BEIJING.- La corrupción protagoniza todos los debates en China. El gobierno sabe que ese fenómeno socava su legitimidad al tiempo que genera y estimula las protestas sociales.

Hu Jintao, anterior presidente, pronunció 16 veces esa palabra durante su discurso en el Congreso de Partido Comunista de China (PCCH) en noviembre del año pasado y advirtió que la corrupción “puede provocar el derrumbamiento del país”.

En marzo del año pasado Wen Jiabao, exprimer ministro, reconoció que la “actual lucha (anticorrupción) no cumple las expectativas del pueblo”.

Xi Jinping –nuevo presidente de la república y quien dijo que el combate a la corrupción será la tarea primordial de su gobierno– heredó el problema, el cual se agrava porque las diferencias sociales son mayores ahora que hace 10 años e internet impide que los funcionarios oculten sus excesos.

Y mientras los cables de WikiLeaks revelaron el desprecio que Xi manifiesta en privado hacia los corruptos, el mandatario acompaña sus discursos con hechos: Prohibió los gastos desmedidos para celebrar actos públicos, eliminó los banquetes pantagruélicos de los funcionarios y redujo los gastos del Ejército. El pasado enero prometió que caerían “moscas” y “tigres”, es decir burócratas de bajo nivel o altos funcionarios… y su campaña parece estar funcionando.

Los ceses de burócratas aumentaron desde que Xi asumió el poder en marzo pasado. En meses recientes han caído peces gordos como Liu Tienan, exvicedirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas; Wang Suyi, quien desempeñaba un cargo importante en el Pcch en Mongolia Interior; Li Chuncheng, exvicesecretario general de la provincia de Sichuan, y Liu Zhijun, exministro de Ferrocarriles y artífice del desarrollo de los trenes de alta velocidad en China. Este último fue condenado a muerte pero con dos años de suspensión (una fórmula que en la práctica termina en cadena perpetua).

Los chinos se deleitan con las destituciones pero los expertos dudan: No saben cuánto durará el impulso anticorrupción o hasta dónde dejará el PCCH que llegue Xi. Y es que las intenciones de combatir la corrupción chocan contra un sistema que la estimula. Tras una detención sonada se suele pensar que el capturado no pagó en la ventanilla adecuada, fue víctima de una guerra interna o lo eligieron como el chivo expiatorio que calmará temporalmente a las masas.

Para Wen-cheng Lin, decano de la Universidad Nacional Sun Yat-sen, en Taiwán, hay razones que impiden una lucha anticorrupción de mayor calado:

“Primero, la falta de equilibrios en el sistema”, dice a Proceso vía correo electrónico. “No hay oposición política, prensa independiente ni fuerzas sociales que critiquen las fallas del partido. Segundo, la boyante economía crea inmejorables oportunidades para la corrupción gubernamental y el sistema legal no está preparado para combatirla. Y tercero, la corrupción está en todos los niveles del partido, incluso en los más altos, que han establecido un pacto tácito de no causarse problemas entre ellos”.

“Shuanggui”

Una palabra provoca temblores en la clase política china: shuanggui. Es el sistema disciplinario interno del Pcch. El proceso supone el final repentino de una vida de lujos, desmanes e impunidad.

El poder, los amigos y las influencias no importan: El disciplinado recibirá el trato reservado a los disidentes políticos o a los más insignificantes criminales comunes. Suele iniciarse con un anuncio oficial de que el funcionario en cuestión es “sospechoso de una violación seria de las normas del partido y sometido a investigación”, lo que causa estallidos de júbilo popular. El sujeto permanece semanas o meses incomunicado, sin abogado ni visitas familiares, hasta que reaparece ya expulsado del Pcch y con una confesión de sus delitos.

El shuanggui hunde sus raíces en el antiguo sistema disciplinario imperial y fue revivido por Mao Tse-tung durante la Revolución Cultural (1966-1976). Volvió con su forma actual en los noventa, cuando el sistema judicial se mostró incapaz de atajar la corrupción creciente. Casi 900 mil de los 80 millones de militantes del Pcch fueron castigados por esta vía entre 2003 y 2008, según la agencia oficial Xinhua.

Recientemente el shuanggui se le aplicó a Bo Xilai, exjefe del partido en Chongqing y quien fuera cesado por corrupción en marzo pasado.

En China todos han oído esa palabra. En Weibo –el Twitter chino– tiene 3.5 millones de entradas. Pero de sus interioridades se sabe poco. Un reportaje del diario cantonés South Review ofreció en junio unos brochazos poco antes de que la censura lo eliminara de la red.

Según el periódico, el acusado es confinado en lugares secretos que pueden ser hoteles, bases militares o incluso casas particulares. Para evitar el suicidio se eligen plantas bajas, se acolchonan las paredes y se recubren con goma los ángulos rectos de los muebles.

Los interrogadores reciben un entrenamiento riguroso, se reclutan de diferentes unidades y no se conocen entre sí. En unas fotos puestas en la red el año pasado se veían algunos aparatos, probablemente detectores de mentiras. Por cada sospechoso hay entre seis y nueve interrogadores que se reparten en tres turnos con la orden de acompañarlo incluso al baño. El reportaje definía el sistema a la vez como un “agujero negro fatal” y “el arma más eficaz” contra la corrupción.

