En el Perú solo el 15% de las aguas servidas son tratadas y el resto se vierte a nuestros ríos, lagos y al mar. Básicamente el 85% de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) no cuentan con un tratamiento que les permita la remoción de coliformes termotolerantes suficientes para cumplir los límites máximos permisibles. A esto se suma las deficiencias en el diseño y mantenimiento de infraestructura que afrontan las PTAR, situación que ha ocasionado que el 48% de los PTAR no dispongan de autorización y programas de adecuación de vertimientos. 

Esta situación constituye una afectación grave al ambiente y a la salud de la población peruana, pero sobre todo demuestra un problema de gestión pública. Según el informe “Diagnóstico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el ámbito de operación de las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS)” de las 253 localidades atendidas por las EPS en el Perú, 89 localidades no cuentan con infraestructura de tratamiento de aguas residuales y vuelcan el agua residual cruda directamente a los ríos, mares, pampas y/o drenes; y en las 164 localidades restantes que disponen de plantas de tratamiento, no está garantizado un adecuado tratamiento de las aguas residuales.

Según el estudio “Las EPS y su desarrollo, 2014” elaborado por la SUNASS las principales causas de esta problemática serían: i) El déficit en la gestión de inversiones (obras paralizadas, procesos de transferencia inconclusos, conflictos legales y sociales, entre otros), ii) La falta de saneamiento de predios (ausencia de derechos de propiedad definidos), iii) La brecha de inversiones, y iv) Las deficiencias técnicas y de capacidad registradas en la infraestructura existente.

Como podemos apreciar, la mayoría de estas causas tienen su origen en la aplicación de una ineficiente gestión pública. Una gestión, que se ha caracterizado por la ausencia de propuestas que involucren al sector privado y promueva soluciones de mercado a este tipo de problemas ambientales. Sin embargo, gracias a un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el último 4 de agosto del 2017, esta situación podría cambiar, ya que se estaría iniciando un proceso de apertura que buscaría impulsar una solución eficiente a esta problemática. La propuesta del ejecutivo tiene como propósito impulsar la opción de las Asociaciones Público-Privadas mediante una “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la promoción de proyectos para el Tratamiento de Aguas mediante Asociaciones Públicas Privadas”.

Esta propuesta normativa que busca el ingreso del sector privado en la solución de un problema ambiental y de salud, permitiría el cumplimiento de los estándares y obligaciones ambientales en el tratamiento de aguas residuales. Es decir este gobierno estaría dando un paso importante en la solución de un problema que por muchos años estuvo postergado.

Sin embargo, debemos considerar que esta iniciativa aún se encuentra en el nivel normativo y todavía existe el gran reto de su aplicación. Reto que puede implicar riesgos, críticas o en el peor de los casos una oposición de agentes ideologizados que estén en contra de la inversión privada. De nuestra parte solo queda monitorear el avance de esta iniciativa y participar en la promoción de la misma. No debemos seguir permitiendo que la contaminación de nuestros mares, ríos, drenes y sobre todo nuestra salud continúe siendo afectada por una ineficiente política y gestión pública.