El diputado Óscar Nájera admite que Honduras es un narcoestado. Lo sabe, porque lleva tres décadas representando a una provincia prominente en el corredor de la cocaÃna. Lo sabe porque es y ha sido, en sus propias palabras, amigo de los principales capos del departamento de Colón.
Su nombre está incluido en todas las listas de sanciones
de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y corrupción pero él,
maestro de la sobrevivencia, es uno de los pocos señalados que no está preso en
Estados Unidos. Pero su carrera política acaba de llegar a su fin, con la
derrota en la elección del mes pasado. El septuagenario cacique de Colón ha
perdido su fuero.
1.
El diputado Óscar Nájera acaba de perder su primera
elección en treinta años y está furioso. Dispara veneno contra sus compañeros
del Partido Nacional; responsabiliza al presidente Juan Orlando Hernández de la
estrepitosa derrota electoral. Se le cierran tres décadas en el Congreso y
cuatro en la vida política hondureña. Apenas un día antes de la elección, me
dijo que sus números le daban bastante ventaja. Le mintieron o me mintió,
porque ni siquiera fue el candidato más votado de Partido Nacional en el departamento
de Colón, que aporta cuatro candidatos al Congreso. Y su partido perdió. ¡Una
vapuleada! Perdió la presidencia de la República de Honduras y la mayoría en el
Congreso y también las principales alcaldías del país, incluyendo la capital,
Tegucigalpa, y la ciudad más rica, San Pedro Sula. Y él, Óscar Nájera, perdió
mucho más que su curul en la Asamblea. Ha perdido, en sus propias palabras,
millones de lempiras en la campaña política. Ha perdido el poder político que
le permitía navegar entre terratenientes y narcotraficantes. Pero este hombre,
Óscar Ramón Nájera, el self made man del norte de Honduras, el septuagenario
cacique de Tocoa, cuyo nombre aparece vinculado al narcotráfico en la lista
Engels, en la lista Magnitsky, en la lista del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, en los testimonios de las cortes de Nueva York y en la lista de
sancionados por el gobierno británico, acaba de perder algo mucho más
importante: la inmunidad que acompaña por ley a los diputados. El cacique de
Tocoa está herido. Ha perdido. ¡Ha perdido! Eso nunca le había pasado. “Este es
el fin de mi carrera política”, me dice por teléfono cuatro días después de la
elección. Tiene la voz apagada. No la del perdedor, sino la de quien sufre un
dolor inesperado. Un dolor de traición. Un dolor grande. Esta historia es sobre
él. Y sobre acuerdos entre políticos y narcos y policías y terratenientes y
militares y las líneas que los separan pero que se borran en esta parte de
Honduras. Sobre cómo se hace política en una provincia controlada por el
narcotráfico. Pero es preciso, primero, hablar del río.
2.
El Aguán atraviesa la mitad septentrional de Honduras
como una cicatriz en carne viva que corre de sur a norte y de oeste a este, con
sus aguas a veces azules y a veces verdes y a veces rojo marrón, llenas de
abundantes minerales que se desbordan con las tormentas tropicales.
A su paso alimenta el valle del Aguán, una de las mayores
zonas agrícolas de América Central. Antigua plantación bananera de la United
Fruit y hoy principal cultivo de palma africana del país, la nueva planta de
oro de la que se extrae la oleína, como se le llama al aceite de palma que se
utiliza en todo el mundo para la fabricación de alimentos procesados y
cosméticos y biocombustibles. El río Aguán desemboca en el mar Caribe, junto a
la comunidad garífuna de Santa Rosa, en el departamento de Colón.
Paréntesis. El departamento se llama Colón porque, en
1502, desembarcó en estas costas el navegante genovés en su cuarto viaje. El
mar sigue igual de manso, las arenas igual de ardientes y el cielo igual de
amenazante incluso cuando está limpio. Fecunda y hermosa, la provincia podría
ser un jardín de las delicias. Pero Colón es otra cosa: una tierra gobernada
por cuatreros y narcos y latifundistas donde la historia de los últimos
cincuenta años se cuenta con nombres de cárteles: Los Licenciados, los
Ganaderos, los del Coque, los Cachiros, los Grillos… Colón es la provincia
donde se encuentran todos los males de Honduras.
Para llegar aquí desde la capital, Tegucigalpa, hay que
tomar la carretera hacia Olancho y después desviarse en una y otra y otra calle
más. Siete horas de caminos entre densa vegetación hasta alcanzar el primero de
dos retenes policiales que marcan la entrada a Tocoa, principal urbe de Colón.
La ciudad es epicentro de las dos regiones contiguas,
pero distintas, que forman la provincia: el valle de Aguán y sus palmas y
pastizales y conflictos por la tierra; y la costa garífuna, a pocos kilómetros,
un corredor principal del narcotráfico
que ingresa por aire o por vía marítima desde América del Sur y continúa su
camino por tierra hasta México.
