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18/03/2017 | Peru - Choque de valores

Ian Vásquez

La ministra de Educación, Marilú Martens, ha dicho que la igualdad de género se incluye en el currículo nacional para promover “el respeto para todos”. Quienes se oponen la acusan de “impregnar una cultura homosexual a la sociedad peruana a través de la niñez y la juventud”, como declaró la abogada Beatriz Mejía.

 

Dudo que esa última aseveración sea cierta y me parece bien una agenda educativa que promueve la igualdad de derechos para todos, incluyendo los homosexuales. Pero afirmar, como lo hizo la ministra, que la norma educativa promueve los derechos iguales de todos no puede ser cierto. De allí que las quejas de los críticos cobran legitimidad.

El demonio está en los detalles y basta hacer algunas preguntas para ver el problema. ¿Es aceptable que a los niños se les enseñe que es normal tener padres del mismo sexo, o que si un niño declara pertenecer a un género distinto a su sexo, hay que reconocerlo como algo razonable y tratarlo de acuerdo con su declaración? El Ministerio de Educación tendría que decir que sí. Sin embargo, para muchas personas —no me incluyo entre ellas— la respuesta a ambas preguntas es no. Es más, para muchos padres, aceptar que se eduque a sus hijos de esa manera va en contra de su religión.

Tenemos entonces una situación donde la sociedad reconoce la importancia de la libertad de credo, porque se trata de los valores más fundamentales que puede tener la gente, mientras que el Estado obliga a muchos padres a que sus hijos se eduquen con valores contrarios. Claramente es una violación de los derechos de los padres a criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias. El Estado está básicamente declarando que algunas creencias no son legítimas y que hay que usar el dinero público para impartir otros valores.

Ojo que no estoy diciendo que el Estado debe tratar a distintos grupos de distintas maneras, según sus creencias o religión. Todos, sin importar su religión y sin importar si su sistema de valores nos parece legítimo o no, deben ser tratados de la misma manera bajo la ley. Pero el trato igualitario ante la ley es diferente que la dudosa función estatal de impartir un sistema igualitario de valores a todos los niños.

El problema radica en que el modelo monopólico de la educación estatal solo admite un currículo y una manera centralizada de educar a los jóvenes. Necesariamente, lo que los políticos y los burócratas deciden en Lima rige para todo el Perú, y necesariamente la enseñanza tiene que imponer un sistema de valores con el que está en desacuerdo un porcentaje de los padres. En un país tan diverso como el Perú, este problema no es menor. En vez de promover la cohesión social, la educación estatal promueve el conflicto.

La rigidez del monopolio estatal no se limita a crear problemas respecto a temas de género o de religión. Se impone también una uniformidad respecto a ideología, valores morales independientes de la religión, textos y materia educativa, y mucho más. No hay duda de que las escuelas estatales, por ejemplo, han servido para inculcar el nacionalismo entre los jóvenes. Algunos verán eso bien —yo ciertamente no— pero me parece innegable que es el resultado de considerar a la educación pública como una fábrica de crear peruanos.

No tiene que ser así. La educación puede ser respetuosa de los diversos valores y deseos de todos los peruanos sin vulnerar sus derechos, cosa que desafortunadamente no ocurre ahora. Se debe empezar por respetar la libertad de asociación, un derecho fundamental en cualquier sociedad libre. Eso requiere una reforma educativa que les da más autonomía a las escuelas respecto al currículo y permite que los padres escojan las escuelas en las que quisieran educar a sus hijos. Las escuelas públicas deben competir con las privadas. El uso de créditos impositivos para fomentar la educación privada o un sistema de cupones escolares que las familias puedan usar para financiar los gastos puede ir lejos para mejorar la educación y resolver conflictos sociales.

El Comercio (Pe) (Perú)

 



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