El 13 de abril de 2022, unos militares capturaron a Ramón, de 24 años. El joven estuvo detenido ocho meses en Mariona, pese a que no tenÃa tatuajes de pandillas, no tenÃa antecedentes penales y no estaba perfilado como pandillero o colaborador. Este es uno de los 20 casos de capturas arbitrarias que la PolicÃa investigó en los primeros 41 dÃas del régimen de excepción, según documentos internos de la institución, a los cuales El Faro tuvo acceso gracias a la filtración Guacamaya Leaks.
Por la falta de transporte, cuando Ramón tenía que
trabajar temprano en la librería se iba para la casa de su hermana desde un día
antes. La hermana vive en Monteliz de Los Planes de Renderos, una colonia por
la que pasan dos rutas de buses y microbuses. El 12 de abril de 2022, en pleno
régimen de excepción, Ramón llegó a la casa de su hermana, donde se quedó a
dormir. Los soldados lo capturaron al siguiente día porque les pareció
sospechoso que la dirección de su DUI (caserío El Bajillo) no coincidía con el
lugar donde estaba (colonia Monteliz). "Vos huyendo andás", le dijo
un soldado. "Allá te fuimos a buscar y no te encontramos", le
repitió.
Ramón explicó que estaba en casa de su hermana porque en
su caserío hay un precario servicio de transporte, que los pickups eran escasos
y que a esa hora, las seis de la mañana, se dirigía a trabajar. Él mostró una
carta de trabajo, pero uno de los soldados la rompió. "Esto no te sirve
para nada", recuerda Ramón que le dijeron. El joven, padre de un niño, fue
capturado por el delito de agrupaciones ilícitas y, al siguiente día, remitido
al penal de Mariona junto a otras 30 personas, a quienes nunca había visto en
su vida.
El padre de Ramón, de igual nombre, dijo que su hijo no
pertenece a ninguna pandilla, que la captura le parecía injusta y pidió a las
autoridades de seguridad pública su liberación, según declaraciones que recogió
radio YSUCA. El jardinero aseguró que su hijo no era un vago porque tenía una
carta de trabajo y un documento del Seguro Social donde constaba que era
empleado de la librería. "Lo vio por última vez el miércoles en las
bartolinas de Panchimalco y a pesar de las pruebas de error de su captura, fue
enviado al penal La Esperanza conocido como Mariona", consigna uno de los
documentos de la Unidad de Control Metropolitana que data del 23 de abril de
2022, diez días después de la captura.
La información sobre la captura de Ramón está contenida
en dos correos electrónicos que datan del 7 de mayo de 2022. El primer correo
electrónico fue remitido por la Unidad de Control hacia la Unidad de Control
Metropolitana 41 días después de aprobado el régimen de excepción y tiene como
asunto la siguiente frase: "Enviando posibles detenciones arbitrarias bajo
el régimen de excepción Decreto N° 333". El correo tiene anexado un
documento Word titulado: "Detenciones bajo régimen de excepción DR San
Salvador', en cual se exponen 20 casos de supuestas detenciones arbitrarias, en
su mayoría recopilados por la Policía porque se volvieron virales en redes
sociales.
Esto significa que durante los primeros 41 días del
régimen de excepción, la Unidad de Control Metropolitana de la Policía
registró, en promedio, una denuncia de captura arbitraria cada dos días. El de
Ramón es uno de los 20 casos que está enumerado en este archivo. "Tomar
nota de las nuevas que han surgido", reza parte del mensaje que está
escrito en el cuerpo del correo interno y que no está firmado por ningún
oficial.
El 7 de mayo de 2022, cuando la Unidad de Control envió
el caso, los oficiales de esa oficina ya habían avanzado en la investigación
del caso de Ramón: habían solicitado documentos a la delegación policial de San
Marcos y habían entrevistado a los supuestos agentes captores. Ese mismo día,
el 7 de mayo, la Unidad de Control Metropolitana envió un segundo correo a la
Unidad de Control de Análisis. En ese segundo mail están anexos nueve documentos
Word que corresponden a diligencias preliminares de investigación y una
presentación Power Point, con el resumen de cada caso.
En la mayoría, seis de nueve, los investigadores
consideraron que las capturas fueron legales. Entre estas se encuentra la de
Wilber Alexánder Rivera Avendaño, el trabajador de una fábrica de colchones que
fue detenido en la colonia Dolores, acusado de colaborar con una pandilla. El
caso se volvió viral en redes sociales porque su madre denunció en El Diario de
Hoy que los policías le dijeron que lo detenían "por ser oreja". Otro
de los casos en la presentación es el de Fausto Eliseo Benítez Rodríguez,
becario de la Fundación Forever, que estudiaba quinto año de la licenciatura en
inglés y que fue capturado en Panchimalco el 21 de abril de 2022. El presidente
de la fundación, Alejandro Gutman, abogó en un programa de radio a favor del
joven, pero el informe policial dice que la captura fue legal.
