En menos de medio año Jalisco ha sido escenario de dos multihomicidios perpetrados por Los Zetas y sus aliados del Cártel del Milenio contra la gente de Joaquín El Chapo Guzmán que dejan inermes a las autoridades estatales y aun a las federales. El hallazgo de 18 cuerpos descuartizados en la carretera a Chapala el miércoles 9 fue una suerte de reedición de la matanza de Los Arcos del Milenio, ocurrida en noviembre último. Lo grave de todo es que las autoridades sabían que se preparaba una matanza y no hicieron nada para evitarla.
GUADALAJARA,
JAL.- Hace cinco meses, la víspera de que se localizaran los 26 cadáveres en
los Arcos del Milenio, las autoridades judiciales recibieron denuncias sobre
algunos levantones en varios municipios jaliscienses pero no les dieron
seguimiento. La historia se repitió hace unos días, cuando varias decenas de
personas fueron secuestradas y el miércoles 9 aparecieron 18 en dos camionetas
en la carretera a Chapala y dos más cerca de El Arenal.
Hasta la
madrugada del sábado 12 aún no aparecían todos los secuestrados, entre ellos
una mujer. Y aun cuando los familiares de uno de los plagiados pagaron el
rescate, nunca regresó. Sus restos, desmembrados, aparecieron junto con los de
otras 17 personas el miércoles 9. Cinco de ellos fueron decapitados vivos,
otros tenían el tiro de gracia, según los peritos.
La
Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) sabía lo que estaba
sucediendo en Ajijic, San Nicolás de los Ibarra, San Antonio y San Juan Cosalá,
entre los municipios de Chapala y Jocotepec, en la ribera del lago, donde
grupos de desconocidos estaban levantando gente, según testimonios de algunos
plagiados que escaparon de sus captores el martes 8.
La
“siembra” de cadáveres se volvió a presentar de manera similar a la de noviembre
pasado en los Arcos del Milenio, en esta ciudad, sólo que ahora los cadáveres
fueron abandonados en el kilómetro 25 de la carretera a Chapala y en una brecha
que va a la comunidad de La Querencia, en territorio de Ixtlahuacán de los
Membrillos. Un grupo de desconocidos dejaron ahí dos vehículos cargados con 18
cuerpos humanos –13 más o menos completos y cinco descuartizados y sin cabeza–
la mañana del miércoles 9.
Y aunque
la PGJ admite que desde el 27 de abril tenía información sobre varios
levantones en el municipio de Chapala, sus agentes no fueron a investigar ni
informaron a la comunidad sobre lo que estaba pasando.
Según
los testimonios de los lugareños recogidos por los medios locales, hace más de
15 días dos adolescentes y un adulto fueron levantados por hombres armados en
San Juan Cosalá. Y pese a que los familiares presentaron la denuncia ante la
procuraduría del estado, los peritos comenzaron a investigar sólo cuando
aparecieron las camionetas con los 18 cadáveres.
El
viernes 11 por la noche aun se veía en el poblado una manta con los nombres de
los desaparecidos: Liliana, Pedro y Armando. Sus familiares no saben si están
vivos; sólo claman que los tres son inocentes y exigen a sus captores que los
liberen.
Para las
autoridades de Jalisco las ejecuciones son resultado de un encontronazo entre
chapos-golfos y zetas-milenios que se disputan el territorio jalisciense. Los
reportes policiacos indican que las bandas habían planeado levantar a medio
centenar de personas y llevarlas a una casa de Ahuisculco, municipio de Tala,
donde serían ejecutados.
De
acuerdo con el plan, los cuerpos serían tirados en lugares próximos a la zona
metropolitana de Guadalajara el jueves 10. Pero la fuga de 10 personas el
martes 8 alteró el plan original, que abarcaba la ejecución de 50 personas.
Para la
procuraduría estatal el multihomicidio es una respuesta de Los Zetas y sus
aliados del Cártel del Milenio a la banda de Joaquín El Chapo Guzmán, cuyos
sicarios ejecutaron el pasado 4 de abril a 23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ese día aparecieron 14 cuerpos en una camioneta abandonada y nueve más colgados
en un puente peatonal.
