El cumplimiento del protocolo de Kioto contra el cambio climático es una asignatura cada vez más difícil para España. El volumen de gases de efecto invernadero aumentó en España en el 2005 un 52,9% respecto a 1990. España se comprometió en Kioto a aumentar sólo un 15% estas emisiones en el periodo 2008-2012, por lo que ya ha triplicado el porcentaje máximo asignado.

El alejamiento de la meta marcada en Kioto se agudizó aún más el año pasado, al incrementarse la emisión de gases invernadero un 3,4% respeto a los datos del 2004. Como es sabido, los gases que calientan la atmósfera proceden del uso intensivo de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), empleados en las plantas térmicas de producción eléctrica, las industrias, el transporte o el sector doméstico, entre otros sectores.

Una de las causas de este nuevo crecimiento es que la producción hidroeléctrica fue un 40% inferior a la del año 2004, lo que obligó a que tanto las centrales térmicas de gas de ciclo combinado como las de carbón tuvieran que funcionar más horas. La dependencia energética exterior de España alcanzó el 79,2%.

"Estas cifras nos distancian todavía más del protocolo de Kioto. Seguimos siendo el país que está más lejos de cumplirlo, junto con Canadá", advirtió ayer Joaquín Nieto, secretario confederal de medio ambiente de CC.OO., coautor del estudio junto con José Santamarta, director de la revista World Watch.

Este incumplimiento tendrá un alto coste económico para España, cifrado entre los 3.000 y los 15.000 millones de euros para el periodo 2008-2010. En cualquier caso, España -al margen de los esfuerzos en materia de política interna que realice- no tendrá más remedio que acudir al mercado de compraventa de derechos de emisión de CO2 (que funciona ya en los países de la UE). La otra opción es participar en el mecanismo de desarrollo limpio, que le permite adquirir derechos de reducción de emisiones en los países en desarrollo gracias a inversiones en proyectos de mejora del aire (modernas térmicas, fuentes renovables, descontaminación de vertederos) que dan lugar a descuentos en el inventario nacional de gases.

Joaquín Nieto afirma que al paso actual, España deberá comprar en el exterior el exceso de 108 millones de toneladas de CO2 emitidas de más al año, es decir, un total de 550 millones de toneladas en el periodo 2008-2012. Teniendo en cuenta que el precio actual del aire limpio es de 30 euros por tonelada, España (y su industria) debería gastar unos 15.000 millones de euros. Si, en cambio, se acude al mecanismo de desarrollo limpio, el costo se reduciría a unos 3.000 millones de euros en estos cinco años.

Otra consecuencia es que el Gobierno presumiblemente recortará aún más los derecho o topes de CO2 fijados para las industrias sujetas al plan de asignación de derechos de emisión, que debe ser actualizado a partir del año 2008. En el primer plan (2005-2007), el Gobierno optó por el objetivo modesto de estabilizar esas emisiones (pues se veía imposible dar un giro brusco) con la intención de imponer las reducciones a partir del 2008. Ahora, todo indica que esos deberes para la industria serán más exigentes.

En el informe de CC.OO. se reconoce que el Gobierno ha aprobado ya algunos de los instrumentos clave para reducir el consumo de energía (plan de acción de ahorro y eficiencia energética, el nuevo plan de fomento de las energías renovables, el código técnico de la edificación o el plan que asigna los topes de emisiones de CO2 a las grandes industrias). Sin embargo, sus resultados son aún inapreciables. En el 2005, en España se construyeron 800.000 viviendas, cifra que multiplica por diez las viviendas terminadas en el Reino Unido, y que es superior a la suma de Alemania, Francia e Italia juntas. "El problema es que estas viviendas se han hecho sin criterios de racionalidad y eficiencia en los recursos", dice Nieto. Hay que tener en cuenta que el sector de la vivienda y los servicios representa el 40% del consumo final de energía en la UE.

Los autores del informe valoraron como aspecto positivos el aumento en el 2005 de la generación eléctrica de origen eólica (hasta atender el 7,7% de la demanda), lo que evitó la emisión a la atmósfera de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono. También, por primera vez, se apreció una mejora de la intensidad energética (un menor uso de la energía por unidad de riqueza generada). Para salir de este atolladero, Nieto exigió la implicación directa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y denunció la inexistencia de una estrategia de lucha contra el cambio climático que implique a todos los ministerios.