Gracias a la determinación de sus vecinos Lituania y Polonia, nuevos miembros de la UE, se ha evitado la perenne tentación europea de contemporizar con un dictador firmemente apoyado por el Kremlin.

Casi veinte años después del anuncio del proceso de perestroika o restructuración por el entonces Secretario General del Partido Comunista Soviético Mijail Gorbachov, y tres lustros después de la disolución de la URSS, Rusia no es aún una democracia constitucional sino que sufre “resaca imperial”, en palabras de Geoffrey Hosking, profesor de historia rusa del londinense University College. Los ingleses saben un rato de resacas imperiales.

La reelección del presidente ruso Vladimir Putin hace dos años no fue tan distinta de la de Lukashenko ahora. Putin obtuvo más del 70% de los votos en unos comicios que los observadores internacionales rehusaron validar debido a la manipulación mediática y a irregularidades en el recuento. Ambos son “hombres fuertes” muy populares entre amplias capas de la población que probablemente hubieran ganado igual jugando limpio.

¿Por qué actúan así? Lukashenko declaró en 2003: “El estilo autoritario es característico en mí”, y lo mismo puede decirse de Putin. A pesar de su juventud (alcanzaron el poder máximo en la cuarentena) los dos encarnan el pasado al añorar la todopoderosa Unión Soviética.

Vladimir Putin vivió las “revoluciones de colores” en Georgia, Ucrania, Rumanía y Kirguistán entre 2003 y 2005 como una intromisión occidental en su feudo, que se suma al resentimiento por la ampliación al Este de la OTAN y la Unión Europea. Rusia ganó posiciones más tarde en Asia Central, desde Kazajstán a Uzbekistán, donde el reacercamiento a Moscú se combina con un autoritarismo creciente.

Ahora Putin celebra una “victoria” en Bielorrusia y el esta vez legítimo triunfo en las elecciones legislativas ucranianas de Víctor Yanukovich, quien intentó falsear las presidenciales en 2004. Lukashenko se jactó esta semana de haber frenado el intento de expansión europeo, y afirmó que rusos y bielorrusos viven en un mismo Estado. En realidad, Putin tiene poca química con él y la economía dirigista que todavía practica se ve con malos ojos en la nueva Rusia. Bielorrusia tiene una tenue identidad nacional, y aunque Putin disfruta con su peón en Europa central, evita la unión por la pretensión de Lukashenko de ser tratado como igual y por el atraso del país, un tercio más pobre que su vecino del Este.

Occidente consiente las veleidades autoritarias en Rusia por su riqueza en gas y petróleo, porque es un socio imprescindible para afianzar la seguridad internacional en relación al terrorismo islamista, Irán, Corea del Norte y el conflicto de Oriente Medio, y porque Putin proporciona estabilidad en un imperio multiétnico que, de estallar, haría que la antigua Yugoslavia pareciera un campamento de verano.

Lamentablemente, después del hundimiento del Estado represor comunista, el poder en Rusia no está por la labor de construir una sociedad abierta y libre en un Estado de Derecho sino que sigue obsesionado con su fobia a la desintegración imperial. En vez de expiar la criminal opresión soviética en buena parte del continente europeo, Moscú todavía compite con Washington y Bruselas por esferas de influencia y vive el avance de la democracia en sus antiguos dominios como una pérdida.

La insólita invitación a Hamás a visitar la capital rusa tras su victoria en Palestina en enero debe interpretarse como un intento desesperado de recuperar protagonismo en la escena internacional.

Rusia afianza al régimen en Bielorrusia con gas subvencionado, mientras que desestabiliza a las democráticas Ucrania y Georgia con súbitas subidas de precios y cortes de suministro. Al regalar gas barato a sus satélites, Putin estafa a los ciudadanos rusos, sus verdaderos propietarios.

A pesar de los horrores que no cesan en Chechenia y de su inquietante política exterior, Putin acogerá en julio en San Petersburgo la Cumbre del G-8. Rusia preside este año el exclusivo grupo de países más industrializados del mundo, donde da la nota por sus bajos niveles de renta y probidad democrática.