Gabriel C. Salvia y Verónica E. Repond

Durante la primera presidencia de Carlos Menem, el proceso legislativo para la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) duró 389 días y bajo la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner el trámite parlamentario que terminó con la estatización de YPF se realizó en 17 días. Está claro que más allá de las posiciones políticas sobre si YPF tiene que ser una empresa privada, estatal o mixta, desde el punto de vista institucional la expropiación impulsada por el kirchnerismo y aprobada con un amplio apoyo legislativo ha sido en clara violación al principio republicano de publicidad que requiere el proceso de formación y sanción de las leyes. Sin embargo, la mayor parte de la oposición ni siquiera se atreve a votar en contra de las iniciativas kirchneristas motivada en la defensa de las formas republicanas o en una genuina aspiración de contar con una empresa pública administrada por personal meritocrático y con criterios transparentes.

CADAL (Argentina)

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