Aunque muchos se han pronunciado por introducir reformas, parecen estar más interesados en cómo darle más atribuciones al jefe del Ejecutivo y controlar al Poder Legislativo, que en reflexionar sobre las limitaciones del IFE y los abusos que cometen los gobernadores y el Presidente al apoyar a los candidatos de su preferencia.

Esta actitud revela, en el fondo, una cómoda aceptación de que las reglas electorales y las instituciones que las aplican, sólo afectan el proceso de los comicios y no la política en general. Más aún, están reconociendo que las fallas son útiles para influir determinantemente en los resultados porque las lagunas normativas lo permiten sin que los responsables sean sancionados.

Las elecciones del 2 de julio son la mejor muestra de que el problema no está en la composición del organismo que arbitra la competencia, sino en que no cuenta con las facultades suficientes para corregir la imprudencia tanto de partidos y candidatos como del Presidente y los gobernadores. La resolución del Tribunal Electoral constituye el mejor de los testimonios. Su importancia no radica en que haya reconocido el triunfo de Felipe Calderón sino en que tuvo que admitir que la competencia no fue equitativa y que si bien el panista ganó, lo hizo además de su empeño, con la ayuda del gobierno de Vicente Fox y de los empresarios. Lo que no dijo, en buena medida porque no quería enemistarse más con el PRD, es que en esa tarea también tomaron parte los gobiernos perredistas y de manera destacada, el del Distrito Federal.

Es cierto que Fox puso a la disposición de Calderón los programas de gobierno y que sus discursos estuvieron dirigidos a promover la continuidad y, del mismo modo que el PAN y el equipo de campaña de Calderón, el miedo entre los ciudadanos por López Obrador. También es verdad que los hombres de negocios, desde sus empresas pero también desde sus organizaciones corporativas, hicieron propaganda abierta en contra del PRD. Pero no se dice que el gobierno del DF, incluso desde que López Obrador estaba al frente de él y con más énfasis con su sucesor Alejandro Encinas, también utilizó la obra pública y los programas de su gobierno para ayudar a López Obrador. Hoy mismo no podrían explicarse los plantones de resistencia sin la velada anuencia de la administración capitalina.

El juicio del Tribunal no sólo es incompleto sino tibio. Señalar a Fox y a los empresarios como únicos responsables del desastre electoral, es un exceso de precaución para quedar bien con el PRD. Y sólo recomendar a las partes que se abstengan de volver a intervenir es dejar en manos de la buena fe la conducta de los partidos y los políticos. Y lo más grave es que la advertencia que, como cualquier otra, puede ser tomada en cuenta o no por los involucrados, de no tener consecuencias dejará intactas las condiciones de potencial inequidad en futuras elecciones que, es fácil prever, serán igual o más competidas que las pasadas.

Si la competencia entre el PAN y el PRD fue tan enconada se debió no sólo a la intransigencia y soberbia de los candidatos. También al hecho de que las campañas dependieron de la intervención desmedida de los medios de comunicación, especialmente de los electrónicos, que banalizaron la discusión de ideas y programas y, lo más dañino, que convirtieron a las agresiones en el principal recurso del enfrentamiento.

Ahora que los comicios han terminado y que resulta evidente la influencia de los medios, los partidos, en particular el PRD, se lamentan de las campañas pero en su momento todos evitaron la regulación institucional de las televisoras y la radio para la contratación de los tiempos de propaganda. Sólo cuando se pierde resulta criticable que se haya fomentado el espacio en el que se hizo el mayor daño a uno de los contendientes.

Lo mismo sucede con el control sobre los ejecutivos federal y estatales. A muchos les pareció que el IFE fue demasiado permisivo cuando Fox y los empresarios intervinieron activamente en favor de Calderón, pero aunque es posible encontrar cierta pasividad, lo cierto del caso es que el IFE carece por completo de facultades para someter a aquellos que sin violar expresamente la ley, pueden influir con recomendaciones o acusaciones sobre los candidatos.

Como fue claro durante el proceso, lo más que el IFE puede hacer ante ejecutivos necios es recurrir al convencimiento y la negociación, pero como ocurrió con los empresarios, cualquiera puede acusarlo de atacar la libertad de expresión y, desde luego, pasar por encima de su autoridad. Bajo esas condiciones es fácil darse cuenta de que el IFE, que ha fomentado la credibilidad electoral, resulta muy vulnerable a las críticas de quienes resultan perdedores.

En una incipiente democracia, en la que los partidos, candidatos y las mismas autoridades no se conducen con responsabilidad institucional, no es posible permitir que el IFE desempeñe solamente el papel de testigo. No se puede aceptar que los participantes por un lado expresen su respeto a la legislación y, por otro, busquen los resquicios que les permitan violarla para influir en los votantes. Ahora, al PAN le parece que el IFE fue imparcial, pero si López Obrador hubiera sido el ganador (y no debería olvidarse que la diferencia ronda los 250 mil votos) los panistas serían los primeros en acusar al árbitro de extrema tibieza.

Muy al margen de que el IFE cometió errores graves al manejar la información desde la noche del 2 de julio y en los días siguientes, que atizaron las dudas y las acusaciones, no debería centrarse la crítica en esas fallas sino en la debilidad estructural de sus atribuciones. No reconocer, por ignorancia o conveniencia, que los actuales términos de la competencia electoral permiten el abuso de los políticos, es dejar la puerta abierta a que los perdedores magnifiquen sus derrotas y acusen a las instituciones de ser responsables de supuestos fraudes. Por ese camino, lo que ahora se vive en el país no será una anécdota histórica sino una lamentable pauta de comportamiento político.

Investigador de El Colegio de México