Twitter aseguró el lunes haber suspendido 936 cuentas activas y otras 200.000 que todavía no se habían puesto en uso que parecían formar parte de una operación coordinada por Pekín. Además, anunció que ya no aceptaría publicidad de los medios de comunicación controlados por el Estado chino, aunque desvinculó esta decisión de la desactivación de las cuentas. Por su parte, Facebook informó de que, aconsejado por la compañía del pájaro azul, había eliminado siete páginas, cinco cuentas y tres grupos y que, tras una investigación, también se detectaron vínculos con personas asociadas a Pekín.

Londres expresa su preocupación por la detención en Shenzhen de un empleado local de la embajada

“Estas cuentas buscaban deliberadamente y específicamente sembrar la discordia política en Hong Kong y, en particular, socavar la legitimidad y las posiciones políticas del movimiento de protesta “, explicó Twitter.

Tras estas acusaciones, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang, defendió el derecho de los ciudadanos chinos y los medios continentales a hacer oír su opinión sobre las protestas. “Tienen derecho a expresar su punto de vista”, dijo. “La gente, naturalmente, tiene su propio juicio sobre lo que está sucediendo en Hong Kong. ¿Por qué el punto de vista de los medios oficiales de China es vista como negativa o incorrecta?”, añadió.

Twitter y Facebook están bloqueados por el Gobierno chino y no pueden usarse en el continente, algo que no impidió a los supuestos trolsutilizar redes VPN o direcciones IP desbloqueadas para la ocasión. Sin embargo, estas redes sociales sí que pueden operar en Hong Kong, donde las once semanas de protestas han sumido al territorio semiautónomo en su crisis más grave en décadas y suponen el mayor desafío político para el presidente Xi Jinping desde su llegada al poder en el 2012.

Oficialmente, Pekín ha dejado al ejecutivo local ocuparse de la situación, pero cada vez hay más evidencias de que la autonomía del Gobierno de Hong Kong, cimentada en el principio de “un país, dos sistemas”, es sólo sobre el papel.

Precisamente, ayer el Gobierno local anunció que lanzará, de manera “inmediata”, una “plataforma para el diálogo” con “gente de todos los ámbitos sociales”, algo que ya había adelantado el lunes, al constatar que la última gran manifestación de protesta se había desarrollado sin incidentes.

La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, no dio demasiados detalles, pero aseguró que esta iniciativa dará a las autoridades “una base mucho mejor para tratar algunas ansiedades y diferencias en la sociedad”. “Queremos llegar a la sociedad lo antes posible”, agregó la dirigente local, a quien los manifestantes exigen que dimita y cuya popularidad, según una encuesta reciente, ha caído hasta el registro más bajo entre cualquiera de los líderes que Hong Kong ha tenido desde su regreso a soberanía china en 1997.

Este tímido anuncio perdió credibilidad cuando la mandataria dejó claro que su posicionamiento no iba a cambiar al reiterar que la ley de extradición, motivo por el cual comenzó la crisis, “está muerta”. “No hay planes de revivirla, en particular teniendo en cuenta las preocupaciones públicas”. Esta afirmación, hecha por primera vez el 9 de julio, no ha satisfecho a los manifestantes, quienes exigen que el proyecto sea retirado de forma efectiva y definitiva debido al temor a que se reactive el proyecto en el futuro.

El gesto de Lam fue rechazado de inmediato por el Frente Civil de los Derechos Humanos, organizador de las mayores protestas en la ciudad. “La verdad es que Lam no ve a los ciudadanos de Hong Kong como parte interesada de la sociedad.¿De qué vamos a hablar en la plataforma para el diálogo?”, dijo su vicepresidente, Wong Yik-Mo. “No necesitamos una plataforma para el diálogo en la que los altos funcionarios puedan ir de farol y malgastar nuestro tiempo y dinero”.

Ayer, el Reino Unido expresó su “extrema preocupación” por la posible detención, cuando intentaba cruzar la frontera con Shenzhen, de Simon Cheng, trabajador hongkonés de la embajada británica en la ciudad. Pekín ha acusado al Gobierno británico de inmiscuirse en los asuntos de la excolonia.