El cáncer de la violencia por narcotráfico lleva aparejados muchos otros, pero las autoridades no pueden con ninguno de ellos. En los últimos cuatro años, por ejemplo, los secuestros se dispararon en el país, con la diferencia de que ahora grupos criminales, como Los Zetas, plagian de manera indiscriminada a todo tipo de jóvenes y los “reclutan” para su causa. Lo grave es que los convierten en sus esclavos, sostiene el sacerdote Alejandro Solalinde. Es por ello que el religioso participa en la organización de la segunda caravana internacional Paso a Paso Hacia la Paz, cuyo cometido es alzar la voz por los migrantes indocumentados que padecen lo indecible durante su trayecto a Estados Unidos.
El secuestro
de migrantes centroamericanos y mexicanos es ya un gran negocio para el crimen organizado.
Y aun cuando las autoridades han firmado acuerdos, pactos y tratados, nada
frena ese
delito que, de acuerdo con cifras conservadoras de agrupaciones nacionales y
extranjeras, deja
ganancias de por lo menos 50 millones de dólares al año a los grupos
delincuenciales.
Un
informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
sostiene que desde
2008 se han registrado alrededor de 20 mil secuestros anuales. Durante su
trayecto a Estados
Unidos, los indocumentados son objeto de innumerable vejaciones de
organizaciones criminales.
Alejandro
Solalinde, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca,
advierte que Los Zetas suelen secuestrar a hombres y mujeres y los obligan a
trabajarpara
ellos como halcones. Asegura que él ha recibido testimonios de los plagiados,
según los cuales
los sicarios los adiestran y los convierten en su ejército de reserva.
En
entrevista telefónica la víspera de la marcha contra los secuestros y
violaciones a los derechos
de los migrantes, que se inició el sábado 23 de manera simultánea en Nicaragua, Honduras,
El Salvador y Guatemala, y culminará en México el domingo 31, Solalinde manifiesta que se
trata de una nueva versión de la leva en la que los migrantes centroamericanos
y mexicanos
son tomados como “desechables”.
El
infierno
Los
plagios de migrantes por parte de zetas comenzaron a denunciarse hace dos años.
Al principio
los sicarios no pedían rescate a los familiares, más bien obligaban a sus
víctimas atrabajar
para ellos.
Según
los testimonios reunidos por Solalinde, luego de llevar tiempo desaparecidos,
algunos jóvenes
llamaban por teléfono a sus familiares para decirles que no dijeran nada al
Ejército o lapolicía
ni intentaran buscarlos; les comentaban que estaban trabajando para Los Zetas y
que mejor se
olvidaran de ellos porque nunca los iban a soltar.
Los
migrantes, insiste el entrevistado, “están atrapados. Los sicarios primero los
entrenan y luego
los ponen a trabajar en las plazas nacionales que controlan, o incluso fuera
del país.
“No se
pueden salir del entorno al que los confinan porque los matan. Tuvimos
información de que un
par de jóvenes de Veracruz fueron obligados a participar en una matanza en Guatemala.
(Los Zetas) se los llevaron para allá y los forzaron a matar a la gente.
¡Imagínese lo que
estarán haciendo en otros lados del país.”
Encargado
del área pastoral de migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del albergue
Hermanos en el Camino, Solalinde comenta que lo mejor que les podría pasar a
esos“nuevos
esclavos” del crimen organizado es que los metieran a la cárcel porque, aunque
les den una
sentencia larga, por lo menos se zafarían del poder de los narcotraficantes.
Tras
mencionar las entidades en las que ocurre este fenómeno, insiste en que es
Veracruz el territorio
donde es mayor el reclutamiento forzado. Y advierte que ahora los criminales
están secuestrando
a los adolescentes de los pueblos y ciudades veracruzanas.
“Esto lo
sabe el gobernador Javier Duarte. Él es consciente de lo que está pasando en Veracruz.
Le hemos dicho que ya se están llevando a los jóvenes de su estado a otros
ladospara que
trabajen para Los Zetas, pero no ha hecho nada, pese a las denuncias
presentadas en las
que incluso están involucradas autoridades locales”, relata Solalinde.
–Usted
ha hablado de que en Veracruz hay fosas clandestinas y que incluso otros
sacerdotes le han
comentado sobre ese tema –se le pregunta.