La
fuga
El
miércoles 9 por la mañana los pobladores de Ixtlahuacán de los Membrillos
supieron del hallazgo de los 18 cuerpos mutilados. La PGJ aseguró una Ford
Ecosport en la que se encontraron cinco cabezas humanas, piernas, brazos y
otros restos, así como otra camioneta Toyota oscura tipo Sienna con los demás
cuerpos.
Las
unidades fueron trasladadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con
su “carga” para realizar los peritajes de ley y para evitar que los reporteros
y fotógrafos se enteraran del hallazgo.
En su
edición del jueves 10 el periódico Mural publicó una nota en la cual indicaba
que, según versiones extraoficiales, en las dos camionetas había mensajes
contra Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y José Ángel Carrasco
Coronel, sobrino del desaparecido Ignacio Nacho Coronel, líderes del Cártel de
Sinaloa.
La nota
aludió también a la presunta protección del gobierno de Jalisco a ese grupo. El
procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, rechazó el señalamiento y negó que se
hubieran encontrado mensajes o amenazas contra autoridades estatales.
Ese
mismo día aparecieron otros dos cuerpos en el municipio del Arenal; ambos tenían
el tiro de gracia. La policía los relacionó con el mismo hecho. Coronado Olmos
declaró que al parecer la mayoría de los muertos no tenía que ver con la
delincuencia organizada.
El
miércoles 9, el mismo procurador admitió que era imposible precisar el número
de víctimas pues sus cuerpos estaban desmembrados. Tras reunirse con el
gabinete de Seguridad, encabezado por el gobernador, Emilio González Márquez,
en Casa Jalisco, Tomás Coronado dijo que el hallazgo estaba relacionado con el
descubrimiento de una decena de personas secuestradas en el poblado de
Ahuisculco, en Tala, de donde algunos lograron escapar de sus captores durante
la mañana del martes 8.
Incluso
declaró que el mismo día en la población de Navajas, en el mismo municipio de
Tala, fue capturada Laura Rosales Sánchez, de 25 años y oriunda del lugar,
quien cuidaba a los secuestrados en la vivienda propiedad de su familia.
Estaban
encerrados en una vieja finca marcada con el número 34 de la calle Ignacio
Zaragoza, a unos metros de una escuela primaria y del lienzo charro Nati Cano.
En el interior de la vivienda asegurada los policías y empleados del Servicio
Médico Forense buscaron indicios de personas asesinadas. No encontraron ninguna
pista.
Según
testimonios recabados por Proceso, antes de la llegada de las autoridades a ese
poblado, al menos ocho de los afectados acudieron directamente a las casas de
algunos pobladores para pedir comida y solicitar permiso para realizar una
llamada telefónica a sus familiares… y a la policía:
“Vimos
que cuatro de los secuestrados entraron por la parte de la huerta a mi finca y
nos asustamos. Les ofrecimos un poco de agua y les pedimos que, por favor,
salieran de la casa; nos daba miedo que permanecieran en ella”, relata una de
las personas que brindó auxilio a los secuestrados.
El
delegado municipal de Ahuisculco, Fernando Ortega, y varios pobladores
localizaron a los fugados y los llevaron al ayuntamiento. Ahí les dieron agua y
comida y los interrogaron. Algunos iban totalmente desnudos. Uno de ellos llegó
a la carretera Tala-Guadalajara para pedir ayuda.
Eran las
10 de la noche del martes 8 y las unidades de la policía estatal aún montaban
guardia en la zona. Durante más de cuatro horas Ahuisculco fue tomado
virtualmente por agentes policiacos y soldados. Estos últimos bloquearon las
cinco entradas a la ranchería, donde habitan poco menos de mil personas.
Sin
embargo, ni la fuga de varios secuestrados ni el despliegue policiaco-militar
pudo disuadir el plan de “siembra” de cadáveres establecido para el jueves 10;
sólo se adelantó un día, según informó el diario El Occidental el miércoles 9,
y aludió al decomiso de un narcolaboratorio localizado en Acatlán de Juárez
tras la captura de Laura Rosales.
Una
procuraduría negligente
En
sus declaraciones, Laura Rosales relató que fue su hermano Ángel Rosales –al
que apodan El Terrillo y a quien la policía considera el líder de Los Zetas en
Chapala– el que se encargó de “reunir” a las víctimas “por órdenes de su
patrón”, aunque no dio su nombre. Dijo también que su hermano iba a ejecutar a
los plagiados para luego abandonar los cadáveres en dos vehículos en
Ixtlahuacán.
