En este comentario y con el tema actualmente en boga debemos referirnos a la importancia de la riqueza forestal que es propiedad ´deseada´ por propios y extraños porque consideran que todos los ciudadanos tienen derecho al reparto de la torta que es propiedad del Estado boliviano, sin darse cuenta que los derechos de concesión no otorgan derecho de propiedad sobre la tierra y el bosque. El Estado mantiene su derecho propietario sobre el recurso.

Analizando las cifras sobre el particular, se conoce que Bolivia cuenta con una superficie de 109.8 millones de hectáreas de las cuales 107.2 millones son objeto de saneamiento que significarían el 97,6% del territorio, sin considerar las manchas urbanas, capitales y salares y lagos que ocupan 2.5 millones de hectáreas que significan el 2,3% restantes. De esta magnitud territorial, en los últimos 10 años se sanearon más de 14 millones de hectáreas en todo el país, encontrándose en proceso de saneamiento más de 40 millones de hectáreas por parte del INRA que tiene y debería tener a su cargo, en los próximos cinco años, esta delicada función para evitar acumulación indebida de tierras de cultivo y bosques naturales por parte de los consabidos círculos empresariales y concesionarios improductivos.

Pero refiriéndonos al tema estrictamente forestal, según datos de la Superintendencia del sector, existen en el país 28 millones de hectáreas de bosques destinados para su explotación, de los cuales 8 millones se encuentran bajo efectivo manejo forestal sostenible certificado internacionalmente en el 2005, confirmando que Bolivia es líder mundial en manejo sostenible de bosques tropicales con 2,2 millones de hectáreas. Esta aseveración nos debe llevar a la reflexión de que el sector, en el orden social a incorporado a empresarios, pueblos indígenas —TCO y ASL— que según la estadística trabajan en más de 3 millones de hectáreas bajo manejo sostenible exigido por Ley 1700 promulgada en junio de 1996, destinada a controlar el régimen forestal a través de la correspondiente Superintendencia.

Por su parte, ´la institucionalidad´ ha generado también un ambiente de estabilidad propicia para la certificación forestal voluntaria ´sello verde´ otorgada internacionalmente, fuera de generar un desarrollo del sector que se calcula, otorga empleo para más de 50.000 familias, que juntas, han conseguido que se situé a este sector productivo, en el cuarto rubro de importancia en las exportaciones destinadas a 50 países. Asimismo, bajo la égida de esta ley se ha logrado mantener la conservación de la biodiversidad y de los bosques.

Ante tal situación, que quizás no es la óptima, nos debemos formular la siguiente pregunta: ¿Si existe una Ley Forestal, una Superintendencia Sectorial y un afán de manejar en forma sostenible esta potencial riqueza que requiere de cuantiosas inversiones y que está regulada por el Plan de Usos de Suelos, para qué experimentar nuevas opciones gubernamentales que en su caso podría generar la confrontación y el tan temido minifundio que hoy no condice con el mundo globalizado?

*Carlos Meyer A.  es periodista y reside en Tarija.