En pleno periodo de transición entre un sexenio y otro, la violencia contra informadores y medios de comunicación se ha incrementado.
El reciente ataque contra las instalaciones de Grupo Reforma, el tercero en menos de un mes, así como las amenazas contra la periodista Lydia Cacho, provenientes del crimen organizado, plantean un panorama preocupante y nada promisorio.
Así lo expresan también dos organizaciones internacionales de defensa a la libertad de expresión, como Artículo 19 y Freedom House, en sus recientes balances sobre el 2011 y lo que va del 2012.
En lo que va de este sexenio se tienen registrados 47 periodistas asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques contra instalaciones de medios de comunicación, especialmente en aquellas entidades donde los cárteles del crimen organizado han incrementado su disputa territorial.
El número de agresiones –incluyendo amenazas, intentos de censura y autocensura- se disparó en 2011, para ubicarse en 172. Hasta julio de 2012, se registraron 85 agresiones a periodistas, según Freedom House.
En 2012 la entidad con mayor número de asesinatos de periodistas es Veracruz, donde fue asesinada hace tres meses la reportera y corresponsal de Proceso, Regina Martínez, cuyo homicidio aún no ha sido esclarecido.
Freedom House indica que 65% de las agresiones son cometidas por autoridades, desde la policía municipal, hasta el ejército o la Marina.
“Hay un escenario de fuego cruzado, los ataques vienen tanto de grupos del crimen organizado como de autoridades, porque en ambos casos sus estrategias tienen componentes informativos muy fuertes”, declaró al periódico Reforma, Ricardo González, oficial de Protección a Periodistas de Artículo 19.
Amenazas a Redes Sociales
En este contexto, no sólo los informadores de medios impresos o electrónicos han sido intimidados, agredidos o, incluso, asesinados.
En los últimos meses, la intimidación a usuarios de redes sociales, blogueros y tuiteros se ha incrementado, sin que hasta ahora exista un registro oficial de estos hechos.
La disputa poselectoral y la persistencia de esquemas autoritarios en las relaciones de prensa-poder en varias entidades –especialmente, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo- se expresa también en contra de los usuarios de redes sociales.
