Serán citados a declarar al Juzgado de Crimen Organizado este mes.La licitación investigada por la Justicia se abrió en julio del 2011 bajo el título “Trabajo de Mantenimiento de Centrales Térmicas” y fue asignada, meses más tarde, a la firma Ciemsa-CSI Ingenieros por unos US$ 7 millones. El mantenimiento se realizaría sobre cuatro centrales térmicas: Batlle, La Tablada, Punta del Tigre y la turbina de Maldonado.
En abril
de 2012, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, presentó una denuncia ante
el juzgado del Crimen Organizado para que investigara los procedimientos de
compra y licitaciones de UTE. La investigación policial culminó este mes y solo
resta que los implicados, tres ingenieros de UTE que ya fueron separados de sus
cargos por el directorio del organismo, declaren ante el juez especializado en
Crimen Organizado Néstor Valetti y la fiscal Mónica Ferrero. Fuentes de la
investigación informaron a El Observador que hay pruebas que demuestran que
estos tres ingenieros incurrieron en delitos.
La
licitación investigada por la Justicia se abrió en julio del 2011 bajo el
título “Trabajo de Mantenimiento de Centrales Térmicas” y fue asignada, meses
más tarde, a la firma Ciemsa-CSI Ingenieros por unos US$ 7 millones. El
mantenimiento se realizaría sobre cuatro centrales térmicas: Batlle, La
Tablada, Punta del Tigre y la turbina de Maldonado.
Los tres
ingenieros eran los encargados de diseñar los pliegos de las licitaciones en
los que se establecían los requerimientos para que las empresas concursaran. La
investigación, a cargo de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol del
Ministerio del Interior, probó que existían vínculos e intereses comunes entre
la empresa que ganó la licitación y los ingenieros que diseñaron los
requerimientos.
Los
profesionales exigían a las compañías concursantes lo que la “empresa amiga” ya
tenía. Diseñaban los pliegos de la licitación “a medida” de esta compañía.
Los
ingenieros, además, eran quienes evaluaban las propuestas y asignaban las
licitaciones. De esta forma, su tarea abarcaba todo el proceso
licitatorio.
Para los
investigadores, es evidente que los ingenieros favorecieron a algunas empresas
(aunque no definieron a cuántas, puesto que participaron de varias
licitaciones) en perjuicio de otras compañías. En el correr de este mes, los
tres profesionales serán citados a declarar al juzgado, según los informantes.
Ante la
denuncia de un funcionario y sospechas de irregularidades, UTE ordenó una
investigación externa de las licitaciones en octubre de 2012. Los auditores
sugirieron anular la licitación. El 2 de mayo de este año, el directorio de UTE
resolvió por unanimidad anular la controvertida licitación y llamar a un nuevo concurso.
El 4%
del exvicepresidente de UTE
El
actual directorio de UTE había aprobado la adjudicación del llamado de
mantenimiento a la firma Ciemsa-CSI Ingenieros en 2011. Precisamente, en Ciemsa
SA, la empresa favorecida, el exvicepresidente de la administración anterior
del ente Pedro De Aurrecoechea tiene una participación minoritaria del 4%,
hecho que despertó sospechas y dudas sobre la legalidad de este procedimiento
competitivo.
Sin
embargo, las fuentes consultadas destacaron que, en principio, no surge
responsabilidad penal de De Aurrecoechea en este caso.
De
Aurrecoechea declaró que trabajó en Ciemsa SA entre 1982 y 2005, y que si bien
hoy es dueño del 4% de las acciones de la empresa, no tuvo incidencia en la
adjudicación de las licitaciones porque él fue vicepresidente de UTE hasta mayo
de 2010 y la licitación por US$ 7 millones se abrió un año después, en julio de
2011.
De todas
maneras, De Aurrecoechea es actual gerente general adjunto de Gas Sayago SA
–propiedad de UTE y de ANCAP–. Esa empresa, que está a cargo del proyecto de la
regasificadora, aun cuando funciona bajo el régimen de derecho privado,
mantiene contratos con CSI Ingenieros, informó Brecha.
Luego de
que el semanario Búsqueda informara sobre denuncia del presidente de UTE y la
investigación de Crimen Organizado, De Aurrecoechea habló con Informativo
Sarandí. “Yo dejé el directorio de UTE en mayo del 2010 y esta licitación se
abrió en julio del 2011. O sea que la tramitación se hizo conmigo afuera del
ente. Yo sabía que la empresa Ciemsa se había presentado a la licitación pero
no tuve participación alguna, porque luego que dejé UTE he estado trabajando
allí mediante contrato profesional. Me jubilé en 2005 de Ciemsa, cuando ingresé
a UTE y no ocupo cargo dirigencial alguno, sino que esporádicamente brindo
servicios profesionales”, explicó el exjerarca.
De
Aurrecoechea también habló entonces sobre el pequeño porcentaje accionario que
tiene en Ciemsa (4%) y explicó que haber sido integrante del directorio de UTE
no es ningún impedimento para que la empresa se presente a una
licitación.
“Sería
absurdo porque limitaría las posibilidades de libre competencia. Lo que no se
puede, según disposiciones que están justificadas en cuestiones éticas, es ser
oferente u ocupar cargos gerenciales en empresas contratistas cuando se está en
un cargo responsable en una empresa pública, pero eso es claramente una
situación que no ocurrió en mi caso. Yo renuncié a mi cargo de Ciemsa para
poder asumir en UTE”, dijo.
A su
vez, el exjerarca negó haber influido de alguna manera en la adjudicación o
haber recibido dinero y ofreció todas las declaraciones juradas y
patrimoniales que hizo ante la Junta Anti Corrupción, “para que se compruebe la
evolución o involución de mi patrimonio desde que estuve en UTE”.
Otras
adjudicaciones en la mira de la Justicia
El
diputado blanco Jorge Gandini presentó una denuncia en junio de 2012 en el
juzgado de Crimen Organizado para que se investigue otra licitación de UTE.
En
diciembre de 2011, UTE abrió la licitación para ampliar la central térmica de
Punta del Tigre, en San José. El organismo recibió cinco ofertas de entre US$
470 millones y US$ 640 millones. Las cinco empresas que ofertaron fueron:
General Electric, Cobra (del español Florentino Pérez), la coreana Hyundai Engineering
Co. (HEC), la italiana Ansaldo y la argentina Electroingeniería. La coreana HEC
fue precalificada para la obra pero, según información que presentó Gandini. lo
hizo con documentos falsos y sirviéndose de la experiencia de otra empresa
coreana: Hyundai Engineering and Construction Co. (HDEC). El juez especializado
de Crimen Organizado Néstor Valetti y la fiscal Mónica Ferrero también
investigan esta licitación.
*Nicolás Delgado @nicodelgado13