En ese informe, HRW documenta patrones similares en los casos, como
que varias de las víctimas habían sido amenazadas por las violentas
pandillas callejeras de El Salvador antes de su expulsión de Estados
Unidos. Un hombre identificado solo como José Miguel C. contó a los
investigadores de HRW que su sobrino Joaquín huyó a Estados Unidos luego
de recibir amenazas de pandilleros de la MS13. A Joaquín lo asesinaron
en 2017, el mismo año en que fue deportado, relató su tío a los
investigadores, y añadió que “Joaquín siempre dijo que ellos [los
miembros de la MS13] volverían a intentar matarlo”.
También en 2017, un hombre de 25 años fue asesinado el mismo día en
que fue repatriado a El Salvador. Unos pandilleros habían atentado
contra su vida dos años antes, según relató la policía a HRW.
Quienes habían residido por largo tiempo en Estados Unidos y fueron
deportados enfrentaban peligros específicos, porque era más probable que
se negaran a pagar las extorsiones o que denunciaran las amenazas de
las pandillas ante las autoridades, según el informe. En 2015, Carlos
Alberto Garay, de 43 años, venía siendo extorsionado por pandilleros
cuando fue ultimado a bala por varios sicarios que lo interceptaron
mientras conducía su camioneta, según el informe y una nota de La Prensa Gráfica.
Otro hombre, identificado como Jacinto K., regresó a El Salvador con
su esposa y su hijo de 15 años después de recibir una orden de
deportación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados
Unidos (US Immigration and Customs Enforcement, ICE). Poco después del
retorno de Jacinto, pandilleros de la MS13 comenzaron a extorsionar el
pequeño negocio que abrió, según declaró a los investigadores de HRW en
2014. Aunque le preocupaba no poder seguir pagando la “renta”, decía
sentirse relativamente seguro. Dos semanas después de su entrevista con
los investigadores, le dispararon a plena luz del día.
Varios agentes de policía también fueron hostigados luego de su
deportación. Por ejemplo, una agente de la policía local fue asesinada
después de solicitar asilo en Estados Unidos, según declaró su prima a
los investigadores de HRW. Su prima relató que los agentes
estadounidenses habían rechazado su entrevista para determinar un temor
plausible, primer paso para conceder el asilo. En 2017 la encontraron
muerta, con heridas de bala en el estómago y el cráneo.
El informe también señala que seis deportados fueron presuntamente
asesinados por la policía local o por escuadrones de la muerte.
El grupo de derechos humanos criticó a las autoridades
estadounidenses por hacerse las de “la vista gorda frente a la realidad
de que los deportados por Estados Unidos a El Salvador habían perdido
sus vidas”. Muchos deportados buscaron refugio en Estados Unidos, pero
fueron “devueltos directamente a la violencia que temían originalmente”,
señala el informe.
Análisis de InSight Crime
El informe de HRW pinta una cruda imagen de las consecuencias
inmediatas que acarrea la negación de las peticiones de asilo y la
deportación de inmigrantes por parte de Estados Unidos, al no sopesar
los peligros que estos enfrentan en su país natal —los mismos peligros
de los que buscaban escapar—.
El problema, como lo señala el informe, es que es casi imposible entender la magnitud real del problema.
“Sabemos que hay un subregistro”, comentó Alison Parker, directora
operativa de Human Rights Watch en Estados Unidos, en comunicación con
InSight Crime.
Las autoridades de El Salvador dejan de indicar muchas veces si una
víctima de homicidio había sido deportada. La policía y los fiscales tienen recursos limitados, lo que es un gran impedimento para llevar a cabo investigaciones completas de cada caso en un país pequeño que figura como uno de los más violentos
de Latinoamérica. Además, en muchas ocasiones los familiares de las
víctimas son renuentes a contar a la policía que su ser querido fue
deportado, debido a un estigma según el cual solo se expulsa a
criminales, explicó Parker.
Por otra parte, ningún organismo estadounidense lleva un registro de
los deportados que son asesinados, anotó Parker. En el informe de HRW se
dan pocos detalles sobre los motivos de la deportación en cada caso,
aunque algunas personas fueron repatriadas por haber cometido algún
delito en Estados Unidos o por presuntos nexos con pandillas. El informe
tampoco detalla si todos los deportados habían solicitado asilo.
“No hay quién atienda esta situación”, lamentó la investigadora.
Desde 2014, decenas de miles de migrantes de los países del Triángulo
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) llegan cada año a la frontera
suroeste de Estados Unidos, según cifras de la agencia estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras. Muchos de ellos son familias y niños no acompañados que huyen de la pobreza y la violencia,
o que quieren reunirse con algún ser querido. Muchos han solicitado
asilo en Estados Unidos debido a amenazas de pandilleros, agentes de
policía o sus cónyuges o parejas.
Sin embargo, la ley migratoria estadounidense establece límites sobre
quiénes cumplen los requisitos para el asilo. Para ser considerados,
los solicitantes deben pertenecer a un grupo social particular y ser perseguidos por causa de su identidad, raza, religión o ideas políticas. Este siempre ha sido un escollo legal para quienes huyen de la violencia doméstica o la ejercida por las pandillas.
En el pasado, sin embargo, los jueces de inmigración tenían cierta libertad para considerar los pormenores de un caso, como si
los solicitantes de asilo eran chicos que habían opuesto resistencia al
reclutamiento de las pandillas o si habían sido testigos de crímenes, o
si se trataba de adolescentes amenazadas con ser violadas por
pandilleros. Y la ley de inmigración se había abierto un poco a las pretensiones de que las víctimas de violencia doméstica tenían un buen motivo para pedir asilo.
Todo eso terminó con la administración del presidente Donald Trump,
quien ha endurecido las leyes de asilo para dificultar el ingreso a
Estados Unidos a quienes aducen el temor a las pandillas o a la violencia intrafamiliar, según el informe de HRW. La administración también ha obligado a los solicitantes de asilo a esperar su citación ante un juez en ciudades peligrosas de la frontera en México, y firmó un tratado de “tercer país seguro” con
Guatemala, lo que implica que los migrantes que pasen por ese país
centroamericano tendrían que pedir asilo allí primero. Además, Estados
Unidos ha buscado cerrar acuerdos de asilo similares con El Salvador y Honduras.
En su travesía hacia Estados Unidos, los migrantes centroamericanos son blancos frecuentes
de bandas criminales. Mientras esperan que se atienda su solicitud de
asilo en México, han seguido padeciendo amenazas de violencia, y han
sido objeto de secuestro y extorsión.
Determinar si los deportados a El Salvador se vieron abocados a
mayores peligros a su regreso es difícil, pero no imposible, como señala
Parker.
“Es muy posible que estén en mayor riesgo, porque ya habían sido
señalados”, comentó. “Si huyeron y han regresado, llamarán la atención
de las pandillas, y cualquier intento de reubicarse creará una serie de
nuevos riesgos”.
