Ciertamente, esa es la lógica subyacente del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, adoptado por la mayoría de la comunidad internacional a finales de la década de los 60, el cual es la pieza central del sistema actual de no-proliferación nuclear. Durante décadas los miembros de la comunidad de control de armas han gastado gran cantidad de tiempo y energía angustiándose sobre la posibilidad de que poderes democráticos y estables del status quo como Alemania, Japón, Suecia y Corea del Sur decidan abandonar el tratado y desarrollar armas nucleares. Ciertamente, ellos han dedicado por lo menos la misma atención al problema que su preocupación ante la posibilidad de que estados agresivos e inestables puedan construir arsenales nucleares. El reciente incidente sobre el experimento nuclear a pequeña escala (y probablemente sin autorización) en Corea del Sur es simplemente el último ejemplo de tales prioridades mal colocadas.

La actitud hostil hacia cualquier forma de proliferación no está confinada a pacifistas que favorecen el control de armas, sino que se extiende a lo largo del espectro político. A medida que se fue desarrollando la crisis nuclear norcoreana en el 2002 y el 2003, algunos de los miembros “halcones” de la comunidad de política exterior de EE.UU. se quedaron aterrados ante la posibilidad de que algunos de los aliados democráticos estadounidenses en el Este de Asia puedan construir sus propios disuasivos nucleares para contrarrestar las maniobras de Pyongyang. Célebres personajes neoconservadores como Robert Kagan y William Kristol estimaron con horror tal proliferación: “La posibilidad de que Japón e incluso Taiwán, puedan responder a las acciones de Corea del Norte produciendo sus propias armas nucleares, de tal manera instando a una carrera armamentista en el Este de Asia... es algo que debería dar escalofríos a cualquier estratega norteamericano sensible”.

Esa actitud mal interpreta el problema. Puede existir una amenaza a la paz si un régimen agresivo y errático consigue armas nucleares y, por lo tanto, tenga la capacidad de intimidar o chantajear a sus vecinos que no poseen armas nucleares. El arsenal nuclear en manos de poderes democráticos, estables del status quo no amenazan la paz de la región. Kagan y Kristol—y otros norteamericanos que comparten su hostilidad hacia que tales países tengan armas nucleares—implícitamente aceptan una equivalencia moral entre un potencial agresor y sus potenciales víctimas.

La política actual estadounidense de no-proliferación nuclear es el equivalente internacional a las leyes domésticas de control de armas y exhiben la misma lógica defectuosa. Las leyes de control de armas han tenido muy poco impacto en prevenir que elementos criminales adquieran armas. En lugar de eso, ellos desarman a ciudadanos honestos y los hacen más vulnerables a delincuentes armados. El sistema de no-proliferación está teniendo un efecto igualmente perverso. Estados desagradables tales como Irán y Corea del Norte están muy adelantados en el camino a convertirse en potencias nucleares, mientras que sus vecinos más pacíficos están incapacitados por el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares para contrarrestar esas maniobras.

El centro de la política de Washington de no-proliferación nuclear debería de sustituir la discriminación y selectividad por un trato uniforme. Los legisladores estadounidenses deben librarse de la noción de que toda forma de proliferación es igualmente mala. Estados Unidos se debería de concentrar en hacer difícil a regímenes agresivos e inestables el adquirir la tecnología y material fisible necesario para desarrollar armas nucleares.

Los legisladores deben adoptar una actitud realista sobre las limitaciones de esa política más enfocada de no-proliferación. En el mejor de los casos, las acciones de EE.UU. solo demoraran, no prevendrán, que tales estados se unan al club de armas nucleares.

Pero una demora puede proveer importantes beneficios. Una demora de solo unos cuantos años puede reducir significativamente la posibilidad de que un poder agresivo con capacidad de armas nucleares tenga un monopolio nuclear en la región y este en capacidad de chantajear a sus vecinos sin armas nucleares. En algunos casos, el conocimiento de que alcanzar un monopolio nuclear en la región es imposible, puede desincentivar a un poder expansionista de siquiera intentarlo. En el menor de los casos, podría causar que una potencia configure su nuevo arsenal solo con intenciones disuasivas más que para propósitos agresivos.

Los esfuerzos de Washington de no-proliferación nuclear se deberían de enfocar en demorar que estados rufianes, en su búsqueda por armas nucleares, intimiden a estados pacíficos que quieran convertirse en potencias nucleares para su propia protección. El otro objetivo clave de una nueva política estadounidense de no-proliferación debería de prevenir que estados nucleares hostiles transfieran sus armas o conocimiento nuclear a terroristas. Aquellos objetivos son suficientemente desafiantes para no continuar el esfuerzo fanfarrón y contraproducente de prevenir todas las formas de proliferación nuclear.

Ted Galen Carpenter es vicepresidente de Estudios de Defensa y Política Exterior del Cato Institute y autor o editor de 16 libros sobre asuntos internacionales, incluyendo Bad Neighbor Policy: Washington's Futile War on Drugs in Latin America (Cato Institute, 2002).

Traducido por Nicolás López para Cato Institute