Ubicada al sur del río, Tocoa es hogar de unas cien mil
personas, entre ellas la familia del diputado saliente Óscar Nájera. Es una
ciudad de calles polvosas que presume su inserción en el mundo globalizado con
un Wendy’s y supermercados y boutiques y un centro comercial.
Visité Tocoa en septiembre pasado y me hospedé en el San
Patricio, un hotel a tres cuadras del parque que cuenta con una pequeña
piscina, en la que chapoteaban unos niños. A su alrededor colgaban carteles que
indican que está prohibido fumar en esa área, usar cremas bronceadoras y
meterse a la piscina con armas de fuego.
La plaza central es un parque con juegos para niños –en
los que hay niños jugando–, rodeado por la iglesia y la alcaldía, con grandes
árboles que sirven de sombra a vendedores ambulantes de joyas, cinturones,
protectores de teléfonos, cargadores, ropa, fruta y agua.
–Aquí la vida es tranquila -me dijo uno de los
vendedores-. Casi siempre.
–¿Qué tan “casi”?
–A veces se pone caliente, pero hace días que está
tranquilo. Mire a los niños. Aquí es sano.
–Ahorita
–Sí, ya tiene días así.
–¿Desde cuándo?
–Desde que se fueron los señores aquellos, ya no hay
mucho por aquí. En otros barrios sí hay problemas, pero es cosa de no ir para
allá.
3.
Los señores aquellos son los hermanos Rivera Maradiaga,
jefes del llamado Cartel de los Cachiros y señores de Tocoa hasta 2015 cuando
se entregaron a la justicia estadounidense. Para entonces, según las
autoridades de ese país, el cartel controlaba el 90 % del narcotráfico aéreo en
Honduras.
Ese fue el último de los grandes cárteles en caer. Los
hermanos Rivera están presos en Nueva York, pero el cártel aún opera en Colón.
La droga sigue entrando muy oronda por la costa o aterriza entre las
plantaciones de palma.
Los pobladores de Colón llevan décadas viviendo bajo el
control de los señores de la droga o los señores de la palma. Lo normal en las
zonas controladas por el narcotráfico, en Honduras o en Guatemala o en México o
Colombia, es que las autoridades (policías, militares, alcaldes, regidores y
hasta bomberos) o no se meten con las organizaciones criminales o trabajan para
ellas. O son una organización criminal. Esto pensé cuando pasamos los dos
retenes policiales para entrar a Tocoa.
El pasado 6 de noviembre, la policía militar capturó a
seis agentes de la Dirección Policial de Investigaciones en una casa del barrio
Tamarindo de esta ciudad. Resguardaban 50 kilogramos de cocaína. Los policías,
dice la nota, días antes realizaron un operativo en la aldea costera de Limón,
a pocos kilómetros de Farallones, contra una banda de narcotraficantes a los
que les “decomisaron” la coca. Pero aquel no fue un operativo oficial sino un
tumbe para robar, no para decomisar, la droga de los narcos.
La prensa local informó que los policías detenidos son
investigados por vínculos con Los Cachiros. El cártel sigue activo.
Pregunté a varias personas en Tocoa qué pensaban de Los
Cachiros, habida cuenta de que sus confesiones en Nueva York revelan un cártel
violento que ejercía un férreo control sobre el narcotráfico.
Pocos se quejaron de ellos. No encontré a nadie que me
dijera que estaba peor cuando ellos ejercían aquí sus dominios. Como si su
ascenso y caída fuera un ciclo de la naturaleza.
El periodista Óscar Estrada, autor del libro Tierra de
Narcos, me explicó las razones:
“Regiones como Colón no tienen cabida en el capitalismo
moderno, salvo que se les inyecte un capital como el del narco. No hay otra
manera de que los jóvenes, por ejemplo, se integren en el mundo. Por eso en
Colón nadie se queja del narcotráfico. Lo único que les molesta es la
violencia, pero no el negocio”.
Los hermanos Rivera Maradiaga fueron a Tocoa lo que el
Chapo a Sinaloa, guardando todas las proporciones. Eran uno de los principales
motores económicos de la zona: Tenían plantaciones de palma, empresas
ganaderas, gasolineras, constructoras y bienes raíces. Con la inyección del
dinero del narcotráfico, producían una actividad tal que alimentaba otros
negocios como restaurantes, bares, hoteles, ventas de automóviles y tiendas de
ropa.
Justo atrás de la Megaplaza, el principal centro
comercial de Tocoa, hay un alerón de concreto inacabado. El esqueleto de un
gran proyecto hotelero que nunca pudo ser terminado. Era también propiedad
suya.
Miembros de la generación de narcos post Pablo Escobar,
que lo conocieron por las series de televisión, Los Cachiros tenían incluso un
zoológico, que visité hace algunos años, con una enorme colección de tigres
albinos y una jirafa que por las mañanas se acercaba con su cuello estirado a
desayunar en el balcón elevado de la habitación de los hermanos.
