La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia ha dado un espaldarazo al
contrabando de vehículos con la aprobación de una ley que amnistía su entrada
ilegal en el país. El presidente Evo Morales la promulgó ayer, a pesar de las
protestas ciudadanas, de los importadores y del transporte pesado.
El texto, que ayer firmó el presidente Morales, ha originado ya una avalancha
de automóviles desde las fronteras hacia el interior de Bolivia. Los dueños
esperan la aplicación del nuevo ordenamiento automovilístico que, según parece,
será más bien todo lo contrario: un caos en el tráfico, mayor daño del medio
ambiente y una significativa erogación de recursos para el subsidio estatal a
los precios de gasolina y diésel.
El texto de la denominada Ley de Saneamiento Legal, Automotores a Gasolina,
Gas Natural, Gas Vehicular y Diésel fue aprobado la semana pasada tras apuradas
y polémicas sesiones en el Senado, la cámara de origen, y en la Cámara de
Diputados, que lo sancionó por mayoría de votos del oficialista Movimiento Al
Socialismo (MAS), y lo envió de inmediato al Ejecutivo para su promulgación.
Hace menos de un año, Morales promulgó un decreto prohibiendo el ingreso de
vehículos en desuso de otros países: "No queremos convertir a Bolivia en un país
basurero de chatarra", dijo entonces.
La cadena de radio Erbol ha informado de que el comercio de automóviles en
Iquique, puerto en el norte chileno, registra ventas de un millar de coches por
día, de los que "un 80% entra a territorio boliviano como contrabando".
La televisión ha reflejado los "parques automovilísticos" que hay en pobres y
humildes poblaciones del altiplano que, sin embargo, se han convertido en
celosas vigilantes del negocio ilícito, en el que se corre el riesgo de que
también se incluyan coches robados en los países vecinos. Uno de los pocos
policías que confirmó la incesante llegada de vehículos hacia al interior del
país, sugirió al camarógrafo no filmar si quería salir del pueblo.
El alcalde de Chulumani, Hernán Justo Cueto, expresó a Erbol su preocupación
porque en las últimas semanas vehículos desconocidos e indocumentados están
"inundando" esta región tropical del norte de La Paz, especialmente durante la
noche cuando utilizan las vías secundarias y sendas rurales para trasladarse a
otras regiones del país.
Las federaciones de transportistas de poblaciones aledañas a Chulumani
solicitaron una mayor dotación de combustible, porque sus provisiones se acaban
rápidamente debido al consumo extraordinario de los vehículos que transitan por
los caminos del norte de La Paz que llegan a las regiones amazónicas de Pando y
Beni.
En Colcapirhua, población agrícola a 10 kilómetros de Cochabamba, cerca de
1.500 vehículos aguardan en una columna de tres kilómetros a que se abra el
registro anunciado en la ley, informa Radio Fides. En Santa Cruz, otros 300
propietarios tienen ya lugares asignados en la fila frente a las puertas del
recinto aduanero de esa ciudad.
De acuerdo con las informaciones de las cadenas de televisión, la plaza
fuerte de Morales, la región cochabambina de Chapare, registra una circulación
de vehículos -algunos últimos y costosos modelos- sin placas o placas
improvisadas en madera o plástico que, además, no cuentan con control policial
pese a que forman parte del servicio de transporte público.
Los alcaldes de las principales ciudades han hecho notar que un mayor número
de vehículos en las calles significará grandes atascos y más daños al ya
contaminado medio ambiente, porque que gran parte de los coches forma parte de
los desechos de países asiáticos que utilizan diesel y que Bolivia debe importar
y subvencionar.
El investigador económico Julio Alvarado calcula que la importación de
combustible aumentará los costes al menos en un 20%, que va a representar más de
100 millones de dólares añadidos a otros 500 millones que ya subvencionan los
precios de los carburantes en el mercado nacional.
"La importación de hidrocarburos va a crecer significativamente si se aprueba
esta ley. El hueco del déficit no se compensará con esta ley", que prevé
ingresos por multas que se destinarán al Tesoro, cuyos montos no coinciden con
los ingresos calculados. "Es una medida de doble filo", sostuvo Alvarado.
La oposición parlamentaria, que poco pudo hacer para evitar la aprobación de
la ley, ha acudido al Ministerio Público para plantear una querella penal
destinada a invalidar la ley que perdona delitos económicos como el contrabando
y que puede derivarse en la legalización de coches robados en otros países, se
explicó.
Los diputados de Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes y Jaime Navarro
confirmaron que la querella se entabla contra los senadores del MAS Isaac Ávalos
y Fidel Surco por instigación pública al delito de contrabando y resoluciones
contrarias a la Constitución. Reyes señaló que la ley, en principio, iba a
servir para legalizar unos 10.000 vehículos que ya están en el país pero, a
estas alturas, esa cifra se ha multiplicado y fácilmente sobrepasaban los
100.000 antes de la promulgación de la ley.
Los dirigentes del MAS consideran que la medida beneficia al pueblo, pese a
que muchos ciudadanos, numerosos sindicatos y federaciones de transportistas y
otros sectores laborales, así como los importadores legales de vehículos
directamente de fábrica, han rechazado de forma contundente una medida que no
solamente afecta a sus bolsillos, sino que fundamentalmente molesta a su
conciencia ciudadana. Los conductores del servicio público y del transporte
pesado han decidido que comenzarán con medidas de presión a partir del lunes
próximo.