“Sin tierra, dijo don Misael en Suiza, no somos nada”. Por eso volvieron. El agro es suyo. Así lo dicta la ley. Pero para los narcos, los terratenientes y sus paramilitares, la ley no significa mucho. Por eso las ONG helvéticas están inquietas y por eso siguen de cerca el retorno.
 
Acompañados por la guardia indígena del Cauca -cuya única arma es la unión- y por representantes de organismos civiles colombianos e internacionales, los labriegos desanduvieron el camino desde la comunidad de Buenos Aires y volvieron a tomar posesión de sus tierras.
 
Ni la judicialización de sus líderes, ni la desafortunada propuesta del Ministerio de Agricultura lograron desalentarlos.
 
“Como comunidad desplazada, pacífica y que ha utilizado las vías del diálogo, la concertación, la interlocución y los estrados judiciales para exigir el respeto a nuestros derechos, exigimos un trato digno y respetuoso a nuestros derechos, en especial al retorno y la permanencia en el territorio”, subrayó la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) en un comunicado.
 
Despojados y acusados    
 
En forma ilegal, el predio que reclaman fue vendido al consorcio El Labrador (CI Tequendama, del Grupo Davoon y Aportes San Isidro) y ahora el abogado de éste presentó una denuncia penal por invasión de tierra contra los líderes campesinos. Entre ellos, don Misael Payares también fue acusado de “calumnia” por una persona reconocida por la comunidad como paramilitar.
 
Si cupiera, podríamos utilizar la expresión aquella de que “ahora los patos le tiran a las escopetas”, pero no cabe, porque ahí los patos siempre han llevado las armas.
 
En efecto: Las 123 familias de la Hacienda Las Pavas, en el norteño departamento de Bolívar, forman parte de ese contingente de colombianos que los grupos armados han convertido en trashumantes. Algunas cifras dan cuenta de hasta de cinco millones, otras de más de tres… En cualquier caso, el desplazamiento es uno de los mayores dramas del conflicto que vive Colombia y de la ilegalidad que ha crecido a su sombra.  
 
Plan de choque
 
A poco de tomar las riendas del Gobierno colombiano, el presidente Juan Manuel Santos anunció el año pasado sendos programas para la restitución de las tierras espoliadas. Con base en esa estrategia  el Ministerio de Agricultura determinó un “plan de choque” para los desplazados de ASOCAB que consiste en un proceso de recuperación de baldíos de la Nación que no incluye las tierras de Las Pavas, de las que fueron expulsados.
 
Establece igualmente un contrato de comodato entre la Empresa del Grupo Daabon y José Ernesto Macías, gerente de Aportes San Isidro y la comunidad campesina. Dicho de otro modo, un acuerdo para que los empresarios “les presten” algunas de las tierras a los labriegos, es decir, a sus legítimos dueños.
 
“Estas empresas se han beneficiado del accionar paramilitar en el sur de Bolívar, específicamente el de Jesús Emilio Escobar y Mario Mármol. Más que un plan de choque de restitución, es una propuesta de favorecimiento a las empresas palmicultoras en detrimento de nuestros derechos fundamentales”, considera ASOCAB.
 
Apoyo suizo
 
La Asociación forma parte de la red de comunidades para la paz desde la base que cuenta con el apoyo de organizaciones helvéticas. 
 
A través de su Programa para la Promoción de la Paz en Colombia (Suippcol), Suiza acompaña los procesos de comunidades que reclaman la restitución de sus tierras. En ese marco, y con el apoyo específico del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, Don Misael Payares vino a Berna a mediados del año pasado. Habló entonces de las penurias que han vivido él y su comunidad, de la brutalidad con la que han sido expulsados una y otra vez de su tierra…
 
Cuando los campesinos llegaron a La Hacienda Las Pavas, en 1995, la tierra estaba abandonada. Su propietario, un pariente (¿testaferro?) del Pablo Escobar Gaviria, Jesús Emilio Escobar Fernández, había dejado las tierras tras la muerte del narcotraficante en 1993.  Las 123 familias se instalaron en el lugar y pusieron a trabajar esos terrenos de nadie con cultivos destinados a su sustento: arroz, yuca, maíz y ahuyama. Dicho de otro modo, y con base en la constitución colombiana, se convirtieron en los dueños del predio.
 
Las expulsiones
 
Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Llegaron luego los paramilitares y los amenazaron con matarlos si no se iban. Se fueron. En 1998, las tierras seguían abandonadas, así es que volvieron a instalarse y reanudar su laborar agrícola.
 
Ahí estaban cuando en 2003 volvieron los paramilitares. Asesinaron a miembros de la comunidad, quemaron casas, sacrificaron animales. Los pobladores iniciaron de nuevo el éxodo, pero sin tener de qué vivir, regresaron poco a poco y en 2006 comenzaron ante las autoridades correspondientes los trámites necesarios para que la tierra les fuera adjudicada. Tenían derecho. La constitución es clara: Después de un plazo determinado, las tierras ociosas se convierten en propiedad de quienes las trabajan.
 
Cuando estaban en el proceso, Jesús Emilio Escobar Fernández vendió los predios a C.I. Tequendama, parte del Grupo Daabon, y a Aportes San Isidro, dedicadas al cultivo de la palma aceitera. En 2009, y esta vez con el concurso de las fuerzas oficiales, los campesinos fueron expulsados.
 
“¡Somos las víctimas!”
 
Se refugiaron en la comunidad de Buenos Aires, pero no tenían ninguna forma de sustento y las torrenciales lluvias del año pasado arrasaron con lo poco que les quedaba. Así es que el pasado 4 de abril volvieron de nueva cuenta a sus campos. Las trasnacionales han sembrado en ellas 300 hectáreas de palma y los acusan de “invasión de tierra”, pero esta vez están decididos a quedarse. La resolución del gobierno no es la que esperaban, pero no se dan por vencidos.
 
“Los campesinos de ASOCAB demandamos del Estado colombiano que enfoque su plan de choque en el restablecimiento del derecho de vida digno, a través de la garantía del derecho fundamental de retorno en condiciones de seguridad y la restitución de las tierras despojadas, derechos fundamentales de la población desplazada”.
 
Los desplazados, recuerdan los campesinos de ASOCAB “somos víctimas, no victimarios”.