“Los Cachiros eran gente muy querida, muy respetados por
el pueblo. Llegaban a los restaurantes y pagaban la cuenta de todos”, dice el
diputado del partido Libertad y Refundación, Pablo Ramón Soto, recientemente
reelecto al Congreso. “Los patronatos pedían colaboraciones y se las daban.
Arreglaban escuelas. Todo lo que el gobierno no hace”.
Soto, uno de los cuatro diputados que representan a Colón
en el congreso nacional, es una personalidad en Tocoa. Nos reunimos en una
taquería en el centro; conversamos interrumpidos por meseros y comensales que
se acercaban a saludarlo. Él llegó en un vehículo sedan, acompañado de dos de
sus hijos y nada más.
-¿No teme por su seguridad?
-¿Por qué me pregunta eso?
-Porque no anda usted ni guardaespaldas ni camioneta
blindada ni armas. Y estamos en Tocoa.
-El que nada debe, nada teme.
-Yo me sé otro refrán: los cementerios están llenos de
valientes
- Me quisieran hacer ya me habrían hecho
Su fama le viene de antes de meterse a la política:
durante varios años llevaba el noticiero en el canal local de televisión. Le
pregunto cómo se ejerce el periodismo local en un lugar controlado por el
narco.
-Ellos (los Cachiros) no me imponían ningún límite. El
periodista se autocensura cuando el pellejo de uno está en peligro. Hasta
tiraba líneas discretas para defenderlos”.
-¿Cómo puede hablar de cariño y respeto sobre unas
personas de las que teme que, si dice algo equivocado, le puede costar la
vida?.
-Es que… Aquí, en Tocoa, que ellos fueran narcos es algo
normal. Aquí la gente decía: a nosotros no nos afecta más que para bien. Aquí
no había ningún político que no recibiera de ellos para sus campañas. Vivíamos
una ‘normalidad’, entre comillas. Andaba mucha gente armada pero no se metían
con uno… Los Cachiros no eran una organización violenta.
-¿Cómo no? Uno de los hermanos Rivera Maradiaga confesó
haber participado en el asesinato de 78 personas.
-Ellos eran violentos en sus negocios. No con el pueblo.
Después de que se hiciera público que la justicia
estadounidense los buscaba, los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga
pactaron su entrega a la DEA, antes de que alguien los asesinara para evitar
que hicieran justo lo que hicieron al llegar a suelo norteamericano: acordar
con la justicia de ese país una reducción de su pena a cambio de información y
servir de testigos en los juicios de otros acusados. Sus testimonios han
contribuido a entender cómo funcionaba (y funciona) el narcotráfico.
Sus confesiones involucran a políticos desde el nivel
local hasta tres de los últimos cuatro presidentes del país; altos mandos
militares y policiales; y los hombres más ricos de Honduras. Han aportado
información clave para la condena de Tony Hernández, hermano del aún presidente
Juan Orlando Hernández; y de Fabio Lobo, hijo del ex presidente Porfirio Lobo;
así como de los empresarios Yankel y Yani Rosenthal, miembros de la familia más
rica del país, que confesaron lavar dinero para el narcotráfico; es decir, para
ellos; y a varios oficiales policiales y militares.
Las pistas clandestinas también son lugares en los que
convergen las dos regiones de Colón: la costa caribeña y las plantaciones
alimentadas por el Aguán.
En estas plantaciones, la mayoría de ellas pertenecientes
a la familia Facussé, una de las más poderosas de Honduras, y a los
agroindustriales René Morales y Reynaldo Canales, hay desde hace varias décadas
un conflicto por la tierra entre terratenientes y campesinos que se ha vuelto
muy violento.
En estas plantaciones también, entre las palmas
africanas, se esconden pequeñas pistas de aterrizaje que son utilizadas por el
narcotráfico. Recientemente, el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, de
la revista New Yorker, sobrevoló la zona con uno de los miembros de la familia
Facussé y vio las pistas. El empresario, Miguel Facussé, admitió que los
narcotraficantes construían pistas en algunas de sus propiedades, pero negó
haberlas autorizado.
Nadie que haya leído la historia de Anderson en Colón se
habrá sorprendido de las revelaciones. Si los grandes señores del departamento
son los narcotraficantes y los terratenientes, lo extraño sería que no tuvieran
ninguna relación entre ellos. O que no establecieran, al menos, reglas claras
de convivencia para no terminar todos muertos.
En 2015, la DEA apretaba en la zona porque andaba tras
los Cachiros y tras la familia presidencial y tiraron una red tan amplia que
les permitió seguir pescando en la corte de Nueva York. En el juicio contra
Antonio “Tony” Hernández, el hermano del presidente, uno de los Cachiros reveló
que movían la droga con ayuda del diputado Óscar Nájera, quien coordinaba con
ejército y policía el traslado de retenes para facilitar el paso de la droga.
