El año 2005 constituyó un punto de quiebre para la actual estrategia de desarrollo en Chile. Este punto de quiebre, largamente anunciado por las organizaciones ecologistas y actualmente por la ciudadanía, llegó a ser también consenso en el sector político, al punto de concitar propuestas muy coincidentes de los candidatos presidenciales, a las elecciones de diciembre pasado, en el Foro Ambiental realizado en la Universidad Católica en septiembre de 2005.

El punto de quiebre ambiental que enfrenta el modelo de desarrollo nacional se debe a tres factores. El primero de ellos, sin duda el caso Celco-Valdivia, que evidenció la resistencia empresarial a la ley ambiental, y su enorme poder para soslayar responsabilidades; pero al mismo tiempo mostró la deficiente institucionalidad ambiental, la discrecionalidad en los procedimientos y la nula fiscalización.

El segundo factor es Pascua Lama, donde la institucionalidad ambiental debió pronunciarse sobre la remoción de glaciares, sobre los cuales no existía información científica, ni legislación vigente, y donde la empresa Barrick creó un proceso de negociación de mitigaciones paralelo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, poniendo en jaque la conducción gubernamental del proceso. Adicionalmente a los casos Celco y Barrick, se dan además en un contexto de creciente confrontación entre sectores productivos por el uso de los ecosistemas; los tradicionales conflictos entre agricultores y mineros, se suman tensiones entre salmoneros y el turismo; eléctricas y viñateros.

El tercer factor, y francamente insoslayable para nuestra economía globalizada, es la Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), la que en un lenguaje tan diplomático como lapidario, establece que Chile no tiene normativa ambiental suficiente; que la existente no se fiscaliza; que la política económica no internaliza los costos ambientales; y que la autoridad ambiental no tiene nivel político ni atribuciones para revertir esta situación. La OCDE expresa así, a nivel internacional, el punto de quiebre ambiental del modelo económico.

Lagos termina su mandato con éxito económico, pero con deuda ambiental. El modelo chileno es sin duda capaz de crear riqueza, pero no es capaz de conservarla (y tampoco distribuirla). Así nuestra competitividad se expresa como tendencia externalizadora: generamos degradación del patrimonio natural y contaminación. Ambos constituyen pasivos ambientales que pueden provocar un crecimiento regresivo para el país, aunque cada empresa haga muy buenos negocios.

En este contexto de conflicto estructural entre economía y medioambiente, los próximos gobiernos deberán asumir los desafíos ambientales del crecimiento económico. Desde nuestra perspectiva estos desafío requieren impulsar una reforma ecológica que asegure la sustentabilidad social y ambiental del modelo. Implementar esta reforma ecológica significa en los hechos un “disciplinamiento ambiental” de la Agenda Pro-Crecimiento. Este disciplinamiento requiere generar y aplicar normas de calidad y emisión en cada sector productivo con el objeto de internalizar los costos ambientales; requiere iniciar una reforma de las leyes de patrimonio y de recursos naturales, tal como ocurrió con el Código de Aguas; requiere una Ley de Ordenamiento Territorial Estratégico que permita planificar las actividades nacionales de acuerdo a las vocaciones del territorio; y finalmente requiere asumir la restauración de los pasivos ambientales hoy iniciada tímidamente.

Pero el “disciplinamiento ambiental” de la Agenda Pro-Crecimiento también requiere políticas fiscales para revertir la insustentabilidad. En este ámbito es prioritario establecer una renta por aprovechamiento de recursos naturales (hoy sólo existen cargos a la minería y por no uso de derechos de agua). También es necesario reorientar los subsidios y mecanismos de fomento, muchos de los cuales hoy profundizan los problemas ambientales; esto debiera conducir a la creación de impuestos verdes que permitan internalizar costos y prevenir pasivos ambientales.

Finalmente, una política fiscal sustentable requiere crear cuentas ambientales que permitan transparentar el estado del patrimonio natural del país con indicadores de cantidad y calidad de recursos.

Estas medidas sin duda pueden significar un camino para compatibilizar la economía y el medioambiente en Chile; y también responder a las demandas ambientales de la sociedad chilena y a las recomendaciones de la OCDE; pero ellas también posibilitan a Chile superar el dogma del crecimiento y asumir la agenda del desarrollo y la gobernabilidad democrática.