En las autocracias las decisiones caen de lo alto imponiéndose a los ciudadanos; estos están excluidos del proceso decisorio y sus opiniones no son tomadas en cuenta. Por el contrario, las democracias se caracterizan por la inclusión de los ciudadanos permitiéndoles participar, directamente o a través de sus representantes, en los mecanismos mediante los cuales son adoptadas las decisiones comunes.

La manera típica y distintiva con la que las democracias incorporan a los ciudadanos en ese proceso es otorgándoles el derecho de voto para que libremente elijan a los representantes que mejor reflejen sus intereses para que los sostengan y los apliquen en las políticas públicas.

Así, la democracia es, ante todo, un sistema de reglas del juego conforme a las cuales se establece el grado y el modo de participación de los diversos miembros de una sociedad en el procedimiento para tomar las decisiones políticas. Esas reglas implican un consenso unánime de todos los participantes en jugar conforme a ellas. Esa es la premisa básica de un sistema que parte del consenso y no de la imposición. Sólo con esa aceptación puede funcionar y subsistir la democracia. Asimismo, romper esas reglas significa desconocer las bases elementales del juego y, simple y llanamente, retirarse del mismo dándolo por terminado.

En México el proceso de cambio democrático se centró ante todo en el establecimiento y la aceptación de esas reglas, específicamente en la que era la gran asignatura pendiente en el sistema político: la realización de elecciones ciertas y transparentes que permitieran la expresión de los votos de manera libre y auténtica.

Para ello se apostó por crear instituciones y procedimientos que garantizaran que las elecciones manifestaran efectivamente la voluntad ciudadana, concretando así muchas de las demandas e inquietudes que la oposición había históricamente sostenido. El resultado fue un conjunto de reglas claras y precisas para que las autoridades lleven a cabo los procesos electorales bajo una estricta supervisión de partidos políticos y ciudadanos.

El IFE es un órgano cuyos actos son escrupulosamente vigilados y, sobre todo, son susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal Electoral. Se trata de un diseño institucional bien logrado porque abre la ruta para que se procesen los agravios.

El actual Consejo General del IFE, desafortunadamente, no contó con el aval de todos los partidos en su integración, con lo que nació marcado por un sino negativo. El estrecho resultado de las elecciones presidenciales y la errática actuación del IFE en las semanas posteriores a los comicios, provocaron que las acusaciones y la suspicacia se multiplicaran, provocando un alud de impugnaciones ante el Tribunal, que ahora tendrá la última palabra.

Esa posibilidad de impugnar no sólo es benéfica desde un punto de vista político, sino además totalmente legítima desde la perspectiva jurídica. Será el Tribunal el que tramite y resuelva todas las inconformidades y ponga un punto final a la disputa electoral. Probablemente su fallo no dejará satisfechos a todos, pero esas son las reglas que convenimos y hay que ajustarnos a ellas.

No hay que olvidar que una de las premisas esenciales del juego democrático es que éste no implica una apuesta de una vez y para siempre, sino que se basa en un ejercicio periódico que cada tres años se repite. La democracia no comienza ni acaba con este proceso electoral, sino que se recrea permanentemente; esa es una de sus principales virtudes. Por ello, para que subsista, es responsabilidad de todos jugar el juego conforme a sus reglas.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM