En días recientes se dio a conocer el contenido de uno de los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco de las filtraciones de lo que se ha llamado Guacamaya Leaks, relativo a la existencia de una “narcotiendita” por cada escuela en varias zonas de la Ciudad de México, y en colonias como la Morelos y la Guerrero, en el centro de la ciudad, hasta 1.3 “narcotiendas” por cada plantel escolar.
La cuestión no sólo genera una preocupación mayor, sino
que, además, constituye un escándalo por el ominoso silencio de las
autoridades, en todos los niveles, con respecto a que, sabiendo lo que ocurre,
teniendo claros los modus operandi e incluso a los probables responsables de la
operación de este negocio que lastima y pone en un riesgo enorme a las niñas y
los niños, pareciera que la cuestión es simplemente “tener los datos” y es
esperar “que alguien más se encargue”.
De acuerdo con la mayoría de las leyes, normas y
reglamentos para el expendio de bebidas alcohólicas, en prácticamente todo el
país se prohíbe que haya cantinas, bares o tiendas dedicadas a la venta de
bebidas alcohólicas a distancias que van de los 100 a los 400 metros respecto
de cada uno de los planteles escolares de educación básica y media superior.
Esas normas por supuesto que no se cumplen, y es de una
relevancia suprema porque constituye una violación flagrante, en todo el
territorio nacional, de los artículos 3º y 4º de la Constitución en lo que
respecta a los derechos de la niñez.
Adicionalmente, es preciso comprender que, de acuerdo con
la literatura especializada, tanto el consumo y el abuso del alcohol y tabaco
son precursores del consumo de otras sustancias adictivas. Y eso tiene que ver
con múltiples factores, pero uno de los que en mayor medida resultan
determinantes en el crecimiento del uso de sustancias adictivas es precisamente
el de la disponibilidad.
En efecto, en la medida en que las drogas se acercan más
a las escuelas se incrementa la probabilidad de que las niñas, niños y
adolescentes con mayor proclividad al consumo tengan acceso a ellas y se
inicien o profundicen las condiciones de adicción en que, lamentablemente,
muchas y muchos de ellos ya se encuentran.
El confinamiento obligado de la pandemia llevó a que
cientos de miles de niñas, niños y adolescentes no pudieran terminar el ciclo
escolar en que estaban inscritos, pero, igualmente, cientos de miles de ellas y
ellos no pudieron regresar a sus escuelas debido al empobrecimiento de sus
familias, lo que los llevó a incorporarse al mercado laboral o simplemente a no
tener otra opción más que mantenerse en sus hogares realizando, en el mejor de
los casos, trabajo doméstico no remunerado.
Todo lo anterior ocurre en un país con un sistema de
salud fracturado y desbordado en sus capacidades, sobre todo en las áreas de
prevención y atención de la salud mental. Porque justamente el problema del
crecimiento en las adicciones tiene como uno de sus factores más relevantes la
depresión, el ser víctimas de violencia o el vivir sin oportunidades de
bienestar mínimo.
Las escuelas mexicanas deben constituirse como auténticas
anclas de círculos de protección que permitan garantizar que las niñas y los
niños estarán protegidos contra toda forma de maltrato, abuso y violencia; y
vaya que estar expuestos a la venta y disponibilidad de drogas constituye un
marco de desprotección mayor ante esos fenómenos.
Por ello es que resulta a todas luces limitada la visión
que esta administración ha privilegiado respecto de la educación y la relación
que ha planteado con la comunidad tanto escolar como la que se encuentra en los
entornos. Preocupantemente, lo que se percibe es que este rubro entrará en la
numeralia, si no de los fracasos, sí de los enormes pendientes que habrán de
heredarse a la próxima administración.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/narcotiendas-escuelas-adicciones/1547802
