Las fuerzas armadas usualmente recibían apoyo político de grupos de clases media y alta, deseosos de evitar que los estratos bajos obtuvieran poder político.

Durante los últimos años, sin embargo, la princi­pal amenaza a los procesos electorales en la región ha venido de la izquierda, específicamente de líderes carismáticos y populistas que dicen tener la represen­tatividad de los pobres. Y en una especie de reflejo de los anteriores golpes militares de derecha, las movilizaciones sociales de izquierda están desafian­do cada vez más a la legitimidad de los presidentes de derecha para gobernar. Como resultado de esta dinámica, durante la década pasada fueron desbanca­dos mandatarios en Argentina, Bolivia y Ecuador.

La actual crisis política en México forma parte de esta tendencia. Una serie de reformas electora­les realizadas en los 90 dieron al país uno de los sistemas electorales más transparentes de América Latina. La elección de julio, sin embargo, fue muy estrecha, con el aparente ganador, Felipe Calderón, que obtuvo cerca de 224.000 votos más que el candi­dato que le siguió, Andrés Manuel López Obrador, de un total de 41 millones de votos. Comprensible y legítimamente, López Obrador pidió un recuento en algunos distritos que habían dado a Calderón mayo­rías amplias. Las autoridades accedieron.

Pero en vez de esperar que las autoridades finalizaran el recuento, López Obrador animó a sus seguidores a tomarse las calles, quienes cerraron una de las arterias principales de Ciudad de México. Luego, demandó un recuento total de los votos escrutados y después llamó a anular las elecciones. Entonces amenazó con continuar sus movilizacio­nes por años y a extenderlas a otras partes del país. Finalmente, pidió la reestructuración del sistema político completo. Durante todo este proceso, insistió en que había ganado la elección, porque era el candidato de los pobres y México tiene más gente pobre que rica. Rehusó aceptar que muchos pobres hubieran votado por un candidato de derecha.

López Obrador no es el único a quien le resulta difícil aceptar la idea de que los pobres en América Latina pueden votar por candidatos conservadores. Este prejuicio está difundido a lo largo de toda la re­gión. Y es entendible, dada la historia de gobiernos militares de derecha y la histórica concentración del poder en las elites económicas y religiosas.

Pero muchos de los pobres de la región no son ahora tan pobres como lo eran antes. Habiendo sido víctimas de políticas económicas fracasadas e irresponsables, vieron sus estándares de vida me­jorar como resultado de las políticas conservadoras que han controlado la inflación y estabilizado las monedas de sus países. En México, muchos de esta clase pobre emergente, particularmente en el norte, votaron por Felipe Calderón.

La incapacidad para aceptar esta nueva realidad llevó a muchos, tanto en América Latina como en el extranjero, a simpatizar, tolerar e incluso apoyar el comportamiento ilegal y disruptivo que amenaza con socavar las instituciones democráticas aún débiles de la región. Estas personas asumen que los movimien­tos sociales, integrados principalmente por gente pobre, merecen simpatía y compasión, aun cuando estén fuera de la ley. Este prejuicio en favor de la izquierda también hace difícil para el desarrollo de las democracias de América Latina dedicar los recur­sos que corresponden a mejorar instituciones como las policías y las fuerzas armadas, necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley. Es, por supues­to, siempre riesgoso tomar acciones en contra de los movimientos sociales que rompen la ley, ya que esto puede repercutir en una violencia incontrolada y en la muerte de personas inocentes. Y es particularmente riesgoso hacerlo cuando la confianza en las institu­ciones a cargo de mantener el orden público es baja, como ocurre en América Latina.

Sería mejor para América Latina si el prejuicio a favor de los pobres produjera un compromiso real de los gobiernos de la región y las personas que los eligen para mejorar su situación. También sería me­jor si este prejuicio fortaleciera la capacidad de las democracias de la región para hacer cumplir la ley. Ésta sería, por supuesto, una solución parcial del problema. La otra solución obvia involucra fortale­cer el compromiso de las democracias latinoameri­canas y las personas que representan para hacer sus sociedades más equitativas y justas.

Susan Kaufman Purcell es Director del Center for Hemispheric Policy, University of Miami.
Originalmente publicado en AméricaEconomía el 17 de agosto de 2006.