–Sí. A
los que no aceptan (trabajar para las organizaciones criminales) los matan y
los desaparecen;
son desechables, pues los sustituyen por otros. Así pasó con los migrantes deSan
Fernando (Tamaulipas). Algunos sobrevivientes dijeron que los habían matado (a
sus compañeros)
por negarse a trabajar para ellos. Los matan y los entierran en fosas.
Seguramente
eso está pasando en Veracruz, pero también en el Estado de México.
Señala
que han tenido información de que en territorio mexiquense Los Zetas también
plagian a los
migrantes para reclutarlos en sus filas. Y, al igual que lo hacen con los
jóvenes de Veracruz,
los llevan a otras entidades como carne de cañón.
Foro de
denuncia
Alejandro
Solalinde adelanta que la delegación de la Relatoría sobre Trabajadores
Migratorios y Miembros
de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de laOEA –integrada por el expresidente español Felipe
González; el secretario ejecutivo del organismo
internacional, Santiago A. Cantón, y el abogado especialista de dicha
relatoría, Álvaro
Botero– analizará la denigrante situación que viven los migrantes.
“Todo ha
empeorado. Hoy, las extorsiones, secuestros y reclutamiento no sólo afectan a
los jóvenes
migrantes, también a hombres de cualquier edad y a mujeres. Es una nueva
esclavitud, es una
catástrofe. Creo que lo único que nos queda es presionar en foros
internacionales porque
aquí nadie hace caso (a las denuncias)”, advierte.
El
Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño elaborado
por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y presentado a la
ONU a finales
del año pasado, sostiene que el reclutamiento de menores para el crimen
organizado se
incrementó de 25 mil a 35 mil en los últimos cuatro años.
De
acuerdo con el análisis, hace una década la edad de los reclutados oscilaba
entre 20 y 35 años.
Ahora, los jóvenes de entre 12 y 15 años ingresan a las filas de la
delincuencia organizada.
El
documento señala que de diciembre de 2006 a octubre de 2010, entre mil 60 y mil
200 menores
fueron víctimas de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado.
Además,
se incrementó en 34% el número de arrestos de adolescentes acusados de tener vínculos
con organizaciones delincuenciales, portación de armas y delitos contra la
salud.
El
obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, también ha denunciado el
reclutamiento forzado de niños
de 12 años en Coahuila por parte de zetas “para entrenarlos y utilizarlosposteriormente
como halcones”.
El
miércoles 13, al terminar la peregrinación de la diócesis de Saltillo a la
Basílica de Guadalupe,
el obispo Vera dijo que algunos de los niños reclutados reciben hasta mil 500pesos
como pago cada semana.
El
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, perteneciente al obispado de la
diócesis de
Saltillo, tiene registradas 185 desapariciones forzadas en Coahuila, en tanto
que las autoridades
estatales aseguran que han recibido 219 denuncias de desaparición de personas.
El mes
pasado, Vera declaró que el crimen organizado obtiene 50 millones de dólares al
año por el
secuestro de migrantes que atraviesan territorio nacional. El día 14, en
Saltillo, al concluir el
taller internacional por el “Derecho a emigrar sin violencia”, el obispo
manifestó la urgencia de
“remover este espantoso calvario que están padeciendo nuestros hermanos
migrantes”.
Comentó
también que en diversos países hay preocupación por la grave situación por la
que atraviesan
los migrantes indocumentados en territorio nacional durante su itinerario hacia Estados
Unidos, aun cuando el gobierno federal les otorgue un estatus migratorio
regular durante
su estancia en el país; eso puede lograrse si ellos consiguen una visa o se da
unacuerdo
de supresión de visas entre México y sus países de origen, sobre todo los de Centroamérica,
expuso Vera.
Los
participantes exigieron que se garantice la seguridad de los migrantes; que se
reconozca, garantice
y proteja el derecho de defender a los indocumentados, así como a la casa del migrante
y a personas defensoras de derechos humanos; asimismo, poner fin a la impunidad de las
autoridades y perseguir, consignar y sancionar a los autores de secuestros,
masacres, violencia
sexual y otros abusos contra los migrantes.
Además,
dijeron que, para enfrentar la ineficiencia de instituciones de procuración de
justicia a niveles
estatal y federal, debe crearse una instancia especializada para investigar los
delitos conforme
a los estándares internacionales de derechos humanos y que esté en contacto permanente
con las organizaciones sociales defensoras de los migrantes.