Sobre su legendaria eficacia no hay dudas, incluso en los casos más célebres de los últimos años.

Chen Xitong, exalcalde de Beijing y exintegrante del Politburó del Pcch, fue condenado a 16 años de cárcel en 1995; Hu Changqing, exvicegobernador de la provincia de Jiangxi, fue ejecutado en 2000; Cheng Kejie, exsubdirector de la Asamblea Nacional Popular (Parlamento) fue ejecutado en 2002; Zheng Xiaoyu, exdirector de la Administración Estatal de Alimentos y Medicinas, fue ejecutado en 2007 y Chen Liangyu, exalcalde de Shanghai, fue condenado a 18 años de cárcel en 2008. Todos ellos, sometidos al shuanggui.

Los tribunales locales podrían haber sido fácilmente manipulados por esos pesos pesados, que en ocasiones controlan su financiamiento. Li Yongzhong, experto de la Comisión Central de Disciplina e Inspección, aseguraba en el citado reportaje del diario cantonés que sus ocho años al frente de una oficina local le habían dejado tres certezas: La primera, que cuando un funcionario deja su cargo, las evidencias de sus crímenes se hacen más visibles. La segunda, que los demás entran en pánico y es más fácil dividirlos y vencerlos. Y la tercera, que la conspiración de silencio sobre sus actos ilícitos se desmorona.

Los corruptos, asegura Li, no están unidos por amistades firmes sino sólo por intereses que el shuanggui rompe fácilmente.

Los defensores de esta práctica se escudan en el pragmatismo. Flora Sapio, profesora de la Universidad China de Hong Kong e investigadora del shuanggui, indica como causa principal de su existencia que el resto de los mecanismos legales disponibles no ha servido. La cuadratura del círculo sería un sistema con la misma eficacia, pero menos opaco y con garantías de un debido proceso.

Sapio sostiene que añadirle transparencia es quimérico “porque las regulaciones internas del partido no están sometidas a los requisitos de publicidad de los decretos legales”. El secretismo, además, priva a la opinión pública de detalles que podrían dañar la imagen del partido y limita los daños colaterales que podrían afectar a funcionarios de más alto rango.

“No sería la solución porque la transparencia a menudo es sólo un mecanismo para legitimar a posteriori medidas diseñadas y adoptadas unilateralmente, traspasando los mecanismos democráticos ya existentes. (…) El shuanggui y los derechos humanos nunca irán de la mano”, dice Sapio a este semanario vía correo electrónico.

Abusos

Sistemas similares al shuanggui son habituales también en sistemas democráticos y con los mismos argumentos. Los investigados por corrupción en China no son peor tratados que los recluidos por Estados Unidos en Guantánamo, otro limbo fuera del circuito judicial y sin ninguna garantía procesal.

La tendencia global apunta a un abuso de las libertades individuales en aras de valores presuntamente superiores. “Compensar la reducción de derechos humanos a cambio de más seguridad o más eficacia en la lucha contra la corrupción es una contradicción que la guerra contra el terrorismo se ha acostumbrado a utilizar”, comenta Sapio.

Hay múltiples evidencias de abusos cometidos durante la aplicación del shuanggui. La normativa interna limita el tiempo de detención al imprescindible para la investigación, prohíbe la tortura y prevé cierto contacto del acusado con el exterior. Dos muertes en los últimos cuatro meses apuntan a que, en la práctica, eso no ocurre. Algunos han denunciado prácticas extenuantes como la privación del sueño y la desorientación temporal por la confiscación de relojes, la ausencia de ventanas y un foco encendido todo el tiempo.

El pasado 23 de abril Jiu Jiuxiang, exfuncionario judicial de la provincia de Henán, murió de un infarto (según la explicación oficial), aunque sus familiares negaron que tuviera problemas cardiacos previos. Días antes –el 8 de abril– había muerto Yu Qiyi, ingeniero en una compañía estatal e investigado presuntamente por haber recibido un soborno de unos 320 mil dólares. Oficialmente se dijo que murió tras resbalarse en la ducha. Las fotografías de su cuerpo amoratado e hinchado circularon por internet.

Los tres investigadores que mataron a golpes en 2005 a Liang Yuncai, presidente de una compañía estatal, recibieron condenas de entre 10 y 15 años de cárcel. Esto es apenas una gota en un océano de impunidad. Es habitual que familiares y abogados pidan justicia e indemnizaciones tras los excesos. Es un clamor solitario y opuesto al sentir popular. La reacción social ante un oficial corrupto vapuleado oscila entre la certeza de que se lo merecía y la indiferencia.

Por otra parte las limitaciones de los tribunales para perseguir a los poderosos convierte el shuanggui en un arma irrenunciable para la campaña de limpieza lanzada por el gobierno. Para He Jiahong, director de la Escuela de Leyes de la pequinesa Universidad del Pueblo, será imprescindible mientras los organismos encargados de luchar contra la corrupción no acometan una necesaria reforma que los incluya bajo el paraguas legal.

El influyente He propuso a la Fiscalía Popular Suprema de China fusionar todos los departamentos anticorrupción con el aparato fiscal para aumentar la eficacia. “Mis propuestas se están considerando. Si son aprobadas, el sistema anticorrupción dentro del marco legal será la principal fuerza y la importancia del shuanggui menguará. Espero que eso ocurra en un futuro cercano”, indica a Proceso por correo electrónico.