Hay que reiterar que la liberación de personas secuestradas será siempre una buena noticia. Que seres humanos sometidos a tan cruel tortura recuperen la vivencia plena de su humanidad es motivo de regocijo para todos. Pensamos en sus familias, y tenemos presente siempre el dolor irreparable causado por la sinrazón de los criminales.

Ello no obsta para que, ante las próximas liberaciones anunciadas por las Farc, dentro de su siniestra modalidad de entregas a cuentagotas, señalemos cuestionables decisiones por parte del Gobierno que, a nuestro juicio, deben ser analizadas con el mayor rigor.

Creemos que aceptar que las liberaciones se hagan en tres puntos distintos del territorio implica una cesión que traerá graves consecuencias para la seguridad nacional, en detrimento de los avances que se habían logrado por parte de la Fuerza Pública.

Desde un primer momento este periódico, acorde con las declaraciones del propio Gobierno, manifestó la necesidad de que las liberaciones se concentraran en un solo punto, advirtiendo el peligro de caer en los engaños del terrorismo. El gesto humanitario de ayudar a recuperar la libertad de los miembros de la Fuerza Pública y los concejales no sufriría menoscabo con una decisión firme del Gobierno de concentrar el operativo en un solo lugar.

No hay que ser un experto estratega en asuntos militares para entrever las movidas de las Farc y el riesgo de haberles aceptado, sin mayores reparos, todas sus condiciones. Es de simple sentido común que la liberación de los secuestrados se enmarca dentro de un plan de acción destinado a favorecer políticamente a personas cercanas, y a oxigenar al propio grupo guerrillero.

Suspender operaciones militares en tres zonas diferentes del país es darles unos espacios de respiración vital a los grupos violentos, no sólo guerrilleros, que ahora trabajan en extraña armonía. Implica abrirles corredores estratégicos para la movilización y repliegue de grupos de bandidos y grandes cabecillas que están arrinconados; de ingresar abastos, uniformes, armas, medicinas; y de evacuar cargamentos de droga, cuando no, vaya paradoja, trasladar a otros secuestrados a campos de concentración en otras zonas.

Una vez hayan vuelto a casa los cautivos, será interesante examinar los puntos de entrega, y consecuentemente, de la suspensión de operaciones militares, para mirar -no será necesaria una gran lupa- por cuáles corredores la delincuencia tuvo patente de corso para corretear con el acopio de sus materiales de guerra y sus insumos de narcos, en la recuperación del margen de maniobra, franqueados por el Estado, que debe combatirlos.

Lo inconcebible es que todo esto haya pasado bajo el filtro de quien se autoproclama frío jugador de póquer, el exministro de Defensa y actual Presidente, quien no por intentar limar asperezas con unos y otros, acá y acullá, puede incurrir en semejante declinación de autoridad, para desmoralización de la Fuerza Pública, que verá, callada y obediente, cómo los grupúsculos a los que combaten pueden tomar aire y reorganizarse en esas tres zonas de Colombia.

Por ahora no sabemos cuál ha sido el papel del Gobierno venezolano, ni los términos de los eventuales acuerdos no públicos entre el resignado -¿e ingenuo?- ministro de Defensa colombiano y el sinuoso ministro del Interior de Chávez. Si el vecino sigue jugando fuerte en la dinámica de los grupos guerrilleros colombianos, y nuestro Gobierno sigue mostrando semejante nivel de desatino, pobre futuro nos espera.