Eso fue el origen de las sanciones contra el congresista y su inclusión en
todas las listas de corruptos. Ya en la administración Trump, el secretario de
Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, designó a Óscar Nájera en la lista de
personas sancionadas. Pompeo dijo: “Nájera se involucró y benefició de
corrupción pública relacionada con la organización de narcotráfico Los
Cachiros”. Pompeo también incluyó en la lista a uno de los hijos de Nájera,
Óscar Roberto. Eso fue en 2017. Nájera ganó por amplio margen la siguiente
elección para diputado por Colón.
4.
“A mí, Pompeo me la pela”. Esa respuesta, en televisión,
le valió al diputado Óscar Nájera el más mentado de sus apodos: El diputado
Melapela. Nájera desafió al secretario de Estado norteamericano a que mostrara
pruebas de sus acusaciones. Lo más decente que le dijo fue “mentiroso”. Pompeo
había cometido un grave error al incluir en su lista de sancionados al hijo de
Nájera, quien murió ahogado en el año 2015. No había siquiera lugar a una
confusión con otro de sus hijos, porque los dos mayores ya habían muerto
también: uno asesinado en 1992 y el otro en un accidente, pocos años
después.
Nájera parece de esos jugadores de póker que redoblan su
apuesta sin importar lo que tienen en la mano. Contrario a lo que dictaría el
sentido común -y contrario a lo que hicieron todos los políticos de Honduras
cuando iniciaron los juicios en Nueva York contra narcotraficantes hondureños-,
él no se distanció de Los Cachiros ni entonces ni después, cuando apareció su
nombre en todas las demás listas. Continuó declarando que conocía a los
hermanos Rivera Maradiaga desde pequeños y que eran amigos. Y lo sigue diciendo
a quien se lo pregunte.
En agosto pasado, ya en campaña por su reelección, le
pedí una entrevista y aceptó, siempre y cuando fuera en persona. Le llamé una semana
de mediados de septiembre para decirle que estaba en Tocoa y que deseaba verlo.
“Llámeme el miércoles”, me dijo. Le recordé que el miércoles era 15 de
septiembre, justo el día de la celebración del bicentenario de la independencia
de Honduras. ¿No estaría ocupado ese día con actividades oficiales? “Mire, yo
no soy historiador. Soy promotor de inversiones”, me dijo.
El miércoles por la mañana le llamé y me dio indicaciones
incompletas para vernos: “Váyase para Trujillo y, cuando llegue, le llama a Varela.
Le voy a dar el número. Él le dará indicaciones de allí en adelante”. Varela es su jefe de seguridad personal.
Trujillo está a hora y media de Tocoa, en la costa norte
del país. El cambio del paisaje es absoluto, no solo porque se pasa en pocos
minutos de los palmares a las ensoñadoras aguas caribeñas, sino por su
población, mayoritariamente garífuna, y sus casas de madera con patios y
balcones. Trujillo fue la primera capital de Honduras y aún conserva la
fortaleza construida por los colonizadores españoles para defender su sitio de
los ataques de piratas. Aquí está enterrado el filibustero norteamericano
William Walker, quien gobernó Nicaragua en 1856. Depuesto y retornado a Estados
Unidos, intentó volver a sus tiempos de aventuras con una incursión por
Trujillo. Aquí mismo lo capturaron y fusilaron. Por su historia, su cultura, su
música y gastronomía garífunas y por su belleza natural, Trujillo podría ser
uno de los principales destinos turísticos del istmo centroamericano. Pero su
difícil acceso y la falta de interés del gobierno central la mantienen en la
decadencia de unas ruinas que casi nadie visita y que terminaron fuertemente
golpeadas por las tormentas Eta e Iota hace un año. Trujillo sigue siendo la
cabecera departamental de Colón, pero es un pueblo al que Tocoa ha robado el
protagonismo regional.
Frente a la fortaleza, acompañado por el fotoperiodista
Víctor Peña, llamamos a Varela. Nos dijo que llegáramos hasta donde termina la
carretera y siguiéramos por la calle de tierra que lleva a Santa Fe. “Camine
por allí varios kilómetros, hasta que vea a su derecha una entrada que dice
NJOI”.
Esperábamos una casa de mar, pero lo que encontramos, al
cabo de varios kilómetros por la calle de tierra, fue la entrada a un complejo
que pertenecía a otro lugar: una rotonda y arcos de concreto de varios metros
de altura, impecablemente blancos, enmarcaban la caseta de seguridad. Varela
nos esperaba justo allí. Esperamos varios minutos hasta que el personal de
seguridad de la caseta recibió autorización para nuestro ingreso, y seguimos a
Varela por una calle de cemento con un cuidado camellón en medio. Desde abajo,
al pasar junto a la primera loma, vimos a un hombre mayor en su piscina, calvo,
bien alimentado, con un vaso en la mano, viendo hacia el horizonte. Era Nájera.
Nos desviamos de la calle principal para llegar a la entrada de la casa. Abrió
la puerta un mayordomo garífuna, uniformado con pantalón y chaleco negro con
rayas doradas y un corbatín de palomita coronando su impecable camisa blanca.
