CIUDAD DE GUATEMALA – Hay un país en América Central que hace dos años sorprendió al mundo al encarcelar a un presidente a fuerza de investigaciones anticorrupción y manifestaciones multitudinarias. Sin una gota de sangre en uno de los diez lugares más violentos del mundo.
Ese mismo país sorprendió al mundo esta semana porque el nuevo presidente no solo tiene un salario de 20 mil dólares sino que fue descubierto con un sobresueldo ilegal del ejército por otros 7 mil dólares. Y en la misma semana, dos terceras partes del congreso decretaron, para garantizar la impunidad de las mafias, que 400 delitos graves tuvieran una pena conmutable por una multa de 2.400. Bienvenidos a Guatemala.
Este atrevimiento provocó la indignación ciudadana. El viernes 15 de septiembre, nuestro Día de la Independencia, miles de ciudadanos encerraron a 130 diputados en el congreso durante más de ocho horas. Les exigían que quitaran la inmunidad al presidente Jimmy Morales y renunciaran todos. No lo lograron. Pasada la medianoche, las fuerzas especiales de la policía evacuaron a los congresistas después de golpear y rociar gas pimienta a los manifestantes. La reacción de la ciudadanía fue convocar un paro nacional este 20 de septiembre. De modo que lo que pase hoy y en las próximas semanas determinará en buena medida si Guatemala avanza hacia la democracia y la transparencia o retrocede al autoritarismo y la impunidad.Las repercusiones serán profundas para un país de 16 millones de personas marcado por la desigualdad, y del que miles de hombres, mujeres y niños escapan rumbo a Estados Unidos. Pero no solo eso. Como editorializó el periódico colombiano El Espectador, el mundo debe estar pendiente de Guatemala, “cuyo desenlace influirá en todo un hemisferio que vive trances semejantes”.
El país vive una batalla entre las mafias de militares, políticos, muchos medios y algunos grandes empresarios y quienes, desde las instituciones, la sociedad civil, universidades, el sector privado y varios medios luchan contra la corrupción y la impunidad. El problema es que ambos bandos ya no cabemos juntos en la calle. O se van a la cárcel las mafias corruptas, o las mafias terminarán impiniéndose y encarcelarán a los que luchamos contra la corrupción.
¿Cómo hemos podido los demócratas convivir con las mafias durante 32 años? Pues tratando de domesticarlas durante 22 años para luego intentar castigarlas durante los últimos 10.
Para comprender Guatemala hay que recordar de dónde venimos. República cafetalera y bananera con esclavitud de los indígenas mayas desde el siglo XIX; intento de Revolución democrática en los cuarenta; golpe de Estado de la CIA y las élites conservadoras en los cincuenta; dictaduras militares desde entonces hasta 1985, y guerra civil entre 1960 y 1996.
La convivencia entre mafias y democracia es el resultado de la guerra. En 1978, la dictadura sentía que Centroamérica entera sería tomada por el socialismo cubano. Para derrotar a 15.000 guerrilleros, sus cabecillas perdieron la decencia y la humanidad y se convirtieron en un Estado asesino. La Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas lo tradujo a números: decenas de miles de mujeres fueron violadas, desaparecieron a 45.000 personas, cometieron 626 masacres, mataron a 200.000 personas y desplazaron a un millón de habitantes, muchos hacia México. Una barbarie que incluyó el último genocidio continental, contra el pueblo maya. El 90 por ciento de los crímenes, según la ONU, fue responsabilidad del Estado y sus fuerzas paramilitares.
¿Cómo se construye democracia en un país con esta herencia? Con resiliencia, con valentía y con creatividad. Las activistas de derechos humanos que sobrevivieron esos años supieron que no podría construirse un país democrático sin perseguir a las mafias enquistadas en el Estado desde la guerra. Y que no podrían perseguirlas sin ayuda de la comunidad internacional. Por eso desde el año 2000 propusieron lo que en 2008 se convertiría en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, una Comisión de la ONU para investigar, hombro a hombro con el Ministerio Público, a las mafias en el Estado, juzgarlas en tribunales nacionales y empezar a construir un Estado de derecho.
Se inició la depuración del MP y la policía, se crearon juzgados de alto impacto para que los jueces pudieran decidir sin pensar en la muerte. El MP le perdió el miedo a los criminales poderosos y, por ejemplo, convirtió a Guatemala en el segundo país después de Argentina con más juicios contra militares por violaciones a los derechos humanos.
Pero, a finales de ese 2013, llegó a dirigir la CICIG un colombiano llamado Iván Velásquez, quien había perseguido a Pablo Escobar y a miembros del congreso de su país por la relación con los paramilitares. Dio un giro a la Comisión y la enfocó en perseguir la impunidad desde el contrabando y desde el financiamiento ilegal a los partidos políticos.
Las investigaciones de la CICIG llegaron en 2015 hasta el presidente Otto Pérez Molina, un general retirado y electo en 2012, que resultó ser el jefe de una mafia de defraudación aduanera. Y las investigaciones de la CICIG llegaron en 2017 hasta el presidente Jimmy Morales, un cómico de profesión que llegó al poder con el partido de los militares más recalcitrantes. Las evidencias muestran desde el 25 de agosto que Jimmy recibió financiamiento ilícito en su campaña presidencial de 2015.
Las mafias están reaccionando con ferocidad. Sienten que están a punto de perder a su segundo presidente. Primero, Jimmy intentó expulsar al jefe de la CICIG, pero la Corte de Constitucionalidad lo detuvo. Segundo, el Congreso protegió la inmunidad presidencial para evitar que la CICIG lo investigara por financiamiento ilícito. Y, por último, el congreso aprobó dos reformas para garantizarse impunidad de 400 delitos para miles de delincuentes y el centenar de políticos, militares, financistas y jueces que están en la cárcel acusados por el MP y la CICIG. La Corte y los ciudadanos los frenaron. Ahora, desde la presidencia, con cuentas falsas en Twitter y el monopolio de la televisión abierta del magnate mexicano Ángel González, las mafias intentan criminalizar a los ciudadanos que protestan.
Iván Velásquez tenía razón en su estrategia. Si se ataca la corrupción, se acaba con el financiamiento de la mafias enquistadas en el Estado y se anima a la ciudadanía a reclamar sus derechos. Y esperamos que la combinación de fiscales independientes contra las mafias con una ciudadanía indignada pueda llevarnos a una verdadera democracia.
Si esto ocurre y las fuerzas democráticas derrotan a las mafias en el Estado, Guatemala, tan golpeada como resiliente, podrá ser un ejemplo para toda América Latina.
