Las víctimas, en su testimonio, expresan que el mexicano Enrique Jaramillo Aguilar, jefe de una célula del grupo paramilitar Los Zetas, se alió con el salvadoreño Jesús Ovidio Guardado, un  reconocido “coyote” que les prometió un viaje seguro.

Según las investigaciones, las nueve personas fueron contactadas en El Salvador para viajar en abril del 2009.

Pocos días después se dieron cuenta que habían caído en manos de Los Zetas.

Las salvadoreñas fueron vendidas y obligadas a prostituirse durante cuatro meses, hasta que en un descuido lograron escapar de sus explotadores y buscaron ayuda en una institución que trabaja con migrantes centroamericanos.

Las víctimas han denunciado que cuando Guardado las vendió, el grupo paramilitar procedió a marcarlas.

Las tatuó para indicar que eran de su propiedad y luego las llevó a bares en Reynosa, estado de Tamaulipas, ubicado al noreste de México, fronterizo con Estados Unidos.

Agregan las víctimas que las ofrecían a clientes que pagaban considerables cantidades de dinero.

La Unidad de Trata de Personas de la Fiscalía en El Salvador practicó anticipos de prueba consistentes en declaraciones de las víctimas, reconocimiento en rueda de personas y de fotografías.

Con esas diligencias, obtuvo pruebas contundentes para presentarlas en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador donde Jaramillo y Guardado son procesados.

Las salvadoreñas agregan que además de obligarlas a prostituirse, Jaramillo Aguilar les suministraba droga para que se volvieran vulnerables y quedaran indefensas.

Los Zetas es una organización señalada de una serie de matanzas en el territorio mexicano e ingresó al país no solo para trasegar armas sino para traficar con salvadoreñas.

Un informe que Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República de México señala que los dos imputados se aliaron para reclutar mujeres y supuestamente llevarlas a Estados Unidos.

Esa era la propuestas que le hacían a las salvadoreñas, pero el plan principal era trasladarlas a Tenosique, estado de Tabasco (México), donde eran entregadas a Jaramillo quien las vendía por más de $500 en Tamaulipas.

El peligroso recorrido de las nueve víctimas

En un primer momento, las víctimas han declarado que Guardado ofrecía llevarlas a Estados Unidos de forma ilegal, pero no les pedía ninguna cantidad de dinero por adelantado.

Al acordar el viaje se iban vía terrestre hacia Guatemala. Luego, recorrían el vecino país hacia la frontera con México. Para pasar los puntos fronterizos lo hacían por zonas montañosas hasta llegar a Tenosique, estado de Tabasco. En ese lugar eran vendidas al grupo paramilitar Los Zetas, específicamente, la célula que dirige Enrique Jaramillo Aguilar.

Luego de ser vendidas, las mujeres eran trasladadas a Reynosa, estado de Tamaulipas, hospedándolas en un primer momento en moteles y luego las llevaban a bares donde las ofrecían a los clientes y desde ahí comenzaba la explotación sexual. Previo a eso, Los Zetas ya habían marcado a sus víctimas para identificarlas como de su propiedad.

Las mujeres, incluso, eran agredidas físicamente. Han señalado que  Jaramillo las abusaba sexualmente.

La Fiscalía, con base en la declaración de las ofendidas, sostiene que hubo una violación continuada.

Para garantizar la seguridad de todas las víctimas, la Fiscalía General de la República les ha otorgado régimen de protección con el fin de garantizar su integridad, ya que también ostentan la calidad de testigos.