La nueva
caravana
Para
denunciar las violaciones, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado de
jóvenes, Solalinde
organizó dos movilizaciones en los últimos meses.
La
primera, llamada Paso a Paso hacia la Paz, fue la del 8 de enero pasado en la
ciudad de Arriaga,
Chiapas, y culminó en el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca.
Durante
el trayecto, en la población de Chahuites, los organizadores se entrevistaron
con el gobernador
Gabino Cué.
En la
segunda, realizada el 8 de mayo, los migrantes centroamericanos cargaron cruces
de madera
para escenificar el suplicio que significa su paso por México; incluso se
unieron a la Marcha
por la Paz que encabezó el escritor Javier Sicilia desde Cuernavaca y que
terminó en el Zócalo
de la Ciudad de México.
En esta
nueva caravana Paso a Paso Hacia la Paz, que desde el sábado 23 avanza hacia México,
Solalinde y organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano, Litigio Estratégico
en Derechos Humanos, A.C., Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida, Alianza
Braceros del Norte, y la Red Migrante y Cultura Migrante congregaron a
migrantes deHonduras,
El Salvador y Guatemala.
El
objetivo es llegar a Ixtepec, Oaxaca, el jueves 28 y realizar ahí varios
eventos. Luego, los participantes
marcharán a Coatzacoalcos, Veracruz, donde tendrán un encuentro con losintegrantes
de la relatoría de la CIDH, que realizan su segunda visita a México –la primera
fue en
2002–, para discutir con ellos sobre los derechos humanos de los migrantes
ilegales.
En un
comunicado difundido a principios de junio, cuando anunciaron la segunda
caravana Paso a
Paso Hacia la Paz, los organizadores señalan que el origen de los secuestros demigrantes
en México está vinculado con los territorios controlados por el crimen
organizado.
Dicen,
por ejemplo, que ese delito se observa particularmente en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz,
donde la delincuencia organizada cuenta con la complicidad de autoridades
locales,estatales
y federales.
“Lamentablemente,
en esos estados la justicia es una quimera remota, una ambición atrincherada,
el espejismo de una democracia fallida. Es en esas tierras en las que ocurren
lossecuestros
masivos en contra de la población migrante, siempre bajo la opacidad de una autoridad
omisa, insensible y sin vocación ni preparación para enfrentar al crimen
organizado.”
En su
documento señalan que el estado “pionero” de esta situación es Veracruz, que se
ha convertido
en lugar de referencia en cuanto a secuestros y agresiones cometidas en contra
del flujo
migratorio en tránsito por sus localidades.
También
denuncian que la población civil de ese estado se encuentra paralizada por la
impunidad
pues las autoridades dejaron de lado su tarea de velar por el bienes-tar social
y la procuración
de justicia. “El simple hecho de pronunciar la palabra zeta puede ser motivo depersecución,
extorsión e incluso la muerte”, advierten.
Los
Zetas, exponen, obtienen ganancias millonarias mediante el secuestro masivo de
los migrantes
cuya penuria los obliga a viajar en trenes de carga; lo que se traduce en la multiplicación
de cementerios escondidos, fosas resguardadas en el olvido y cadáveres sepultados
en la deshonra del gobierno mexicano.
“La
masacre de nuestros hermanos centroamericanos es evidente. Por los más de 10
mil secuestros
cada seis meses, las familias residentes en Estados Unidos y Centroamérica hanpagado
el precio de la incompetencia gubernamental y la cotidiana corrupción que
abruma al país.”
Exponen
que la segunda caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye un esfuerzo por
frenar y
difundir a nivel internacional la innegable realidad de los secuestros de
migrantes en tránsito por
México, e insisten en que el gobierno de Veracruz no hace nada por frenar los
secuestros y el
reclutamiento forzado de migrantes y población juvenil.
Por
ello, advierten, ese tramo de la caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye
un riesgo necesario
porque el gobierno de Veracruz ha negado sistemáticamente los secuestros:
“No hay
información sobre servidores públicos que hayan sido procesados por sus nexos
con el crimen
organizado –dicen–, salvo un agente
municipal y algunos centroamericanos. Sinembargo,
nunca se han levantado cargos contra los líderes de la delincuencia organizada
ni contra
los funcionarios de gobierno que, por comisión y omisión, han permitido el
secuestro.”