Se presentó con una sonrisa muy formal y nos dio la bienvenida. Nos sentamos en
la sala, con muebles de cuero, adornada por un barco de madera y una enorme
televisión. Frente a nosotros, a través de los ventanales, vimos a aquel
septuagenario presumiéndonos todo su poder, de pie, en su piscina infinita, que
se fundía en el horizonte con el mar Caribe. “El señor los está esperando”, nos
dijo el mayordomo. En la piscina.
Lo saludamos desde la orilla y nos invitó a meternos.
Rechazamos su oferta, aclarándole que no traíamos bañadores. Eso no era un buen
argumento para el diputado. Él nadaba en ropa interior. De todos modos, nos
quedamos afuera. Le pedimos permiso para tomar fotos y aceptó, “pero no me
vayas a sacar en calzoncillos”.
De no haber sido por el broche prendado a su chaleco
nunca habríamos sabido el nombre del mayordomo, porque Nájera le llamaba
simplemente “mi negro” y le estiraba la mano cuando su vaso, de vino y hielo,
se iba vaciando, lo cual sucedía cada pocos minutos. Eran las diez de la
mañana.
-Pregunte lo que quiera, por donde quiera, no me va a
agarrar.
-¿Agarrar? ¿Usted cree que yo he venido aquí a
preguntarle si usted es narcotraficante?
-Es lo que preguntan todos.
-Yo ya sé qué me responderá si le hago esa pregunta.
¿Para qué se la hago?
-¿Y entonces qué me quiere preguntar?
-¿Cómo se hace política en una región controlada por el
narco?
-Mire, lleguemos de una vez. Los Cachiros son mis amigos.
Hoy todo mundo los niega, pero todos hacían negocios con ellos. Yo no los
niego. Somos amigos.
-¿Cómo se hicieron amigos?
-¡Mi relación con Los Cachiros es pijuda! Antes todos
andaban de perros falderos con ellos. Ahora nadie los conoce. Yo sí. Somos amigos
desde que eran niños. Su papá era mi amigo. El que diga ahora que no era amigo
de Los Cachiros es un cobarde. Yo era y sigo siendo amigo de ellos. Y se lo
digo. Total: tengo más de 70 años, no me pueden extraditar jajaja. Yo les deseo
lo mejor. Les aconsejé desde temprano que se entregaran. Uno no escoge a la
familia, pero sí a los amigos. Si mi amigo es ladrón yo no lo voy a ir a
señalar.
-Ellos sí lo señalaron a usted. Dijeron en una corte
federal de Nueva York que usted movía los retenes policiales y militares para
que ellos pasaran la droga.
-¿Pero qué quería que dijeran si están haciendo un trato
allá para salvar el pellejo? A mí me metieron a esa lista las oenegés. Cuando
se fueron, la mayoría de los candidatos se quedaron sin dinero.
-¿Y usted?
-Yo financié a la mayoría de los diputados del Partido
Nacional del primer periodo de Juan Orlando Hernández. Con él, no. Con él no me
llevo muy bien.
-¿Con el presidente?
-Sí, con él.
-¿Por qué?
-No, no, no. De eso hablamos otro día. Pero él y yo pensamos
distinto. Yo invierto en dos cosas: en negocios y en lo social. Yo regalo mucho
dinero.
-¿Y de dónde lo saca?
-Pues mire, yo he tenido muchos negocios. Era el mayor
proveedor de carne de Honduras y ahora ando metido en proyectos de tierras.
Calculo que gano unos $60 millones de lempiras al año. ¡Y he perdido muchísimo!
Nájera fue electo diputado por primera vez en 1990. Para
entonces, ya llevaba diez años en puestos gubernamentales. Hijo de una familia
de campesinos radicados en el Aguán, su estilo campechano y su sentido del
humor le fueron abriendo paso. Es casi una caricatura de los políticos de estas
regiones: pícaro, dicharachero, siempre con un chiste a la mano para responder
a cualquier pregunta. Nájera es el alma de la fiesta y el centro de atención.
Aprobó programas para la reforma agraria y terminó convirtiéndose en
terrateniente, en esta zona que sirve desde hace cinco décadas de puente entre
Colombia y México para los grandes carteles del narcotráfico.
El 2 de agosto de 2018, Nájera se convirtió en el primer
hondureño señalado en la llamada Lista Engels, que prevé sanciones para
centroamericanos señalados por el Congreso de Estados Unidos como corruptos o
vinculados a actividades criminales. También está en la lista de sancionados
por la Ley Magnitsky del Tesoro de Estados Unidos y hasta en una del Reino
Unido. Pero en Colón ganó diez elecciones al hilo. Hasta esta.
Óscar Estrada, el periodista autor de Tierra de Narcos,
sostiene que Nájera es uno de los políticos hondureños más importantes de la
segunda mitad del Siglo XX y de lo que va del XXI. “Ha logrado reinventarse y
se reconstruye a través de su relación con los militares, terratenientes y
narcotraficantes. Es el señor feudal del departamento de Colón y lo sigue
siendo”.
