Los retos y las amenazas a la seguridad nacional de México se han incrementado dramáticamente en fechas recientes. Varios hechos así lo indican. Uno es el cerco que el narcotráfico le está tendiendo a la capital del país. Siempre considerado un oasis aislado de la violencia relacionada con la droga en México, ahora ha crecido rápidamente en el Distrito Federal, según un reciente informe de la Procuraduría respectiva. Lo mismo puede decirse del Estado de México.
Otro factor es la emboscada a un agente de Estados Unidos y su asesinato, al estar operando en territorio nacional, dedicado a la detección e identificación de los cárteles de la droga. Habida cuenta la necesariamente cercana colaboración entre las agencias policiacas de cada país en las labores de recolección de información sobre la estructura y modos de operación de los cárteles del narcotráfico, el hecho de asesinar a un agente estadunidense toca las fibras sensibles de la llamada “comunidad de inteligencia”. Un tercer hecho, aparentemente relacionado con otra esfera de gobierno, también se plantea dentro del ámbito de la seguridad nacional. Es el diferendo entre Francia y México, debido a la demanda de extraditar a una ciudadana francesa que cometía delitos graves en territorio nacional. La exigencia francesa se basa en la presunción de la poca confiabilidad del sistema jurídico mexicano.
Todos estos factores están construyendo un texto sutil, pero eficaz, en la cabeza de la ciudadanía, acerca de la inoperancia del Estado mexicano frente a los retos de la era moderna. Este hecho pone en entredicho la funcionalidad de los instrumentos de gobierno y da al traste con los esfuerzos por construir un orden jurídico confiable para asegurar la gobernabilidad nacional.
No puede haber peor escenario para el Estado mexicano —no el gobierno— que una percepción generalizada que sugiere que no es capaz de atender y resolver los asuntos que atentan en contra de la sociedad. Esto se agrava al constatarse la confluencia de dos procesos históricos inconclusos.
Por un lado, que Salinas empujó a México a un proceso de neoliberalización y apertura económicas acelerado, por otro, la caída del Muro de Berlín, con lo que se acabó el dilema socialista, pero no fue eliminado el dilema del reparto equitativo de la riqueza. De hecho, algunos datos indican que la distribución del ingreso nacional se ha agravado con las nuevas políticas económicas. Por el otro lado, México entró de lleno a una transición democrática. Confluyeron los dos procesos: reforma económica y cambio democrático. Dos procesos que, cada uno por su lado y luego juntos, generan tensiones, dislocaciones y conflictos en la sociedad. Y son dos procesos que siguen siendo rutas inconclusas y, por tanto, cuyo valor aún no se cuantifica en términos de las demandas de la sociedad.
El cerco del narco, el asesinato del estadunidense y la descalificación del sistema judicial mexicano hacen emerger el problema de seguridad nacional más severo e importante: la percepción, socializada, de que el Estado mexicano no puede con el paquete. Hoy por hoy, una política de seguridad nacional llama a conformar una estrategia comunicativa eficaz del gobierno, a base de segmentar los mensajes a la población, por intereses y factores socioeconómicos, para asegurar que se divulgue una visión de que democracia y economía no están reñidas con un Estado eficiente y decisivo a la hora de defender la vida y la propiedad de los ciudadanos.
Especialista en análisis político - ricardopascoe@hotmail.com