“Si al comienzo no muestras quién eres, nunca podrás después, cuando lo quisieres.” (Infante Don Juan Manuel en El Conde Lucanor).

El caso de la muerte de un suboficial y 10 soldados en Arauca ha quedado cerrado. El Cabo tuvo la culpa por no cumplir los manuales que le dieron antes de ponerse en marcha con su escuadra. Y como nadie recuerda cómo se llama el Cabo, y como los muertos nunca tienen la razón, la causa se da por concluida.

A nadie le importa averiguar por qué estamos perdiendo la guerra.
En Arauca, como en La Guajira, en Norte de Santander y en el Cesar; en la costa del Pacífico, desde la frontera con el Ecuador hasta los límites con Panamá; en la antigua zona de distensión; en el Caquetá y en el Vichada, y en el bajo Cauca antioqueño y en Córdoba, la situación vuelve a parecerse a la del año 2002.
Libramos las cifras con los ataques certeros de la Fuerza Aérea, contando con respaldos de verificación y toma del terreno de comandos especiales o de la Policía. Lo demás es el desastre.
Los centros de observación serios que nos quedan revelan la verdad. Las estadísticas son las peores del último decenio.

La clave anda muy lejos de Arauca. El Tribunal Superior de Cali acaba de confirmar la condena contra el mayor Mauricio Ordóñez Galindo, y ocho de sus hombres, a la pena de 46 años de prisión, por haber dado de baja a cuatro bandidos que siendo o pareciendo miembros de las Farc azotaban las montañas que descienden hacia Cali. Desesperados los vecinos de la región por las extorsiones, las amenazas y los ataques que padecían, acudieron al Gaula comandado por el mayor Ordóñez. En perfecta operación militar, los sujetos, con tenebroso pasado judicial, lleno el cuerpo de cocaína y licor, portando armas que accionaron contra la tropa, cayeron abatidos.

El Tribunal nunca preguntó a los vecinos si como resultado de la acción militar recuperaron la perdida calma. ¿Para qué? Nunca se manifestó impresionado por el pasado de esos delincuentes. Nunca se inquietó por la desaparición de una pareja que habitaba la zona y que fue puesta por el Ejército a cubierto del fuego que podía desencadenarse. Primero dijeron que nada vieron, y después, manipulados por la Fiscalía, lo vieron todo. Ni la ubicación ni las sombras de la noche les estorbaron la visión. La recobraron como por encanto y luego… desaparecieron. Es imposible contrainterrogarlos, ni reconstruir con ellos la escena. El Juez y el Tribunal se quejan de que los hubieran movido antes del combate, porque se trataba de eliminar testigos. Tome nota el Ejército. De los combates hay que tener testigos. Resguardar civiles es prueba de culpabilidad.

El mayor Ordóñez dio una orden ilegítima. Y la ilegitimidad aparece porque cumpliéndola murieron civiles. ¡Vaya joya de lógica! Y porque en ella se daba, tácitamente, la orden de matar. Y este es el diamante de la corona. Los subalternos pueden obedecer, siempre y cuando “no se trate de una orden de matar” (página 24 de la sentencia).

También falló el mayor, porque no llevó consigo un fiscal. Quede claro: de aquí en adelante, operaciones sin orden de matar y con fiscal a bordo. Si los fiscales se suben a bordo de semejante buque. Y también falló el mayor porque se ofrecieron y dieron recompensas a los que denunciaron a los bandidos. Se trata de un negocio y el móvil del crimen es el dinero. Lo dice el Tribunal.
Hasta hoy teníamos el cuadro dramático de un Ejército que se negaba a combatir. Desde hoy, será peor. No habrá mando que imparta una orden de operaciones.

Arauca y Cali. Es lo mismo. Un Ejército que no puede combatir y al que asesinan a mansalva, porque no combate. Puede seguir el ilustre Ministro de la Defensa inaugurando impresionantes batallones. Más banderas, más himnos, más desfiles. Pierde su tiempo. Dedíquese mejor a combatir sentencias como la de Cali. Por esa y muchas otras parecidas perdemos la guerra.