Si se analiza el acontecer cotidiano a lo largo de estos últimos años se aprecia que estamos ante una sociedad que ha ido perdiendo progresivamente la confianza en sí misma: su falta de dinamismo a la hora de atajar los graves problemas que afectan a su tejido económico, su evidente esclerosis social y los escándalos que sacuden a su clase política han transformado a Francia en un país sin rumbo y sin ambición.

Tan sólo las movilizaciones que han acaudillado con frecuencia los sindicatos y la izquierda radical han desperezado a la sociedad francesa de su letargo. Sin embargo, el objetivo de esas movilizaciones no ha sido otro que persistir en el problema, esto es, disputar a las instituciones su legitimidad y combatir cualquier aliento de reforma que trate de desmontar la cultura de subsidio bajo la que agoniza el Estado del Bienestar edificado en los años 70 y 80.

Esta circunstancia, los incidentes callejeros acaecidos en París a finales de 2005 y los numerosos escándalos que pesan sobre Jacques Chirac han convertido su segundo mandato en una agónica implosión del crédito electoral que lo condujo al Elíseo. En este sentido, la condena de Alain Juppé por corrupción, el escándalo del programa de venta de petróleo iraquí por alimentos, así como otros asuntos que gravitan sobre su entorno de confianza, están conduciendo a Francia a un complicado callejón sin salida. Ahora parece que le ha tocado el turno a De Villepin, implicado en lo que la prensa parisina denomina ya como el «Watergate» francés. Herido de gravedad tras la derrota sufrida con la retirada del Contrato de Primer Empleo, el primer ministro Dominique de Villepin atraviesa por un nuevo calvario que quizá provoque su dimisión.

Esta vez el pulso político se lo plantea la tormenta desatada por el escándalo «Clearstream» y la acusación de haber ordenado investigar a Nicolas Sarkozy, Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn o Charles Pasqua, cuando éste era ministro de Asuntos Exteriores. Los cargos que pesan sobre él son de enorme gravedad: se le imputa haber utilizado los servicios secretos franceses para investigar una trama de corrupción que finalmente se ha demostrado falsa. El cruce de declaraciones y desmentidos de los últimos días coloca a De Villepin y su Gobierno en una difícil situación, máxime si se confirma que dio la orden de investigar a la sombra de una supuesta indicación recibida desde el Eliseo.

Quizá la insistencia de Chirac de reiterar ayer su apoyo presidencial al primer ministro sea algo más que una declaración de confianza. Probablemente sea la última baza para evitar que el escándalo le salpique a él directamente.