Los senadores Christopher J. Dodd y Chuck Hagel, un demócrata de Connecticut y un republicano de Nebraska, han dicho desde ese entonces que ellos creen que la guerra civil en Irak ya ha comenzado. En medio de un número creciente de víctimas civiles, otros comandantes estadounidenses han dicho que las tropas estadounidenses necesitarán permanecer en Irak por lo menos hasta el 2016. ¿Por qué quisiera alguien mantener a las tropas estadounidenses en tal ambiente por una década más para hacer de árbitros en una pelea cada vez más violenta entre Sunnis y Shíitas?

Debemos aclarar lo que quedarse en Irak hasta el 2016 podría significar. Más de 2.550 soldados estadounidenses ya han muerto en el conflicto en Irak—un promedio de poco más de 800 por año. Si las cosas dejan de seguir a este paso—y no hay evidencia que esto sucedería—habría otros 8.000 estadounidenses muertos para el 2016. A esas alturas, las fatalidades en Irak podrían exceder aquellas sufridas por la Unión Soviética durante su condenada ocupación de Afganistán en los 1980s.

El costo financiero sería alarmante también. De acuerdo al Servicio de Investigación del Congreso, desde mediados de junio, la cuenta de la misión iraquí ya está en más de $319 mil millones, y de esto se deduce que la cuenta aumenta por aproximadamente $80 mil millones al año. Otra década en Irak resultaría en que otros $800 mil millones del dinero de los contribuyentes desaparezca por un hoyo negro, totalizando así el costo de la intervención de Washington en el Golfo Pérsico en más de $1 trillón.

Hasta aquellos que argumentan que un sacrificio inmenso es necesario para hacer de Irak una democracia modelo y transformar al Medio Oriente en una región de paz y estabilidad deberían reconsiderar sus argumentos en vista de la realidad que está saliendo a flote.

Debemos recordar que esto está sucediendo en un país de solo 27 millones de personas. Algo similar en EE.UU. significaría en una terrible cifra de 1.200 muertos al día—438.000 al año. Si la violencia política estuviese consumiendo esa cifra de vidas estadounidenses, habría poco debate sobre si EE.UU. estuviera o no experimentando una guerra civil.

Es hora—de hecho, hace mucho que va siendo tiempo—de que haya una estrategia de salida de Irak para todas las tropas estadounidenses. Ninguna persona razonable debería contemplar mantener una presencia militar en Irak por una década.

Los que se oponen a la salida de Irak se quejan de que dejaremos a Irak en caos. Puede que sí, pero los que quisieran quedarse no explican cómo EE.UU. puede prevenir que las facciones en Irak entren en una guerra civil que parece que han iniciado. Por lo menos, nadie ha explicado cómo EE.UU. puede mantener la paz ahí a cualquier precio que parezca un costo razonable por la sangre y el dinero estadounidense. Al principio de la guerra, los defensores de permanecer en Irak asumían que no más de unos cuantos cientos de vidas estadounidenses serían perdidos, y el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz aseguró al Congreso que los ingresos por petróleo de Irak cubrirían el costo de gran parte de la misión.

No obstante, los defensores de seguir allá argumentan que, cualquiera que sean los obstáculos prácticos, tenemos una obligación moral para con el pueblo iraquí de no salir hasta que el trabajo sea acabado. Dejando a un lado la posibilidad muy real de que el trabajo tal vez nunca sea hecho, el argumento tiene un vacío evidente: ¿Qué hay de la obligación moral que el gobierno estadounidense tiene con sus propios soldados y el pueblo estadounidense? Claramente hay una obligación de no desperdiciar las vidas ni el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Estamos haciendo ambas cosas en Irak. Permanecer ahí no es una estrategia moral; es el epítome de una estrategia inmoral.

Mantener nuestras tropas en peligro por una década más mientras que Irak se desliza más hacia una guerra civil entre distintas facciones debería gustarle solo a masoquistas. Necesitamos una estrategia de salida que sea medida en meses no en años.

Este artículo fue publicado originalmente en el San Francisco Chronicle el 8 de agosto de 2006.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.