En el documento Power Point, el caso de Ramón está
consignado después de una lámina con el siguiente título: "Casos en los
que al parecer hubo abuso de autoridad". El de Ramón es el único en que la
Unidad de Control Metropolitana dice con contundencia que el detenido pudo
haber sido víctima de privación de libertad o captura ilegal. La Policía sabía
que la captura era ilegal desde el 23 de abril de 2022, pero Ramón fue enviado
al penal de Mariona y salió bajo libertad condicional hasta el 1 de diciembre
de 2022. "Ya llegando ahí (Mariona) fue que estaban los custodios a los lados,
así lado y lado. Y dijeron que al que levantara la cabeza le iban a dar, y
agachado sólo me alcanzaron a pegar con el garrote en la costilla y un puntón
con la bota. Cuando entré a la celda estaban unos todos tatuados, hasta verdes
se miraban, yo sí sentí miedo porque nunca había estado con personas así. Los
de las pandillas tenían los catres y a los civiles nos tocaba dormir bajo los
catres".
Durante los ochos meses que estuvo en Mariona, Ramón se
contagió de hongos y atestiguó muertes. "En la celda de a la par
fallecieron varias personas. A veces, en la noche, como a las seis, gritaban
los demás presos que pedían ayuda y nunca llegaba… allá al rato, decían que ya
había fallecido y lo sacaban en camilla ya tapado con una sábana blanca. Cuando
estuve en el sector seis sacaron como a tres en camilla y trapo blanco; cuando
estuve en el (sector) tres sacaron como a dos".
La tarde del lunes 10 y la mañana del 11 de abril de
2023, El Faro intentó obtener una versión del Ministerio de Justicia y
Seguridad y de la Policía Nacional Civil (PNC) por medio de llamadas telefónicas
a los encargados de prensa de esas instituciones, por textos de mensajería
electrónica y por las cuentas oficiales de redes sociales, pero hasta el cierre
de esta nota no se obtuvo respuesta.
Los militares no quieren identificarse
La captura de Ramón fue hecha por militares, pero durante
el procedimiento las autoridades de la delegación policial en San Marcos
endilgaron el papeleo de la detención a dos agentes que no participaron en el
procedimiento y que no tenían la mínima idea de cómo o por qué Ramón estaba
detenido: la cabo Martínez y el agente Zúniga.
Según los documentos, el 13 de abril de 2022, a las 08:00
de la mañana, la cabo Martínez y el agente Zúniga estaban en la formación
general de la delegación de San Marcos cuando un inspector de indicativo
Cristian los sacó de la fila y les dijo que hicieran la remisión de unos
detenidos.
Según el relato oficial, la cabo Martínez preguntó si la
Policía acompañó a los soldados al momento del arresto, pero le respondieron
que la detención la habían hecho sólo los militares. A las 12:41 llegó un
camión militar con unos detenidos y el inspector Cristian le dijo:
"recíbalos, es una orden". En el camión militar estaba Ramón y cinco
personas más: Erika Ester Orellana Torres, Aníbal Alexander Hernández Torres,
Irving Gilberto Vásquez Hernández, Edwin Dagoberto Pérez Sánchez y William
David Gutierrez Ortiz, capturados por agrupaciones ilícitas, según la copia de
la novedad 4346438.
Los documentos a los que El Faro ha tenido acceso hasta
el momento no aclaran si todos fueron capturados el mismo día o en el mismo
lugar.
La cabo Martínez preguntó quién era el encargado de la
comisión y uno de los militares le respondió, según los documentos, que
"para qué quería saber su nombre y que no se lo iba a dar porque no era
necesario". La cabo Martínez insistió en que era necesario saber quién
estuvo a cargo de las detenciones para poner esa información en el acta de
remisión, un documento que valida la detención, y que "si no, no recibía
el procedimiento".
Un oficial de la Policía de San Marcos, mencionado solo
con el indicativo de Comisionado Palestino, intervino para convencer a los
militares que no podían ocultar esa información porque era necesaria para
continuar con el procedimiento. Entonces, un militar se limitó a identificarse
como "el coronel Utila" y delegó a dos soldados como responsables del
acta de remisión. La cabo Martínez preguntó a los soldados si sabían de dónde
traían a los detenidos y "si eran objetivos claros", pero ellos
respondieron que no sabían.
