190 años cumplió en 2014 la capital mexicana como Distrito Federal. Justo entonces, el gobierno local, encabezado por Miguel Ángel Mancera, empezó a impulsar una campaña en carteles, logotipos y transportes públicos para cambiar las emblemáticas siglas DF por CDMX. El nombre es lo de menos: detrás de esta estrategia de imagen se halla una reforma constitucional largamente anhelada, congelada por la Cámara de Diputados el jueves después de que el Senado sí la aprobara dos días antes: que la Ciudad de México tenga plena autonomía, como cualquiera de los otros 31 estados del país.

La reforma prevé que, como entidad federativa, la Ciudad de México deje de llamarse Distrito Federal, que tenga su propia constitución y maneje su propio presupuesto. Además, establece que las delegaciones en que se divide la capital dejen de estar gobernadas por un solo partido, el que gana las elecciones, para conformarse a modo de ayuntamiento, donde se reflejaría la pluralidad de los votantes.

«Distrito Federal» no deja de ser una anomalía histórica, si se tiene en cuenta que "México" se conoce como tal desde tiempos prehispánicos. Fue después de la Revolución que el presidente Álvaro Obregón convirtió la capital en una dependencia más del ejecutivo, nombrando a dedo al regente, como recuerda Mario Delgado, senador por Morena (Movimiento Regeneración Nacional, el ala izquierdista escindida del Partido de la Revolución Democrática, PRD), uno de los impulsores de esta reforma. La dependencia del poder federal fue deshaciéndose en la práctica a partir de 1986, cuando se estableció la Asamblea de Representantes y, sobre todo, de 1997, cuando por primera vez salió elegido de las urnas un alcalde.

Alejandro Madrazo, profesor de Derecho del CIDE y asesor de la Asamblea Legislativa del DF, destaca cómo desde entonces, la capital, bastión de la oposición al gobierno federal –de su alcaldía han salido todos los candidatos del PRD a la presidencia–, «se ha destacado por estar a la vanguardia y abrir brechas en muchos temas [como el control de tabaco en lugares públicos, la despenalización del aborto las primeras 12 semanas del embarazo o el matrimonio entre homosexuales], que a su vez han movido la agenda nacional» y reclama para sus ocho millones de habitantes los mismos derechos que los del resto de la república.

Por lo pronto, que la Cámara de Diputados haya decidido aplazar el debate sobre esta reforma hasta después de las elecciones del 7 de junio supone un jarro de agua fría. La Ciudad de México ya se veía en papel tan libre como se ve en el espejo.