Si lo que han hecho no ha servido, es hora de un giro de 180 en materia de política penitenciaria.
Cada año, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, dirigida por Humberto Prado, produce un informe sin desperdicios sobre la situación de los reclusos en las cárceles venezolanas. Las cifras del último informe no pueden ser peores y constituyen la mejor demostración de la absoluta carencia de una política carcelaria por parte del Gobierno central, que se empeña en no soltar el control de las cárceles, aun cuando está más que demostrado que no puede con ellas.
El informe señala que desde 1999 hasta el 2012, 5.370 presos han sido asesinados dentro de los centros penitenciarios del país y 15.131 fueron heridos en diversos conflictos y enfrentamientos internos, en su gran mayoría por armas de fuego. Los "chuzos" fueron sustituidos por la pólvora durante estos años, ha declarado Prado. Los viejos conflictos entre reclusos que otrora, en algunos casos, terminaban siendo resueltos por "chuzos" fabricados dentro de las mismas cárceles, ahora se resuelven con armas de fuego que han ingresado a los penales con la corrupta complicidad de los custodios.
La cifra de asesinatos dentro de las cárceles viene en franco aumento año tras año. El 2010 cerró con 476 asesinatos; el 2011, 560. En el primer trimestre de este año 2012 ya han sido 304 presos asesinados.
La capacidad de los 33 establecimientos penitenciarios que hay en el país tiene un tope máximo para 14.500 personas detenidas. En la actualidad -señala el informe- están hacinados en esas cárceles 44.941 presos. Nada difícil concluir que la principal causa de la violencia existente en todos nuestros centros penitenciarios la constituye este inhumano hacinamiento.
En sus casi 14 años en el poder, este gobierno no ha construido ni un solo nuevo centro penitenciario. Ha promovido varias reformas del Código Orgánico Procesal Penal para acelerar los procesos penales y tratar de acabar con el retardo procesal que contribuye al hacinamiento, pero ninguna ha dado los resultados tan anunciados. También ha ejecutado dos reformas del Poder Judicial alegando que el antiguo sistema estaba gobernado por tribus judiciales -cosa parcialmente cierta-, pero las viejas tribus fueron sustituidas por nuevas y la impunidad ha crecido a cifras impensables. Cada ciudadano que es víctima de un delito está convencido de que los culpables jamás serán juzgados.
Si tomamos en cuenta que aproximadamente el 75% de los delitos que se comenten en el país quedan impunes (siendo generosos en la cifra), sus culpables no son aprehendidos, ni juzgados ni sentenciados y, en muchos casos, las víctimas ni siquiera se atreven a denunciar; la crisis es aún más profunda pues en caso de que en algún momento se disminuyeran los índices de impunidad reinantes, ¿a dónde enviarían los jueces a los delincuentes que deberían estar penados por la comisión de diferentes delitos si ya, con los pocos que son juzgados, los centros penitenciarios están más que colapsados?
Desde 1999, la nueva Constitución Nacional estableció en su art. 272 que los establecimientos penitenciarios deben contar con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Señala que deben funcionar bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y ordena que se rijan por una administración "descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales".
Lejos de descentralizar las cárceles, el Gobierno nacional hace un año creó un ministerio para dirigirlas, violando así la Constitución en su mandato claro de entregarlas a las gobernaciones y alcaldías. El ejercicio hegemónico del poder, que constituye su línea de acción más constante y evidente para absorberlo todo y controlarlo todo, no le permite ver que la mejor manera de lograr un manejo efectivo de las cárceles es entregarlas, con los recursos correspondientes, a los gobernadores para que estos las administren.
El Gobierno nacional debería dedicarse a construir al menos unos 40 centros penitenciarios. Debe ir construyendo cárceles y entregándoselas a los gobiernos estatales. Debe fomentar la formación de personal capacitado para el manejo de las cárceles, creando la carrera penitenciaria en las universidades que maneja y solicitándole a las universidades autónomas que las creen.
Se han perdido casi catorce años. Han muerto asesinados miles de venezolanos en las cárceles y desde ellas los "pranes" dirigen bandas de delincuentes internos y externos que afectan la vida y bienes de los venezolanos, sin que el Estado ejerza el control real sobre ellos. Si todo lo que han hecho no ha servido, es hora de dar un giro de 180° en materia de política penitenciaria. Es hora de cumplir la Constitución.