En una entrevista que brindó a la Unidad de Control
Metropolitana el 25 de abril de 2022, la cabo Martínez aclaró que la Policía
solo remitió a los detenidos, pero que el procedimiento de detención estuvo a
cargo de la Fuerza Armada. ¿Por qué capturaron a Ramón? Ella dijo que
desconocía los motivos de la detención y lo único que sabía es que "los
soldados dijeron que eran pandilleros".
El dicho de los soldados contrasta con el perfil policial
de Ramón. Esta era la información que la Policía tenía sobre el detenido:
"Alias: Chele. Estructura delincuencial: ninguna. Programa: ninguno.
Nivel: ninguno. Detención realizada por agrupaciones ilícitas. Antecedentes
policiales y delincuenciales: ninguno". En la hoja de chequeo clínico está
consignado lo siguiente: "no tiene golpes ni posee tatuajes".
La Unidad de Control Metropolitana encontró indicios de
una privación de libertad o una detención arbitraria en contra de Ramón y por
esa razón mandó el caso a la Fiscalía de San Marcos. La tarde del 10 de abril
de 2023, El Faro llamó a la Unidad de Protocolo del Ministerio de Defensa para
solicitar una versión oficial sobre este caso. El coronel Hernández proporcionó
un correo electrónico para hacerle llegar la solicitud por escrito, solicitud
que se envió esa misma tarde. Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de
Defensa aún no había dado una respuesta oficial a la petición de información.
Además de remitir el caso a la Fiscalía, la Unidad de
Control Metropolitana recomendó a la jefatura de la delegación de San Marcos
que coordine con las jefaturas militares para "que se elabore por parte
del personal militar, el acta respectiva de aprehensión o privación de libertad
en flagrancia, según el protocolo de actuación policial y militar en la
aplicación del referido decreto (régimen de excepción)".
El de Ramón es uno de las cientos de denuncias contra el
régimen de excepción. Organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch (HRW)
han elaborado informes que documentan detenciones arbitrarias masivas, torturas
y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas
y, al menos, 114 muertes de personas que estaban bajo custodia del Estado.
Algunos de estos abusos han sido admitidos por investigaciones internas de la
Policía, como en el caso de Ramón y del albañil José Alfredo Grande Martínez,
otra víctima de una captura arbitraria.
Libre otra víctima del régimen tras un año de prisión
El albañil José Alfredo Grande Martínez, capturado
arbitrariamente por la Policía el cinco de abril de 2022, en la comunidad
Emanuel de Santa Ana, recuperó su libertad condicional después de casi un año
de permanecer en diferentes centros penales por el supuesto delito de colaborar
con una pandilla.
El pasado 13 de marzo de 2023, casi un año después de la
captura, el Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana realizó una
audiencia especial de revisión de medidas y lo liberó bajo tres condiciones:
presentarse al juzgado a firmar una vez cada mes, fijar un lugar de residencia
y no salir del país sin autorización judicial.
El pasado 15 de febrero de 2023, El Faro publicó un
reportaje sobre la captura arbitraria de Grande Martínez, consignada en una
investigación interna de la Unidad de Control de la Policía. Este periódico
tuvo acceso a esa información gracias a la filtración de miles de documentos
oficiales en poder de la organización de transparencia DDoSecrets, que los
recibió de un grupo de hackers que se autodenomina Guacamaya.
La Unidad de Control de la Policía corroboró que los
agentes captores de Grande Martínez consignaron información falsa en el acta de
detención, omitieron datos importantes sobre cómo sucedieron los hechos y
usaron una fuente "no calificada" para acusar y capturar al albañil
por colaborar con una pandilla. "La captura se debe a que este sujeto
escondía a los pandilleros en su casa cuando la policía patrullaba la zona él
junto a seis pandilleros estaba siendo investigado tras varias denuncias
ciudadanas (sic)", escribió el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro,
en su cuenta de Twitter, el 10 de abril de 2022.
Sin embargo, la investigación interna de la Policía
consigna que los agentes utilizaron información falsa e imprecisa en los
documentos para justificar la detención del albañil. En el proceso judicial
tampoco hay evidencia robusta sobre la supuestas actividades ilícitas de Grande
Martínez, tanto que el juzgado le concedió libertad condicional y los fiscales
ni se presentaron a la audiencia. "La Fiscalía no compareció a la
audiencia", dijo una fuente judicial, quien confirmó que el albañil
recuperó su libertad cuatro días después de la audiencia, el viernes 17 de
marzo de 2023.
https://elfaro.net/es/202304/el_salvador/26800/policia-pidio-investigar-a-militares-del-estado-mayor-por-detencion-ilegal-de-un-joven-en-el-regimen