-¿Es usted el cacique de Colón, como lo llaman algunos?
-Yo no soy ningún cacique. Soy amigo del pueblo.
Nájera comenzó su carrera política en 1974. Tres años
antes, el presidente estadounidense, Richard Nixon, declaraba el inicio de una
“guerra contra las drogas” que medio siglo después no parece haber ganado
muchas batallas. Esta guerra implicó no solo la prohibición de las drogas sino
asistencia militar e incluso presencia de militares y agentes estadounidenses
en los países productores o de tránsito. En 1973, Nixon fundó la Agencia de
Combate a las Drogas, o DEA, que encabezó su guerra.
Honduras se incorporó al corredor del narcotráfico justo
entonces, sirviendo de puente desde Colombia hasta Estados Unidos. El primer
caso que mereció portadas de periódicos, y que reveló las dimensiones del
narcotráfico en Honduras, fue el secuestro por agentes policiales de los
esposos Mario y Mary Ferrari, empresarios y socios de militares, en diciembre
de 1977. Sus cuerpos fueron encontrados meses después y los exámenes forenses
determinaron que fueron asesinados a tubazos. Investigaciones posteriores, consignadas
en el libro de Estrada, determinaron que su asesinato fue planificado en las
oficinas de la inteligencia militar por el narcotraficante Roberto Matta
Ballesteros, socio del colombiano Pablo Escobar. El matrimonio Ferrari era
parte de la operación de Matta, junto con altos mandos militares hondureños.
Matta cayó preso algunos años después, tras participar en
el asesinato del agente estadounidense Enrique González Camarena en México. Aún
guarda prisión en Estados Unidos. Escobar terminó muerto en los techos de
Medellín, huyendo de una unidad élite compuesta por agentes militares y
policiales colombianos y agentes de la DEA. Pero la droga siguió pasando de
Colombia a Honduras y de Honduras a México y de México a Estados Unidos. Y los
agentes de la DEA y los militares mantuvieron su presencia en Honduras y los
gobiernos estadounidenses mantuvieron su apoyo a los gobiernos hondureños para
que les ayudaran a combatir a los sandinistas de Nicaragua y los militares
hondureños seguían pasando droga. Y lo siguen haciendo medio siglo después,
como ha quedado demostrado en los juicios de Nueva York.
-¿Qué piensa usted de la guerra contra el narcotráfico?
(Nájera se ríe. Su bigote cano se levanta. Arquea las
cejas y luego las frunce. Mantiene la sonrisa. Señas inequívocas del sarcasmo.
Responde con otra pregunta)
-¿Conoce usted a algún capo gringo que esté preso?
-¿Es Honduras un narcoestado?
-¡Sí, hombre! Lo que está a la vista ni se pregunta.
Miro a mi alrededor. Lo único que parece incorruptible
aquí es el mar que se pierde en el horizonte. Lo demás, esta piscina y esta
casa y este diputado cacique y este mayordomo garífuna y Varela y lo de aquí
para la izquierda y para la derecha y para atrás, es Honduras. Eso que está a
la vista y no se pregunta.
Ya llevábamos más de media hora de conversación, y varios
vasos de vino con hielo vaciados por el diputado y rellenados por el mayordomo,
cuando Óscar Nájera me hizo saber que me había investigado. Le pregunté de
dónde sacaba la información sobre mí, que era parcialmente cierta.
- Tengo quién me cuente cosas en El Salvador y en
Honduras. Solo en Tocoa tengo mil teléfonos.
-¿Y qué le dicen por esos mil teléfonos?
-Todo me cuentan. Ayer me enviaron la foto de un tipo al
que le cortaron el pene. Había violado a un niño de cuatro años. Les dije que
por qué no le quitaban la (cabeza) de arriba.
-¿Y qué le respondieron?
-Me dijeron que ya lo habían matado. Más tarde le enseño
los mensajes que están en otro teléfono.
Nájera nunca me enseñó esos mensajes y no pude confirmar
que lo que me decía era cierto. No lo sé. Pero yo me pregunté, y me sigo
preguntando, por qué el diputado Óscar Nájera, que se tomó la molestia de
investigarme, decidió contarme algo así; por qué un político que se dice
representante del pueblo, amigo del pueblo, un hombre de origen humilde y
campesino, tomó deliberadamente la decisión de recibirme en su piscina en una
residencial exclusiva, con vista al mar caribe, bebiendo desde las diez de la
mañana, con un agente de seguridad en la sala que en la cintura lleva visible
una nueve milímetros, y con un mayordomo garífuna uniformado llenándole el vaso
de vino cada diez minutos. ¿Qué imagen pretendía darme?
“Me recordó al señor Candie y a Stephen, su mayordomo
negro”, me dirá después Víctor Peña. Se refería a los personajes de la película
Django, interpretados por Leonardo Di Caprio y Samuel L. Jackson.
5.
Hace siete años, Nájera propuso una ley para prohibir la
portación de armas en el departamento de Colón, que fue aprobada por mayoría
simple en el Congreso.
