Entre las normas que serán debatidas están la Ley General de Consulta, de Bosques, de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, Hidrocarburos y de Reconducción Comunitaria.
Un
paquete de al menos ocho leyes pondrán en marcha los acuerdos logrados entre
Gobierno e indígenas. Entre las normas están las referidas a la consulta previa
y al pago de una indemnización por daños ambientales como en el parque
Aguaragüe, informaron dirigentes de los indígenas.
El
presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, explicó que delegados de los indígenas,
Gobierno y Legislativo perfilarán la modificación de la Ley de Reducción
Comunitaria y la incorporación de demandas sobre temas como la protección del
medio ambiente y de tierras indígenas en la redacción de leyes marco.
En el
paquete legislativo están las leyes General de Consulta, de Áreas Protegidas y
Parques Nacionales, de la Amazonía, de Bosques, Forestal, de Minería y de Hidrocarburos.
“La aprobación de las normas son vitales para que los acuerdos empiecen a ser
ejecutados”, afirmó el dirigente.
Entre el
viernes y domingo, el presidente Evo Morales y los líderes de la marcha
indígena lograron acuerdos en los 16 puntos de la plataforma de lucha de la marcha en defensa del TIPNIS, que
llegó a La Paz el 19 de octubre tras 66 días de movilización.
Con la
Ley General de Consulta buscan establecer los procedimientos para la consulta
previa incorporada en la Constitución Política, para la explotación de recursos
naturales no renovables en territorio indígena.
“Sólo
exigimos que se cumpla la Constitución y la normativa internacional, es decir,
que haya una consulta previa antes de ejecutar proyectos”, explicó el dirigente
de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez.
REFORMAS.
En el caso de la Ley de Reconducción Comunitaria, proponen reformas para
adecuarla a la Constitución Política del Estado de forma que haga respetar los
derechos de los pueblos de tierras bajas sobre su territorio, adelantó el
dirigente Vargas.
Respecto
a las actividades petroleras en el parque Aguaragüe (chaco tarijeño), el
presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, afirmó que
no pretenden paralizar las operaciones hidrocarburíferas en la zona, sino una
indemnización por los daños ambientales en ésta y otras regiones de
explotación.
La Ley
de Áreas Protegidas y Parques Nacionales apuntará al cuidado de estos
territorios, mientras que la Ley de Bosques y la Forestal deberán perfilar políticas de protección para evitar
asentamientos ilegales y la extracción maderera ilegal. “Todos los puntos han
sido resueltos. Existen plazos para que se cumplan”, explicó Vargas, quien
evitó dar mayores detalles de las iniciativas que perfilarán.
Aún no
hay resultados de la pesquisa sobre la represión
A un mes
de la violenta intervención a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, la
Fiscalía realizó una inspección al lugar de los hechos y tomó declaraciones a
70 víctimas, mientras que la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) aún preparan los informes sobre los
acontecimientos del 25 de septiembre en Yucumo, Beni.
La
Fiscalía instruyó una investigación de oficio, mientras que una segunda se
realiza a partir de la denuncia del jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan
del Granado. El fiscal Marco Antonio Vargas está a cargo de la denuncia de Del
Granado y anunció que solicitará lo hecho hasta el momento por la pesquisa de oficio.
“He
solicitado me envíen fotocopias legalizadas de todos los actuados que existen
allá (Beni), como también certificados médicos forenses y declaraciones de 70
víctimas de los hechos”, explicó.
El
defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó el domingo que espera un informe
del Gobierno sobre la actuación policial para avanzar y concluir el informe de
la represión policial. La organización activista de derechos humanos también
alista un reporte.
La
violencia en Yucumo derivó en la renuncia de cuatro autoridades, entre ellos
del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. El Gobierno trabaja en formar una
comisión con participación de instancias como la OEA y ONU. La opositora
Convergencia Nacional y la CIDOB presentaron un juicio por delitos como
genocidio contra el presidente Evo Morales. La Fiscalía aún no inició la
pesquisa.
Acuerdos
entre Gobierno e indígenas
Demanda
indígena
1.
