¿Puede un puñado de cifras resumir un año político tan complejo, dinámico y accidentado como el que estos días toca a su fin en Colombia? ¿Puede hacerlo con precisión y veracidad? Aunque los datos por sí mismos no mientan, sí se puede mentir con datos. O, más bien, se puede editar la verdad: se puede mostrar una parte conveniente, disimulando otra más incómoda para quien decide qué números da y cuáles preferiría ocultar. Sin embargo, si algo nos deja 2018 es la confirmación de que el debate en el país es hoy más plural y variado que nunca, abriendo la posibilidad a que los datos se crucen como cartas sobre la mesa.

Así, por ejemplo, a Iván Duque le gustaría probablemente que se recordasen esos 10.398.689 votantes que otorgaron su confianza al que ahora es Presidente de la República. Un 54% que correspondía con esa mitad aproximada del país que aprobaba su gestión en las primeras semanas de ejercicio. Mucho menos agradará al mandatario, sin embargo, que quede en la memoria lo que probablemente permanecerá: a cierre de año, según la mayoría de encuestadoras, había perdido aproximadamente la mitad de esa mitad. Es decir, solo uno de cada tres o uno de cada cuatro colombianos (según el sondeo consultado) seguían a su lado.

Para buscar a los que se han ido debemos fijarnos en que las críticas a Duque han venido no solo del bloque de oposición, sino de otras instancias de la derecha, demostrando que el ala más populosa de la política colombiana está más dividida de lo que parecía a la luz de los buenos resultados electorales del candidato del Centro Democrático. Los cuatro millones de votos representados en el Congreso por el antiguo espacio liberal y Cambio Radical, que nunca se alinearon completamente con el Gobierno, cuentan tanto como los otros cuatro del PSUN y los viejos Conservadores, quienes a pesar de formar parte de la coalición de la Casa de Nariño sobre el papel, cuentan con líderes que mantienen reservas respecto a un presidente que de momento no ha hecho sino perder porciones de la opinión pública.

En el otro lado, entre los que nunca estuvieron con él, la oposición se revela en sus números como particularmente rica y variada. El dato de referencia aquí para muchos es la impresionante votación obtenida por Gustavo Petro en segunda vuelta: 8.040.449. “Impresionante” porque es la primera vez en la historia del país que un dirigente de izquierda logra semejante respaldo, de más del 41% del electorado. Ello, sumado a que Sergio Fajardo se colocó a solo 200.000 sufragios de quedar segundo en la primera vuelta, denotan la fuerza del espacio ideológico que solo puede denominarse como progresista en sus múltiples matices.

Tenemos así dos bloques amplios atravesados por divisiones internas, con dos polos extremos de atención en las figuras de Gustavo Petro y de Álvaro Uribe. Curiosamente, ambos cuentan con idéntico nivel de aprobación: 41%. Entre ambos, el variado abanico antes descrito, que dibuja el que probablemente es el escenario político más abierto de la historia de la República de Colombia.

A la ventaja obvia de esta apertura (más posibilidades de sentirse representado en una u otra opción ideológica) se suma el inconveniente de articular mayorías para dar solución a problemas compartidos. Empezando por aquel que suma más voluntades. En concreto, 11.674.951. Estos fueron los ciudadanos que participaron en la consulta anticorrupción de agosto, impulsada por Claudia López y Angélica Lozano. Más que el voto total al candidato alternativo (Petro) o incluso más que al actual presidente, quien respaldó la consulta inicialmente para luego poner la actividad legislativa contra la corrupción en segundo plano.

Cuando un problema compartido se enfrenta a una dinámica política fragmentada tiene lugar la inevitable paradoja de las democracias plurales: la búsqueda de consensos viables en entornos de conflictos e incentivos inevitablemente cruzados. El presidente, por ejemplo, decidió priorizar un cambio en los formatos de recaudo del Estado sobre todas las demás necesidades de cambio estructural que de un lado y otro se señalaban para Colombia. Pagó un precio, sin duda: de ello es prueba la altísima desaprobación (entorno del 82%) del ministro más conocido del gabinete, Alberto Carrasquilla, así como de la primera versión de la propuesta misma de reforma fiscal, criticada desde dentro y fuera del partido del propio jefe del Estado.

También mantuvo Duque la política de apertura hacia los inmigrantes venezolanos, que superaban con creces el millón en Colombia y mantenían su tendencia ascendente. Es esta una decisión que aún no le ha costado nada políticamente, pero que podría pasarle factura pronto: entre octubre y diciembre de este año, el porcentaje de colombianos que tenía una opinión desfavorable de sus vecinos migrantes subió del 52% al 61% según Gallup. La xenofobia podría aprovechar esa grieta y apalancarse en la citada división de la derecha para identificar un espacio de crecimiento en un país que, hasta ahora, se ha mantenido en el lado solidario de la historia.

A los retos de la corrupción, la fiscalidad y las consecuencias de la crisis venezolana se suma la gestión del proceso de paz. Incluso este punto, que hace dos años parecía dividir a Colombia en dos bloques diferenciados de más o menos idéntico tamaño, ha adquirido cierto tono característico de matiz y pluralidad. Lo ha hecho sobre todo en el corazón de los ganadores tanto del plebiscito sobre los acuerdos de 2016 como de las presidenciales. Iván Duque no ha “hecho trizas” el acuerdo como algunos le demandaban, pero la implementación es desigual y accidentada. Muchas aristas podrían citarse para definir los nuevos contornos del conflicto en Colombia, pero la que se resume más rápidamente en datos es la siguiente: 120 líderes asesinados en los territorios en los primeros tres meses a contar desde la toma de posesión de Duque según cuentas de Indepaz, continuando con una tendencia que se inició a la firma de los propios acuerdos, y que ni el anterior ejecutivo ni este ha encontrado cómo resolver. Todo ello enmarcado, además, en estimaciones (como la elaborada por la Fundación Ideas para la Paz) que esperan el primer aumento en la tasa de homicidios del país tras siete años de descenso. Aunque, y esto es fundamental, este repunte global esconde realidades territoriales muy diferentes, con aumentos concentrados en zonas como el norte de Antioquia, Córdoba o la mitad sur de Nariño.

Sería en cualquier caso injusto quedarnos con una imagen en exceso negativa del año. La propia consolidación de la apertura pluralista, la oferta de opiniones de cualquier tinte ideológico, puede ser considerada como una buena noticia en sí misma. Así, a pesar de que una inmensa mayoría de los habitantes del país (72% para Gallup) piensan que las cosas están empeorando, la verdad es que Colombia cierra 2018 como una república más abierta. Quizás le queden muchos problemas por resolver, como a cualquier país del mundo. Pero es posible que ahora esté mejor equipado para buscar sus propias soluciones.