Para entonces, en el Bajo Aguán había una pequeña guerra
civil entre campesinos pobres que pretendían tomarse y defender con armas la
ocupación de tierras productivas y los grandes productores de palma que
evitaban la usurpación de sus tierras con un ejército de guardias privados. El
conflicto había dejado ya medio centenar de muertos en ambos bandos.
Prohibir la portación de armas no parece una mala idea
allí donde hay sociedades violentas, pero solo 66 de los 122 congresistas
hondureños la aprobó. Suficiente para que entrara en vigor. Aquellos que se
negaron dijeron que las leyes solo desarman a los legales porque los criminales
siempre consiguen armas.
En el Bajo Aguán, la ley volvió delincuentes a los
campesinos que portaran armas y permitió su detención, pero no a los cientos de
elementos de seguridad privada que custodiaban las plantaciones de tres
terratenientes: Facussé, René Morales y Reynaldo Canales. La ley tampoco
desarmó a los narcotraficantes que de todos modos ya vivían en la ilegalidad.
La ley sigue vigente, también las armas. Con una tasa de
56 homicidios por cada 100,000 habitantes, Tocoa duplica el promedio nacional y
es más violenta que ciudades consideradas las más peligrosas de Centroamérica,
como San Pedro Sula o La Ceiba.
A Esly Banegas la capturaron en 2005 por usurpación de
tierras. Era entonces líder de la Coordinadora de Organizaciones Populares del
Aguán, COPA, que reúne a las organizaciones de campesinos, y denunciaba
activamente asesinatos de campesinos organizados. Solo estuvo detenida un día
porque cientos de campesinos cerraron carreteras demandando su liberación. Un año
después asesinaron al presidente del Movimiento Unificado de Campesinos del
Aguán, José Ángel Flores. Cuatro hombres armados entraron a su casa, en Tocoa,
y lo acribillaron.
“Desde 2011, hay más de 110 campesinos asesinados y 126
con medidas cautelares a su favor dictadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos”, dice Banegas. “Pero de poco importa que tengan medidas
cautelares. Al papá de mi hijo lo asesinaron con medidas, apenas unos meses
después de que mi hijo fuera asesinado”.
Banegas llegó al Aguán en 1982 como promotora social del
estado hondureño y desde entonces ha acompañado la lucha de los campesinos
contra los grandes terratenientes. Labora en una pequeña oficina en una zona
rural a las afueras de Tocoa, en las instalaciones locales del Instituto
Nacional Agrario, rodeada completamente de palmas africanas. Se llega allí por
veredas de tierra y se sale por un botadero de basura. Allí, con mucha
paciencia, me explicó medio siglo de historia de las tierras del Bajo Aguán,
desde el intento fallido de una reforma agraria en los años setentas.
Cuando ella llegó, en plena guerra fría, el ejército
controlaba todo en Honduras y comenzaron las desapariciones de campesinos en el
Aguán. “Eran dueños de las tierras, y con esta persecución se les presiona para
que las vendan”, dice. Es un círculo vicioso que arrincona y mantiene en la
pobreza al campesino y termina vendiendo sus tierras a los grandes
latifundistas.
“Estamos ante una red de corrupción que se protege con
militares y policías, que hoy van ampliando su explotación con proyectos de
minería”, dice. “Tenemos que luchar por la tierra y luchar contra la minería.
Es el mismo enemigo común. Vivimos en una zona militarizada, rodeados de
policías y de un ejército de seguridad privada”.
Le pregunto por el papel del diputado Óscar Nájera en la
reforma agraria, que él presume de haber contribuido a crear al inicio de su
carrera política. Banegas, que raras veces se ríe, se ríe. “El también tiene
varias hectáreas de palma por aquí”.
Nájera admite ser productor de aceite de palma,
propietario de la empresa Aceydesa que ha dejado en manos de una de sus hijas.
“Pero jamás, jamás he sido socio de Facussé como me quieren endilgar. En nada”.
6.
Cuando Banegas habla de la minería, se refiere otro largo
conflicto social en Colón, que ha provocado informes de varias instituciones de
las Naciones Unidas, de organizaciones internacionales de derechos humanos y de
protección ambiental así como de reportes de prensa, todos en defensa de grupos
de campesinos y defensores ambientales.
Se trata de una concesión para la explotación de una mina
de hierro en el sector Guapinol, en las afueras de Tocoa, otorgada a una
empresa de Lenir Pérez y su esposa, Isabel Facussé, hija de Miguel Facussé, el
hombre que administra las fincas de palma de la familia.
Al menos 32 campesinos opuestos al proyecto minero de
Guapinol han sido criminalizados, seis asesinados y ocho permanecen en prisión.
El terreno a explotar se encuentra en el parque nacional
Carlos Escaleras, que lleva irónicamente ese nombre en homenaje a uno de los
campesinos asesinados en el conflicto de tierras de palma africana.