Rechazo a la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos que afectaría el TIPNIS.
2.
Paralización de las actividades hidrocarburíferas en el Parque Aguaragüe.
3.
Garantizar que los territorios indígenas sean respetados en la nueva
legislación agraria.
4.
Reconocimiento al derecho de recibir la retribución por compensación de la
mitigación de gases.
5.
Respeto al desarrollo normativo y el derecho a la consulta.
6. El
desarrollo productivo y la descentralización a las regiones del Oriente, Chaco
y Amazonía con asignación de recursos económicos.
7.
Provisión de recursos económicos para la implementación en todos los
territorios indígenas titulados. Autonomía indígena.
8. Ley
de Bosques.
9.
Contemplar el Parque y Aéreas Protegidas en la elaboración especial de las
áreas protegidas.
10.
Desembolso de recursos económicos para la construcción de la infraestructura y
funcionamiento de la Universidad Indígena Boliviana (UIB).
11.
Incorporación en forma efectiva a los pueblos indígenas como beneficiarios del
Seguro Universal de Salud.
12.
Realización del Censo de Población y Vivienda.
13.
Implementación de planes de vivienda en tierras indígenas.
14.
Implementación de políticas de manejo, protección y conservación para el río
Pilcomayo.
15.
Garantizar el derecho pleno del acceso y uso de la información y la
comunicación a los pueblos indígenas.
16.
Cumplimiento del acuerdo de mayo del 2010 con la Asamblea del Pueblo Guaraní
(APG).
Consensos
alcanzados
-El
presidente Evo Morales retrocedió y decidió vetar la construcción de la vía
Cochabamba-Beni por el TIPNIS y declarar intangible al parque. Una ley
consolidará la decisión presidencial, que recoge la demanda de la marcha
indígena. Además, prohibirán asentamientos humanos en el parque.
-Los
indígenas aclararon que el planteamiento no tiene el objetivo de paralizar
operaciones hidrocarburíferas. Se implementará un plan de remediación de
pasivos ambientales y una compensación por daños hidrológicos.
-Se trabajará
en las enmiendas a la Ley de Reconducción Comunitaria. Además, se continuará
con los saneamientos de las TCOs y el Gobierno entregará documentación referida
a la venta ilegal de tierras.
-Aplicarán
las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos de Tiquipaya, que
rechaza el cobro de la compensación. Apostarán a planes para fortalecer la
capacidad de gestión integral de bosques.
-Elaborarán
una Ley General de Consulta para garantizar el derecho a la consulta previa en
la ejecución de proyectos de desarrollo.
-Ejecutarán
una política de desarrollo plural y comunitario, como resultado de un
cronograma de trabajo entre el Ejecutivo y los pueblos indígenas. Las
iniciativas acordadas no sólo beneficiarán a los pueblos indígenas.
-El
Gobierno desembolsará los recursos económicos que permitan ejecutar las
autonomías territoriales indígenas, como la conversión de municipios
tradicionales a municipios indígenas.
-Se
elaborará una Ley de Bosques con participación indígena.
-Se
elaborará una Ley de Áreas Protegidas y Parques Nacionales con participación
indígena. El objetivo es el cuidado de territorios originarios.
-Se
estableció que el Gobierno desembolsará ocho millones de bolivianos para la
construcción y la implementación de la Universidad Indígena Boliviana (UIB) en
tierras bajas. Además, se capacitará a los docentes que trabajen en esa casa de
estudios superiores.
-El
Gobierno construirá hospitales de segundo nivel en las poblaciones pequeñas
donde existe mayor población indígena.
-No se
conoció detalles sobre los resultados de este punto.
-No se
conoció detalles sobre los resultados de este punto.
-Se
estableció que en este punto se trabajará con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, ya que implica negociaciones con los países vecinos de Argentina y
Paraguay.
-Acordaron
que el Gobierno implementará políticas para que los pueblos indígenas tengan
acceso a la información y a la comunicación.
-Se validó el acuerdo suscrito entre la Asamblea
del Pueblo Guaraní (APG), el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este convenio se complementará a los
resueltos en el diálogo.