Tenemos gobiernos democráticos en todo el hemisferio y muchos países -- entre ellos todos los que han sufrido crisis de gobernabilidad -- se aprestan a realizar en los próximos meses elecciones democráticas para elegir nuevamente a sus autoridades.

Sin embargo, entre los latinoamericanos está presente una atmósfera de incertidumbre, natural después de las crisis vividas en los primeros años de esta década. Desde el punto de vista de la gente, las preguntas clave son dos: primero: ¿seremos capaces esta vez de mantener los ritmos de crecimiento necesarios para que nuestra región no siga perdiendo relevancia en la economía mundial, frente a otras regiones en desarrollo que han tenido, en las últimas décadas, tasas de crecimiento mucho más altas? Y, ¿será posible que esta vez -- ahora sí -- los beneficios de nuestro crecimiento y nuestra democracia beneficien a los más de 200 millones de pobres, la mitad de ellos indigentes, que hoy habitan nuestra región?

La región latinoamericana tiene el potencial de experimentar un crecimiento positivo en los próximos cinco años. Pero se requiere un esfuerzo coordinado y comprometido para superar de una vez por todas los obstáculos que han impedido que América Latina ofrezca a sus habitantes empleos dignos y políticas que permitan reducir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad.

La mejor ruta para superar el escepticismo que existe entre la población es demostrar que hay razones suficientes para seguir apostando por la democracia y avanzar hacia la formulación de políticas públicas efectivas, transparentes y sólidas, que potencien un desarrollo económico sostenido.

POBREZA Y DESEMPLEO: RETOS POR SUPERAR

Los temas de la pobreza y el desempleo, que nuestros ciudadanos identifican en múltiples encuestas como el principal problema de la región, van al corazón de estas preguntas. Según las cifras más recientes, anualmente se incorporan al mercado de trabajo en América Latina y el Caribe cinco millones de personas, cifra enorme producto del impacto de las altas tasas de natalidad de décadas pasadas y de la creciente y acertada incorporación de la mujer al mundo laboral. Si ya tenemos más de 20 millones de desempleados oficiales, tan sólo el mantener esa cifra significa un enorme esfuerzo. Pero además, 7 de cada 10 nuevos empleos son informales y muchas personas que trabajan no ganan lo suficiente para mantener a sus familias por encima de la línea de la pobreza. Peor aún, la brecha entre los salarios de los trabajadores no calificados y los de empleos calificados ha ido aumentando, y la concentración del ingreso en un pequeño grupo de personas se vuelve cada vez más ostensible.

Ambas variables, pobreza y empleo, están indisolublemente vinculadas, pero de manera más compleja de lo que se piensa. Hay muchos más pobres que desempleados y nuestro desafío incluye tanto a los pobres que no trabajan como a aquellos que trabajan pero ganan mucho menos de lo que necesitan para vivir.

Existen condiciones indispensables sin las cuales esta tarea no podrá ser acometida con éxito. Estas condiciones son el crecimiento, los equilibrios macroeconómicos y la apertura de mercados. En ellas hemos tenido avances importantes, como las tasas de crecimiento anotadas, una reducción sustantiva de los déficit y la inflación, y la suscripción de una cantidad importante de acuerdos comerciales bilaterales y regionales, de los cuales el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-RD) es el más reciente. De la preservación de estas macropolíticas depende el éxito de las políticas concretas que los gobiernos deben emprender en materia de productividad, eficiencia, fomento a la pequeña y mediana empresa, acceso al crédito, educación, capacitación y muchas otras medidas necesarias para aumentar el empleo y disminuir la pobreza y la desigualdad en nuestra región.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Otras políticas públicas son también necesarias para enfrentar los problemas sociales del hemisferio. Muchos de los cambios producidos hace dos décadas tenían el sano propósito de generar un mayor espacio a la libertad en el mercado y fomentar la iniciativa económica privada. Pero a veces la distorsión ideológica condujo al empequeñecimiento y el desprecio por las políticas públicas, por el papel del Estado y el gobierno en la distribución de la riqueza y en la provisión de los servicios sociales esenciales para la mayoría de los americanos.

Reconocer el valor que tienen las políticas públicas no significa en caso alguno caer en tentaciones estatistas que limiten la capacidad de las empresas y las personas para desarrollar plenamente su capacidad de generar riqueza. Al contrario, la creación de un clima económico y social propicio a la inversión, al emprendimiento privado, a través de reglas claras que eliminen temores, abran mercados, reduzcan al máximo las trabas burocráticas y garanticen a la iniciativa privada la posibilidad de brindar crecimiento, son políticas públicas ineludibles para nuestros gobiernos.

Es un hecho insoslayable que, en cualquier escenario, la mayor generación de empleo se producirá a través de la iniciativa privada en un clima de estabilidad. Pero es también innegable que la sola acción del mercado ha demostrado ser insuficiente para generar una justa distribución del ingreso y para atender las necesidades sociales en materia de educación, salud, vivienda y seguridad que los sectores más pobres de la población requieren. Nuestros países deben reconocer que el combate a la pobreza y la desigualdad requieren también políticas públicas claras, focalizadas y dirigidas por gobiernos dotados de recursos y capacidad técnica.

La tarea fundamental de la política y los políticos es resolver los problemas de la gente y no generar más problemas, como muchas veces ocurre en nuestros países. Uno de nuestros mayores desafíos es aumentar sustantivamente la gobernabilidad en la región. Hemos tenido en los últimos años graves problemas de estabilidad política y de calidad de la gestión pública.

Mejorar la calidad de la política pública en el hemisferio significa, en primer lugar, ampliar y fortalecer la libertad en las Américas. La superación del desempleo y la pobreza supone sociedades más libres, con plena expresión y participación de todos sus ciudadanos, con más justicia, con transparencia, con más libertad de expresión y organización, con pleno respeto por la igualdad de género, respetando la diversidad de sus pueblos originarios, sus conciudadanos afrodescendientes, sus grupos más vulnerables, los millones de migrantes y desplazados. Asimismo debemos garantizar una mayor seguridad frente a las catástrofes naturales, el sida y las pandemias, el narcotráfico y la delincuencia organizada, la proliferación de pandillas y el terrorismo. Sólo así podremos contar con el pleno respaldo de nuestros pueblos a los objetivos que nos hemos trazado.

En este sentido, nuestros países deben hacer uso de los instrumentos básicos que poseemos. La Carta Democrática Interamericana contiene todos nuestros compromisos para forjar una comunidad de naciones libres, cuyos gobiernos no sólo se generan democráticamente, sino también gobiernan con pleno apego al estado de derecho, garantizando siempre los derechos humanos de todos sus ciudadanos. La Carta no es sólo un acuerdo de gobiernos, es también una victoria de nuestros pueblos y, como tal, debemos respetarla de manera irrestricta.

En el próximo lustro, la meta por alcanzar es el crecimiento económico de nuestra región. No aquél que llega para luego estancarse y retroceder, sino uno que se mantenga de forma sostenida. Mientras los factores en el ámbito internacional jueguen a nuestro favor, los sistemas económicos resistan y el comercio en materias primas siga próspero, la ruta al crecimiento estará asegurada. Pero también la sostenibilidad se construye desde adentro. Las políticas públicas de nuestros estados deben responder de manera adecuada. Es el resultado del éxito o del fracaso de la política de nuestros estados lo que marcará la pauta para potenciar las oportunidades en América Latina.

(Extracto del discurso dirigido por el Secretario de la OEA en la Sesión Inaugural de la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, 4 de noviembre de 2005.)