Y como en esta provincia de Colón se toman la mano la
política, el narcotráfico y el acaparamiento de tierras y recursos naturales,
los tres se han encontrado también en la mina de Guapinol.
Entre los defensores del proyecto minero se encuentra el
alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, del partido LIBRE. Fúnez también fue mencionado
por los Cachiros en los juicios de Nueva York, en la misma audiencia en la que
confesaron su relación con Óscar Nájera. Confesaron que le pagaban a cambio de
“favores”.
Intenté por varias vías hablar con el alcalde antes,
durante y después de pasar por su ciudad, pero nunca devolvió ni llamadas ni
mensajes.
Pero hay un vídeo de 2016, en el que fue grabado hablando
con los pobladores de San Pedro Guapinol. “Esas concesiones (mineras) aquí, en
el sector San Pedro, eran de Javier Rivera Maradiaga. No creo que ustedes,
siendo amigos de Javier Rivera, no se dieran cuenta de esas concesiones”.
El alcalde es acompañado en la mesa por varias personas,
entre ellas José Ángel y Efraín Rivera Maradiaga, hermanos de los dos capos
presos en Estados Unidos. Al momento del vídeo, los Cachiros tenían un año de
haberse entregado y aún no rendían sus explosivos testimonios. Efraín Rivera
Maradiaga sería detenido dos años después, en Tocoa, acusado de lavado de
dinero.
Pero aquel día, el alcalde confesó su amistad con los
Cachiros, intentando que eso ayudara a la comunidad a desmontar su oposición al
proyecto minero. “Esa concesión que tiene EMCO (la empresa del matrimonio
Pérez-Facussé) era de Javier Rivera, amigo de ustedes y amigo mío”. No le
alcanzó para convencer a la comunidad, que sigue en pie de guerra contra la
minera.
Fúnez fue reelecto alcalde de Tocoa en 2017, cuando ya
los Cachiros habían testificado que le pagaban a cambio de “favores”. También
ganó las recientes elecciones, porque él pertenece a LIBRE, el mismo partido de
la presidenta electa, Xiomara Castro.
7.
Las elecciones generales del pasado 28 de noviembre
labraron una derrota histórica para el gobernante Partido Nacional hondureño. A
pesar de que el presidente Juan Orlando Hernández, de ese mismo partido, no
tuvo escrúpulos en volcar a todo el aparato de estado para favorecer a Nasry Asfura,
el candidato nacionalista que perdió la presidencia ante la opositora Xiomara
Castro, por más de 20 puntos. Pero no fue todo: el Partido Nacional perdió la
tercera parte de sus curules en el Congreso y la mayoría de las alcaldías del
país.
A falta del conteo por residuos, todo apunta a que las
cuatro diputaciones que corresponden al departamento de Colón quedarán también
en manos del partido Libertad y Refundación, de la nueva presidenta electa.
Llamé por teléfono al diputado Nájera cuatro días después
de las elecciones, cuando ya parecía claro que no volvería al Congreso el
próximo año. Estaba en Tegucigalpa.
-¿No me dijo que la tenía ganada?
-Esto fue una carnicería: alteración de actas, compra de
votos…
-¿Quién le hizo trampa?
-Mi propio partido, hombre. Mi propio partido. Me
vendieron, me usaron… ¡Abusaron de mi buena fe! La que quedó en primer lugar de
mi partido sacó más votos que el candidato presidencial. No, hombre.
-Pero todos los de su partido quedaron debajo de los
cuatro de LIBRE. Y no solo perdieron en Colón. Su partido ha recibido una
tremenda paliza en todo el país.
-Pues claro, fue un masivo voto de castigo. Fue la
avaricia, la ignorancia… Perdimos los liderazgos en los 17 departamentos.
-¿Por qué cree usted que los castigaron?
-Por los actos de corrupción de Juan Orlando Hernández,
por la impunidad en todos esos casos de corrupción.
-¿No teme usted que ahora que ha perdido la inmunidad
parlamentaria le vayan a abrir juicios?
-¿Por qué me van a abrir juicios?
-Por toda la información que ha dado pie a su inclusión
en aquellas listas.
-No hay nada de eso. No hay nada. No hay un solo caso en
mi contra. Mi mejor juez es mi conciencia y la tengo tranquila.
-¿Entonces se retira de la política?
-Sí. Eso he pensado. Este es el fin de mi carrera
política. Ya con mi edad…
-¿Y qué piensa hacer?
-Mañana me voy para Dubai.
*Una Guerra Adictiva es un proyecto de periodismo
colaborativo y transfronterizo sobre las paradojas que han dejado 50 años de
política de drogas en América Latina, del Centro Latinoamericano de
Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, Ponte Jornalismo (Brasil),
Cerosetenta y Verdad Abierta (Colombia), El Faro (El Salvador), El Universal y
Quinto Elemento Lab (México), IDL-Reporteros (Perú), Miami Herald / El Nuevo
Herald (Estados Unidos) y Organized Crime and Corruption Reporting Project
(OCCRP)