Los líderes de los marchistas fueron cuestionados debido a algunos términos considerados confusos en el acuerdo con el Gobierno.
Gobierno
y dirigentes indígenas han dado por resuelto el conflicto del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) con un acuerdo firmado ayer
entre las partes. Luego de un cuarto intermedio, desde las 16:50 se reanudaron
las conversaciones en palacio de Gobierno hasta alcanzar un preacuerdo sobre el
segundo punto del pliego petitorio de la marcha, la paralización de actividades
hidrocarburíferas en el parque Aguaragüe, que deberá ser sometido a consulta
con las bases para que sea firmado, de acuerdo con las explicaciones dadas por
Adolfo Chávez, presidente de la Cidob, y el ministro de Comunicación, Iván
Canelas.
Sin
embargo, el acuerdo sellado y los avances en el segundo punto han sido
criticados por las bases desde la plaza Murillo. La falta de consulta, la
negativa del Gobierno para el ingreso a Palacio de algunos asesores de los
indígenas, las dudas que existen sobre los alcances legales del término
‘intangibilidad’ del Tipnis y el hecho de que en el convenio no se aclare si se
va a retirar los antiguos asentamientos ilegales de colonos que ocupan el área
protegida hasta el Polígono siete, en la parte que colinda con Chapare, son
algunos de los temas que preocupan.
Desde
las 5:30 y por el lapso de cuatro horas, los dirigentes del comité de marcha y
la comitiva gubernamental, encabezada por el presidente Evo Morales, negociaron
el primer punto de la agenda de 16 demandas que tienen los indígenas. Al final,
después de las 9:45, las partes dieron a conocer el resultado al publicar un
acta firmada en la que los 21 delegados indígenas aceptan el proyecto de Ley de
Protección del Tipnis con modificaciones propuestas por Morales.
Esta vez
Adolfo Chávez y el capitán grande de los guaraníes, Celso Padilla, participaron
en el diálogo. Luego de la reunión matutina se declaró cuarto intermedio hasta
las 15:00.
“Se
llegó al acuerdo correspondiente y la ley con observaciones debe ser aprobada y
promulgada el lunes”, explicó Fernando Vargas, presidente de la subcentral del
Tipnis, luego de presentar el convenio en plaza Murillo, al lado del ministro
de Comunicación, Iván Canelas.
Las
críticas no se hicieron esperar. De inmediato, los indígenas de base
cuestionaron la conducta de sus dirigentes, según se dijo, por haber aceptado
los términos del Gobierno sin consultar al grueso de la columna.
El
reclamo tomó cuerpo otra vez por la tarde, cuando el comité político había
vuelto a meterse en Palacio. De nuevo se impidió el ingreso de algunos asesores
de los indígenas, pues según dijeron agentes de seguridad de Palacio, no estaba
permitido el ingreso de técnicos de ONG o extranjeros.
Entonces,
el grueso de la columna llamó a gritos a sus dirigentes para que abandonaran
Palacio, amenazando con romper el diálogo. Otra vez en la plaza, los dirigentes
fueron cuestionados por los mismos temas. “Da bronca que se porten así, sumisos
con el presidente”, dijo Miguel Ángel Uche, uno de los guardias de la marcha.
A las
16:50 el comité volvió a ingresar a Palacio de Gobierno esta vez con tres de
sus asesores, excluyendo a Leonardo Tamburini, presidente del Centro de
Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), por ser extranjero, por
tanto considerado por el Ejecutivo como agente externo al conflicto.
El
malestar se hizo general y este sentimiento solo se pudo dejar de lado cuando
una llovizna fría y breve cayó sobre el corazón paceño, ahuyentando a los
marchistas hasta el cobijo cálido de la catedral.
Luego de
cuatro horas de charlas, los dirigentes de la marcha abandonaron Palacio
declarando un cuarto intermedio hasta las 7:00 de hoy, en que se retomarán las
conversaciones para aprobar o rechazar los preacuerdos alcanzados sobre el
parque Aguaragüe en el Chaco boliviano, donde vive el pueblo guaraní.
Gobierno
veta a asesor argentino
Leonardo
Tamburini fue vetado en Palacio Quemado como asesor de la marcha indígena. El
motivo: el Gobierno lo considera un actor externo al conflicto y en su
condición de ciudadano extranjero (argentino), está inhabilitado para
involucrarse en temas políticos de Bolivia.
Tamburini
es director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis),
una ONG que el Ejecutivo culpó de empujar a la octava marcha indígena de
acuerdo a intereses políticos. De la lista de seis asesores que eligió el
comité político de la marcha, Tamburini es el único al que se le impidió el
ingreso al diálogo en dos ocasiones. “Creo que se violó la Ley Contra el
Racismo porque se me ha discriminado por mi nacionalidad”, dijo el director del
Cejis, al abandonar Palacio, molesto. En su criterio, el Gobierno busca llegar
a acuerdos de dudoso interés que violan algunos derechos indígenas.
Por la
tarde se permitió el ingreso de cinco de los seis asesores de la marcha
indígena: Jhonny Cárdenas, Iván Bascopé, Magalí Barba, Óscar Baldera y Mauro
Cruz. Tamburini quedó fuera y para algunos indígenas este veto se debe a una
pugna entre este y el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, anterior
titular de esta ONG.