Según el
procurador, la detenida admitió que trabajaba para Los Zetas y aludió a las
ejecuciones realizadas por la gente del Cártel de Sinaloa en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, y la respuesta que preparaban sus rivales en Jalisco “para que todo
mundo supiera las cosas. Ahí están los resultados”, dijo el funcionario.
Las
autoridades estatales consideran posible que entre las personas que custodiaba
Laura Rosales en Ahuisculco se encontraran algunos de los levantados en la
ribera de Chapala entre el 24 de abril y el martes 8, la víspera del hallazgo
de los 18 cuerpos mutilados.
El mismo
martes 8, habitantes de esa zona de Chapala llamaron a la redacción de Proceso
Jalisco para denunciar los levantones en la región y para quejarse de la nula
respuesta de la PGJ.
El
miércoles 9 por la tarde, Tomás Coronado dijo que desde finales de abril la
procuraduría recibió denuncias sobre desapariciones en Chapala. Al principio
dijo que eran 15, pero luego corrigió y dijo que eran 30. Admitió también que
en la región Valles se reportaban 12 quejas similares.
A decir
de los vecinos de Chapala, la PGJ actuó con negligencia, aun cuando en esa zona
residen miles de extranjeros. Se comportó como en noviembre pasado, cuando a
pesar de que tenía 10 denuncias sobre desaparición de personas, actuó sólo
cuando aparecieron 26 cuerpos abandonados en las inmediaciones de los Arcos del
Milenio la madrugada del 24 de noviembre (Proceso 1830 y 1831).
Esa vez
el forense Alfredo Rodríguez criticó la incapacidad de las autoridades
estatales para enfrentar ataques directos a la población, mientras el
investigador de la Universidad de Guadalajara Dante Haro calificó el
multihomicidio como un acto de narcoterrorismo en el marco de la guerra entre
chapos y zetas.
Hasta el
sábado 12 sólo se habían identificado los cuerpos de varios meseros de entre 16
y 28 años que trabajaban en el restaurante Piedra de la Iguana, en un lugar
conocido como Piedra Barrenada, al borde del lago de Chapala, y varios
estudiantes.
Uno de
ellos, Jesús Martínez Delgado, de 18 años, cursaba el quinto semestre de
ingeniería en la Universidad de Guadalajara y había sido levantado el domingo
6; otro era Juan Luis Sandoval, de 16 años, quien también cursaba ingeniería, y
David Martínez Velázquez, de 18, recién egresado de preparatoria.
La
Secretaría de Seguridad Pública estatal se vio más activa que la PGJ al
capturar a cuatro presuntos sicarios de Los Zetas implicados en los levantones
y en la masacre. Se trata de Héctor Manuel López, de 31 años y con antecedentes
penales por delitos contra la salud y robo a negocios; Milton Everado Castro,
de 21; Ramón Parada Talamantes, de 44, y César Alejandro Rodríguez Cervantes,
El Moco, de 20. Este último fue captado en video cuando retiraba efectivo de un
cajero automático con la tarjeta de una de las víctimas. Todos residían en
Tala.
El
viernes 11 la PGJ giró órdenes de aprehensión contra Armando Rafael Figueroa Martínez,
El Cali, El Colchón o El R20; Juan Carlos Antonio Mercado, El Chato o El
Molino, y Ángel Rosales Sánchez, El Jabalino, El R25 o El Terrillo, hermano de
Laura Rosales.
El día
anterior, la Secretaría de Seguridad Pública estatal localizó una casa rodante
en San Nicolás de los Ibarra, municipio de Chapala, presuntamente robada
semanas atrás. Los agentes encontraron en su interior un arsenal que incluía
siete fusiles AR-15, tres AK-47, varias granadas de fragmentación, cuatro
pistolas de diferentes calibres y cargadores para los “cuernos de chivo”, así
como parque.
El mismo
jueves 10, la Procuraduría General de la República confirmó que personal
asignado a la institución se sumaba a las investigaciones, si bien aclaró que
no atraería el caso del multihomicidio.