Inmediatamente vienen a la mente temas como baja inflación, bajos niveles de desempleo, tasas de crecimiento del producto interno sostenidas, bajas tasas de interés, estabilidad en la moneda, etc. Dudo que alguien razonablemente sensato niegue que lo anterior es altamente deseable. Ahora bien, la pregunta es cómo alcanzar ese nirvana macroeconómico de manera sostenible y con efectos directos sobre la calidad de vida de la mayoría de la población.

Las políticas económicas de los últimos 30 años en Venezuela han girado siempre en torno a una excesiva intervención del Estado en la economía. Consecuentemente, el sector privado ha sido marginado del grueso de la actividad económica. Tanto así que los negocios más rentables están en manos del gobierno de turno, por ejemplo, el petróleo. Esta práctica conlleva a desincentivar la iniciativa empresarial. La forma más efectiva de evaluar la conveniencia de este modelo es observando los resultados obtenidos: Crecimiento negativo del producto interno (es decir, somos más pobres que antes), bajísimas tasas de inversión privada, constante salida de capitales (cuenta de capital negativa en la balanza de pagos), altas y persistentes tasas de inflación, devaluaciones permanentes, elevadísimos e intolerables niveles de empleo informal, y un extenso etcétera de calamidades.

La evidencia es suficiente como para pensar que algo hemos hecho de forma equivocada. Una posibilidad es que, dada la incertidumbre reinante, el capital privado en un acto de elemental racionalidad, prefiera colocarse en otros destinos que le garanticen como mínimo su preservación. Adicionalmente, podría intuirse que la excesiva intervención del Estado en la economía no ha tenido consecuencias muy felices y que el crecimiento, el empleo, y en definitiva el bienestar más bien se generan a través de la inversión privada.

Empero, para que haya inversión privada, deben existir reglas de juego claras, que todos los actores que intervienen en la economía respeten. Es impensable que pueda haber inversión productiva si los derechos de propiedad, bastión del desarrollo de la civilización occidental en los últimos dos siglos, son pisoteados impunemente. Es altamente improbable que una economía que no está anclada en un sólido estado de derecho, con tribunales independientes e instituciones solventes experimente tasas de inversión privada elevadas. Los venezolanos hemos sobrevivido a duras penas un modelo que planteaba algo contrario a estas propuestas. Es tiempo de experimentar con un modelo distinto