierno, montados en el sofisma “no vamos a combatir la violencia con más violencia” dejan de lado el derecho de la mayoría y amparan a las minorías violentas, reaccionarias u organizadas para delinquir. Hemos llegado a un punto donde la necesidad se disputa el podio con el justo reclamo y el sano y justo derecho a peticionar con el avasallamiento de los derechos de todos los demás. Nadie pone orden, todos atizan el fuego; la clase política corre por calles paralelas al interés público y común de los argentinos. El país colisiona contra la falta de previsión, (no hay luz, combustibles ni seguridad) y en las legislaturas se toman las vacaciones que los diputados les agregan a las que se vienen tomando durante el año y los gobiernos (tanto nacionales como provinciales) piensan en cómo resolverán las candidaturas del 2011. Ningún país puede marchar hacia un destino de grandeza, sin orden interno.

¿Cuál es el destino de ésta Argentina si no cambian las políticas erróneas que se están aplicando en esta materia pendiente, no solo para el gobierno de CFK síno de sus antecesores?. Si en el país no hay justicia (o al menos jueces probos y capaces) y no existe la seguridad física y jurídica, todo tiende a complicarse. Mientras las barricadas ganen las calles, las personas pierdan sus propiedades en manos de los usurpadores y un criminal que mató a toda su familia a sangre fría, tenga un pie en la calle gracias a leyes aprobadas por el Congreso, nuestro querido país seguirá enfermo de anarquía aguda, una enfermedad difícil de curar con la mentalidad puesta en cualquier lado, menos en el bien común.

**Rubén Lasagno, OPI Santa Cruz